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Año XIV - Edición 259 19 de noviembre de 2015

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Representaciones sobre el control de la actividad estatal

  • Notas

El 28 de agosto el Instituto de Derecho Público de la Asociación de Docentes de la Facultad (IDPADD) llevó a cabo el V Encuentro del Ciclo de Debates "Dr. Omar Dalmazzo”, en la Sala Vélez Sarsfield.

Para empezar, Andrés Ascárate explicó la temática en torno a las sanciones administrativas y las facultades implícitas e inherentes. Por su parte, Ignacio Bence Pieres se cuestionó acerca de si la orden de intervención es un verdadero límite al poder fiscalizador. Asimismo, Federico Campolieti se refirió al control jerárquico en el ejercicio de las competencias administrativas. En este contexto explicó que la avocación ha sido regulada como regla general en la ley 19.549 (es procedente salvo que una norma expresa la prohíba) mientras que se proyecta como excepcional en el Decreto Nº 1759/72 (es procedente siempre que la competencia atribuida al órgano inferior no sea específica).

Además, Pablo S. Carducci se enfocó en las tensiones entre la división de poderes y tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta el rol del juez en procesos complejos. Adicionalmente, Darío G. Ciminelli abordó el tema de la regulación económica y la globalización, añadiendo que la globalización tiene como uno de sus principales efectos el de interrelacionar a todos los integrantes de la economía mundial, por lo que, dado este hecho incontrovertible, cabe preguntarse por los efectos legales en el orden interno, y en particular económicos en un país. A su turno, Martín Cormick comentó las relaciones entre el Estado y la economía. La ponencia de Pedro Etcheverrigaray abordó el tema del ambiente y la tutela judicial efectiva y su presentación estuvo dirigida en torno a impulsar un debate jurídico acerca de las diferentes herramientas y estrategias que permiten tutelar el ambiente y los recursos naturales como bien jurídico. Roberto Oscar Furnari explicó que el nuevo régimen de subrogancias, instituido por la ley 27.145, necesita cuanto menos de un debate lógico y razonable, que debe tener por único objeto satisfacer las necesidades del colectivo social, entendido este como el derecho de la ciudadanía a una respuesta judicial efectiva y en tiempo oportuno. Guillermo M. Ferraioli Karamanian se propuso estudiar el acceso a la información pública en el ámbito de la actividad comercial o industrial el Estado Nacional. Por otra parte, Juan Manuel Gattó Bicain hizo referencia al régimen jurídico de las sociedades del Estado y Gonzalo S. Kodelia tomó en cuenta la legitimación como freno de mano en la división de poderes. Walter Lara Correa se cuestionó acerca de si el amparo se trata de un remedio judicial efectivo, mientras que Macarena Marra Giménez se dedicó al control judicial en procesos complejos desde el meridiano de la legitimación activa. Conjuntamente, Diego Freedman y Lisandro Sandoval relataron la experiencia en el Consejo de la Magistratura de la Nación respecto a la progresiva utilización de videoconferencias en juicios penales complejos (lesa humanidad, narcotráfico, trata de personas). Juan Antonio Stupengo explicó el solve et repete en materia de comercio interior. Enrique M. Alonso Regueira se preguntó si la discrecionalidad administrativa sigue siendo un instituto relevante en el mundo jurídico contemporáneo o, si por el contrario, su presencia ha quedado desvirtuada, y finalmente, Leonardo Toia destacó la dimensión histórica de la promoción industrial.