Presentación del libro Planes Nacionales en Derechos Humanos

• Notas

El 17 de junio se realizó la presentación del libro Planes Nacionales en Derechos Humanos, compilado por Victoria Kandel, Laura Gottero y Verónica Jaramillo.

Participaron Enrique Azúa (licenciado en Educación y profesor de Historia por la Universidad de Santiago de Chile, especialista en Educación en Derechos Humanos), Remo Carlotto (embajador, representante especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina), Victoria Kandel (docente del Departamento de Desarrollo Docente de la Facultad) y Julissa Mantilla Falcón (comisionada, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020-2023). Moderó Laura Pautassi (CONICET-DSPP, UBA).

Por su parte, Julissa Mantilla Falcón destacó el valor del libro en cuanto fuente bibliográfica para la docencia, pero también para la investigación. Luego se refirió a las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Quería recordar cómo la Comisión, siendo un órgano principal de la OEA, es decir, que fue creado antes de la Convención Americana, antes que se estableciera el mismo sistema interamericano en el artículo 106 de la Carta de la OEA, ya se establece la necesidad de tener una comisión cuyas funciones serían reguladas por una convención en particular”, explicó y agregó que “en ese artículo y luego posteriormente en la Convención Americana, se establece como principal actividad o función la promoción, observancia y también la defensa de los derechos humanos. Es decir, que la Comisión, al momento de desarrollar esas actividades, es que inicia una serie de acciones que nosotros denominamos de monitoreo. Y en ese monitoreo creo que el trabajo en políticas públicas y el aporte de esta obra es fundamental”.

En este marco, aludió a un informe que elaboró la Comisión Interamericana en el año 2018 titulado Políticas Públicas y Derechos Humanos. “El aporte de este informe, más allá de ser un estado, la cuestión de revisar lo que se tenía, de hacer una labor de comparación, también es establecer algo que parecería como esencial, pero que no todo el mundo tiene presente. Cómo la política pública debe llevar un enfoque de derechos humanos y para eso la propia Comisión establece con algunos principios básicos, el esencial el principio de igualdad y no discriminación”, postuló. Por otro lado, destacó que otro de esos principios es la participación social diferenciada. “Imagino que ustedes también lo conocen a Roberto Saba, gran amigo, cuando él habla de esta situación de la igualdad sociológica. Es decir, cómo más allá de la igualdad formal que está en la norma, identificamos ciertos grupos que no participan, por ejemplo, en el diseño de una política pública, y que para que lo hagan es necesario dar medidas específicas para su participación”. El tercer elemento que la Comisión menciona en el informe es la posibilidad de tener mecanismos de reclamo y de acceso a la justicia. Adicionalmente, otro principio que establece es el de la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Y por último, la inclusión de la perspectiva de género y de diversidad.

En relación con el libro, remarcó que “me parece fundamental esa referencia que se hace al COVID en la obra, porque si bien esta obra fue pensada evidentemente desde antes, poder incluir desde ya es un disclosure muy importante para el lector, para la lectora, o sea, saber hacia dónde está y cuál es el punto de partida y qué cosa está pensando. Y también me parece fundamental y novedoso y lo agradezco mucho, la referencia al lenguaje inclusivo, es decir, explicando cómo se le entiende, qué es lo que significa y el compromiso que existe de los autores, las autoras para el lenguaje inclusivo. Allí ya hay un aporte más allá del contenido”.

Asimismo, valoró la obra por la inclusión de trabajos desde diferentes perspectivas. “Es muy importante tener diferentes planes de diferentes estados, pero además diferentes perspectivas al momento de elaborarlas”, subrayó. Y destacó el abordaje de los diversos temas incluidos en el libro: educación, migración, participación de la sociedad civil, relación entre derechos humanos y desarrollo. Finalmente, retomó una idea planteada por Laura Pautassi en la presentación de la obra:“Creo además algo que dice Laura en la presentación es que sin derechos humanos no hay políticas públicas. Y eso que es esencial pareciera que no todo el mundo lo entiende. Pareciera que las políticas públicas deben responder a situaciones o a políticas más amplias, cuando la esencia misma es la garantía de los derechos humanos. Y en esta línea, el tema de la pandemia creo que ha permitido que podamos entender esa dimensión”.

A su turno, Enrique Azúa destacó que la obra “tiene un mérito muy interesante que es una mirada que no solamente refiere a los instrumentos normativos que articulan estos planes, sino que es una mirada contextualizada. Están los problemas de los derechos humanos y el contexto histórico en el que se desarrollan estos planes y las dificultades que tienen estos planes en esos contextos históricos”. Y sumó que “por lo tanto, es una mirada viva sobre los planes nacionales de derechos humanos. Es una mirada contextualizada y en ese sentido me parece muy valioso, porque hay algunas cosas que pueden entenderse solamente desde esa perspectiva”.

Luego se refirió al Plan Nacional de Derechos Humanos de Chile 2018-2022: “Es el primero, pero tiene como antecedentes una serie de otras instancias que tuvo Chile desde la década de los 90, inmediatamente que salió de la dictadura, en relación con articular una idea de lo que podría ser una política de derechos humanos en el país. Iniciado el proceso de transición desde la dictadura al primer gobierno de Patricio Aylwin, el primer gobierno de la Transición, se crea una comisión que es la Comisión Rettig y esa comisión tenía la misión, era una comisión de verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura”. En ese sentido, indicó que “esa comisión hace una primera reflexión sobre los derechos humanos en Chile y llega a una conclusión y digamos bastante amplia, pero en términos bastante simples. Las graves violaciones cometidas durante la dictadura no son solo responsabilidad de quienes las cometieron directamente, sino que son responsabilidad de también de quienes las permitieron. Y señala entonces como gran responsabilidad de los crímenes cometidos durante la dictadura, la ausencia de una cultura de derechos humanos”.

En relación con lo anterior, manifestó que “aquí tenemos un problema, y este problema es que no hay una cultura de derecho humano y a renglón seguido entonces propone la creación de una institucionalidad de los derechos humanos, propone acciones de educación en derechos humanos. Propone una serie de reformas tendientes a la transformación de esa cultura que había permitido entonces la violación a los derechos humanos. Y aquí hay un tema que es importante, porque una de las premisas básicas de este Plan Nacional de Derechos Humanos es que sea una política pública estatal”.

Una segunda premisa básica de este primer Plan Nacional de Derecho Humano es que sea un proceso participativo. “Y la verdad es que tampoco lo logra plenamente. Hay algunas razones que explican esto. Uno podría decir que digamos que se contó con muy poco tiempo, unos seis meses para la definición de este primer plan, al mismo tiempo que se estaba elaborando el plan. La institución que tenía que implementarlo se estaba constituyendo a sí misma”, enfatizó y explicó que “de fondo hay dos elementos que son claves me parece en los procesos participativos, una que haya un Estado que facilite, que promueve, que incentive la participación. Y por otro lado, una sociedad civil organizada, empoderada e interesada en hacerlo. Yo diría que en este caso no encontramos ninguno de los dos elementos con mucha claridad”.

El tercer elemento que remarcó otra premisa básica del Plan Nacional es su base en estándares de derechos. “Cuando estamos hablando de estándares nos estamos refiriendo al conjunto de compromisos que el Estado tiene con relación a un derecho humano en función de algún tema en particular. Digo esto porque le son aplicables a Chile hoy día, diciembre del año pasado, 250 instrumentos internacionales”, comentó. “Cuando estamos hablando de estándares, estamos hablando de los compromisos que surgen de esos 250 instrumentos. No es un instrumento en particular, no es una norma o una recomendación, sino que es un conjunto de compromisos. Y ese es un conjunto de compromisos que se vienen desarrollando durante 70 años. Es un proceso, una construcción histórica. Y es un conjunto que ha surgido con base en distintos intereses, movilizaciones, presiones, activismo a nivel internacional y en distintos contextos históricos”, aseguró.

A modo de conclusión, planteó que “ese conjunto de compromisos es un conjunto desarticulado de compromisos y que, por lo tanto, el estándar es la construcción articulada de ese compromiso. Necesitamos un foco para mirar esos compromisos y poder de esa manera tratar de entender qué surge de aquello. Eso no es algo que ocurrió en la construcción de este plan. Hay una idea de basarse en estos estándares, pero se toman un conjunto de referencias y compromisos también, sin poder tomar en cuenta, con una intencionalidad y con una mirada articulada”.

Remo Carlotto comentósu trabajo incluido en el libro dedicado al estudio del funcionamiento de los derechos humanos en el Estado federal argentino. “Este análisis lo hago primero realizando una revisión histórica. Digo esto porque nosotros hemos tenido procesos de avances y retrocesos en materia de derechos humanos que han llevado a que esta agenda sea una agenda activa, viva y dinámica dentro de la vida política argentina, dentro de su vida institucional. Entonces esto se fue expresando en distintos instrumentos que el Estado argentino fue llevando adelante tanto de las acciones de gobierno como de la generación de estructuras de carácter permanente”, aseveró.

Seguidamente, se expresó que “la implementación del Primer Plan Nacional de Derechos Humanos durante la gestión del presidente Mauricio Macri, desde mi perspectiva, está llevado adelante desde una mirada de carácter centralista, no desde una mirada que contemple la diversidad de la realidad federal y la diversidad de conflictividad que se presenta”. Y añadió que “la mirada que planteo es una mirada de carácter crítico de que el desarrollo de los planes nacionales no debe ser un cumplimiento de carácter formal, no deben buscar cumplir con recomendaciones, sino que la carnadura real del desarrollo de los planes con el compromiso que deben tener los gobiernos con la garantía de políticas públicas en materia de derechos humanos”.

Más adelante, compartió algunas reflexiones sobre el funcionamiento del sistema federal: “Observamos allí la disparidad de criterios, la contradicción legislativa, la yuxtaposición legislativa en materia de derechos humanos y las falencias y las carencias que existen teniendo en cuenta la fuerte autonomía que cada una de las provincias tienen en nuestro sistema federal, ya que son preexistentes a la conformación del Estado nacional. Y esto le da una característica de una enorme fortaleza en la determinación de sus políticas públicas. Sumado lo cual durante la reforma de 1994 se transfirieron muchas responsabilidades del ejercicio de políticas públicas del Estado nacional a los estados provinciales”.

Por último, puntualizó sobre cuáles son los desafíos para pensar el desarrollo y la continuidad de un Plan Nacional de Derechos Humanos en la Argentina. “Uno que debe contemplar una mirada sobre esta diversidad de realidades del funcionamiento de un sistema federal. Segundo, que debe quedar absolutamente claro lo que nos marca el artículo 28 de la Convención. Esta clave fundamental sobre el funcionamiento de los estados federales, de la tensión que existe entre las responsabilidades de la provincia y la responsabilidad del Estado federal ante la comunidad internacional y cómo esto debe articularse en el desarrollo de un plan para que todos los habitantes en el territorio nacional gocen y tengan disfrute en la garantía de sus derechos”, remarcó. Y agregó que “la mirada de los derechos humanos debe ser inter poderes para convertirla efectivamente una en una política de Estado pública. (...) Por otro lado, debe ser de carácter interministerial. Debemos mirar en las estructuras del Estado que los derechos humanos deben estar atravesando cada una de las políticas públicas y cada una de ellas debe hacerse en clave de derechos humanos”.

Para finalizar, señaló la necesidad de incorporar una mirada de carácter interprovincial para un estado federal. “La acción debe contemplar el intercambio de experiencias y el acompañamiento del desarrollo de las políticas públicas comparadas entre cada una de las provincias, porque no es que existen buenas y correctas políticas públicas solamente en el desarrollo de las políticas nacionales y que las provincias van detrás de este camino, sino que existen muy buenas y excelentes experiencias de desarrollo de políticas públicas por parte cada una de las provincias. Y esto debe ser parte de un intercambio, de un fortalecimiento de lo que denominamos o lo que denomino un sistema federal de derechos humanos”, concluyó.

Por último, Victoria Kandel explicó cómo se gestó el libro y las inquietudes que dieron lugar a la obra: “Nos interesaba ver un poco qué había en el medio que hay en la brecha del medio entre lo que enuncia el plan y la realidad concreta. Si van por los mismos carriles y van por carriles distintos, cuál es el aporte del plan. Entonces ahí empezamos a pensar un poco en cómo analizar desde una perspectiva crítica, porque estamos en la universidad y porque nos interesa tener una distancia crítica respecto a este objeto de estudio”.

En ese marco, recuperaron las experiencias internacionales e investigaron el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos argentino. “A nivel internacional, lo que nosotras vimos es que es una política pública. Esto de los planes nacionales en derechos humanos son una política pública que está recomendada originalmente en la Conferencia de Viena en 1993 y que es una herramienta que se recomienda sobre todo para la promoción y la protección de derechos humanos, con una perspectiva a largo plazo que además sea inter ministerial, interseccional, que sea abarcadora, que no esté sujeta a las pendulaciones, a los cambios de gobierno, una perspectiva a mediano o mediano a largo plazo”, afirmó. Con respecto al trabajo con manuales creados por el sistema internacional para instar a los países a elaborar sus planes nacionales indicó que “según estos manuales, los planes sirven para transversalizar perspectivas, para operar en el mediano y largo plazo. Como dije, para generar indicadores, hacer diagnósticos, es decir, medir necesidades, para poder medir impactos, para institucionalizar una perspectiva”.

Adicionalmente, explicó que un aspecto que consideran pendiente es la participación de la sociedad civil en los Planes Nacionales. “Es algo en lo que habla especialmente el capítulo de Chile de nuestro libro, que es la importancia de generar a la hora de planificar este plan nacional, esta herramienta, lo importante que significa hacer partícipe a la sociedad civil y sobre todo a las personas que van a ser los destinatarios de esas políticas públicas. La participación de la sociedad civil en la construcción de esta herramienta es un punto fundamental que no siempre ha estado presente, como lo vimos después, cuando trabajábamos con los casos concretos de los diferentes países a los que les fuimos a preguntar”, enfatizó. Y se refirió en algunas experiencias concretas los planes nacionales en derechos humanos generaron la confección de planes específicos.

Ya avanzada la investigación, se propusieron consultar a colegas de otros países. “Fuimos preguntándoles cómo era la experiencia, cuáles eran las dificultades, cuáles eran los logros de esos planes nacionales en los países de la región. Y por otro lado, nos fuimos pensando también qué pasó con la Argentina”, señaló. En este caso, sostuvo que “queríamos ver, por un lado, cuáles eran las tensiones entre el discurso del plan, lo que dice el plan, lo que anuncia el plan y la realidad concreta”. Por otro lado, manifestó que les interesaba pensar “cuáles son las condiciones de posibilidad para trabajar sobre otro plan para configurar otro plan. Y, entonces, otro plan con otras características, teniendo en cuenta la experiencia actual, pero avanzando un poco hacia una con una confección un poco más sincronizada entre el discurso y la política pública concreta”.

Luego comentó brevemente los diez capítulos sobre América Latina y los cinco sobre Argentina que componen el libro y agradeció a los autores y las autoras de los artículos.