Repensar la justicia en clave feminista: un debate desde la universidad

• Notas

El 27 de octubre el Programa de Género y Derecho junto a la Red de Profesoras de la Facultad organizaron la presentación de la obra Repensar la justicia en clave feminista: un debate desde la Universidad, coordinado por Marisa Herrera y Natalia de la Torre.

Las palabras de apertura estuvieron en manos de Valeria Thus y Natalia de la Torre.“La Universidad de Buenos Aires ha cumplido doscientos años, tiene gran relevancia en el escenario universitario de América Latina y es la más grande del país (...). Es pública, no arancelada, cogobernada por los distintos claustros por profesores, graduados y estudiantes. En este marco, es interesante poner de relieve que en los doscientos años que tiene la historia de nuestra universidad, y solo para mencionar a las máximas autoridades, ninguna rectora mujer ha formado parte de nuestra casa de estudios y en la actualidad el Consejo Superior cuenta solo con tres decanas, no hay profesoras titulares, pero sí hay un total de cuatro de nueve consejeros graduados y estudiantes”, introdujo Valeria Thus. En esta línea, agregó que “lo propio, y es algo que señalan tanto Marisa como Natalia en la presentación del libro, le ha ocurrido a la Facultad. Si bien este diagnóstico nos puede preocupar, creo que estamos en un momento muy importante donde todas estas cuestiones están puestas en discusión y podemos repensar la universidad en clave de género”.

Asimismo, analizó: “Los feminismos jurídicos se han complejizado y entonces no solo pasa por denunciar las situaciones de violencia y discriminaciones, sino que se exigen mayores cuotas de igualdad material y transformación del derecho, de las instituciones educativas y, como proponen las autoras, también de la justicia. Se busca incidir sobre la situación estructural sobre la que se asientan las violencias patriarcales, es decir, incorporar criterios de justicia social”. Y concluyó: “Felicitaciones a las autoras porque, como ellas mismas señalan en el libro, nos proponen mover y desarmar cimientos y estructuras tan rígidas en que las opresiones, las desigualdades y las discriminaciones siguen tan presentes”, concluyó.

Por su parte, Natalia de la Torre expresó: “Tenemos el segundo libro de la Red (...). Nos lo propusimos como objetivo allá por junio y julio de este año y acá tenemos el libro y la gran colaboración de las 38 autoras que han participado”.
Luego realizó una breve descripción de la Red de Profesoras de la Facultad y destacó: “La constituimos para que el conocimiento, la transmisión de ideas la formación profesional y docente, la investigación, las actividades de extensión y toda la amplia gama de funciones que le caben hoy a las universidades y, en especial, a las universidades nacionales se animen a deconstruirse y a reconstruirse en clave de igualdad y no discriminación por motivos de género”.

Seguidamente, comentó por qué se decidió hacer el segundo libro: “La excusa o la oportunidad fue justamente repensar qué podíamos hacer como iniciativa en estos doscientos años de la UBA (...) y uno de los objetivos de este libro es indagar qué implica, qué significa, qué pretende, qué interpela, cómo y a quiénes incomoda hablar, pensar y discutir una reforma judicial feminista” y también “empezar a participar de un debate que está en la agenda pública y darle cuantía a qué se piensa cuando se levanta la consigna de por qué una reforma judicial feminista”.

Leticia Vita presentó el capítulo que escribió junto con la profesora Laura Clérico, titulado “Justicia con perspectiva de género: mandato constitucional”. Detalló: “Nuestro trabajo arranca allá por agosto de 1994 cuando entró en vigencia la última reforma constitucional de Argentina”. Y resaltó: “Este proceso constituyente ponía a Argentina ante los ojos del mundo por otros motivos: era la primera vez que un país daba rango constitucional a la CEDAW incluso contamos con la presencia de una delegación del Comité CEDAW en la convención constituyente durante las sesiones y, en segundo lugar, como producto de la sanción de la ley de cuotas de 1991 que hizo que por primera vez en nuestra historia constitucional y de manera pionera en la región, casi un tercio de la convención constituyente se compusiera de representantes mujeres”.

Además, comentó: “Nos detenemos en una de las herramientas incorporadas por la Constitución en 1994: la recomendación general 33 del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas relativa al acceso de las mujeres a la justicia. La tomamos como llave y como lógica, como una caja de herramientas. Entendemos que ese contenido debería ser de consulta cotidiana de cualquier operador u operadora judicial y ser uno de los ejes de cualquier reforma judicial que se precie de incorporar una perspectiva de género como mandato constitucional”.

Lucía Montenegro se refirió al artículo que realizó para la obra junto con Gisela Santangelo y Sofía Lanzilotta. “Este artículo fue producto de un trabajo colaborativo en el que nuestras voces se mezclaron completamente con lo cual esta presentación es también de ellas (...). Habla sobre enseñanza del derecho a partir de la Ley Micaela que vino a mover el avispero porque la realidad es que su implementación para todos los poderes del Estado y su adopción por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en particular nos pone a quienes damos clase en las universidades en un lugar no solamente de capacitarnos como docentes en cuestiones relativas a perspectiva de género, sino también en incluir dentro de nuestras materias perspectivas de género con enfoque transversal”, contó y sumó: “Nos ocupamos de explicar los efectos negativos de la ausencia de perspectiva de género en el sistema de justicia para remarcar la importancia de incluirla en la Facultad de Derecho y en todas las facultades en general. Si tomamos a las personas que ocupan los cargos más altos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y en particular en el Poder Judicial notamos que la mayoría son egresades de la Facultad de Derecho con lo cual comenzar por el principio es incluir perspectiva feminista dentro de la enseñanza de cada una de las materias”.

Gabriela Boquín manifestó: “Las escucho hablar y veo cuánto le falta al derecho comercial para estar a la altura de las circunstancias. En el derecho comercial se debate, se trata y se estudia el poder económico que le es tan ajeno a la mujer; el poder económico desde ese lugar donde la mujer es sometida. Capaz que con una violencia que parece mucho más silenciosa”. En este marco, aseveró que “la violencia patrimonial y económica que sufren las mujeres en la actualidad es casi idéntica a la que se vive desde siempre y no hay muchos campos ganados en este terreno”. Y expresó: “Por eso decidí colaborar con un capítulo que hablara de la perspectiva de género en la normativa y los procesos comerciales (...). La situación de la mujer frente a la normativa y los procesos comerciales es absolutamente desigualitaria”. También, contó que trató de abordar este tema para dar soluciones para una posible ley que discrimine positivamente donde el mercado económico discrimina y produce desigualdades. Las otras temáticas que trata en su artículo están vinculadas con los créditos de género en el marco concursal y cómo lograr que las mujeres ocupen lugares de poder en las corporaciones y las ONG.

Victoria Flores Beltrán expuso: “Junto con Rocío Hernández escribimos un artículo sobre un fenómeno extendido en el servicio de justicia y en los trabajos en general como es la violencia y el acoso en el trabajo que permanece desatendido e invisibilizado a pesar de los enormes esfuerzos que las colectivas feministas al interior del Poder Judicial y de los ministerios públicos tanto nacionales como provinciales vienen llevando adelante y los avances que han tenido lugar”.

Por otro lado, planteó: “No es posible pensar en una reforma judicial feminista y mucho menos llevarla adelante si no garantizamos el trabajo decente y libre de violencias para quienes allí trabajan y en todos los escalafones del Poder Judicial porque no es un fenómeno que afecte a trabajadores y trabajadoras. Ya hemos visto a magistradas, funcionarios y funcionarias sufrir este tipo de hechos”. Y concluyó: “Una reforma judicial feminista debería intentar transformar de raíz la administración de justicia en todas sus formas en su modo de organización, en los vínculos con las personas sobre cuya vida decide, resuelve y analiza el Poder Judicial. En suma, una reforma judicial feminista debería ser efectiva para todas, para todos y para todes”.

Ana Clara Piechestein detallo, en cuanto a su artículo, que “viene a poner de relieve la relevancia de los feminismos como movimiento en general en la promoción de cambios, sobre todo en materia de avance de derechos y en particular en este caso de la cuestión de la reforma feminista de la Justicia”. “Me posiciono desde mi formación criminológica en la cuestión de los pedidos y los reclamos en torno a la justicia por casos de femicidios. Tomo dos casos porque es una investigación que estoy trabajando también con otras compañeras de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de José C. Paz tratando de identificar dentro de los movimientos feministas cuáles son concretamente estos pedidos, demandas e interpelaciones a la Justicia cuando suceden casos como estos de violencia extrema por motivos de género”, desarrolló. Los casos que toma son el caso de Úrsula Bahillo y el de Micaela García como dos situaciones en las que está muy presente la figura y la actuación o la omisión de actuación de los operadores.
Finalmente, Marisa Herrera expresó: “No hablamos de perspectiva de género, hablamos de feminismo. Hablamos de una reforma judicial feminista y le decimos a las cosas por su nombre porque la perspectiva de género quedó cómoda y nosotras queremos venir a incomodar”.

Más adelante, sostuvo que “la justicia feminista no implica nada más el Poder Judicial, también está el rol de las universidades, los colegios de abogados, la sociedad civil, los sindicatos y los consejos de la magistratura, entre los más importantes en este juego sistémico”.

Sobre el Poder Judicial, aseveró que es “conservador, patriarcal, elitista, privilegiado, cuasi vitalicio, jerárquico, escritural, corporativo, oscuro discrecional y clerical y algo de esto todavía sigue habiendo en las universidades”. En este marco, subrayó: “Queremos ir a un Poder Judicial que sea distinto: feminista, igualitario, transparente, con publicidad, rendición de cuentas, oralidad, temporalidad, renovación y oxigenación, que sea laico y sororo”. Y agregó: “El Poder Judicial por algo es el que menos confianza genera en la sociedad de los tres poderes del Estado por lo cual es una obligación, desde la universidad, tener que ir generando debates para decir qué justicia nos merecemos”.