Presentación del libro Criminalización de la Política - Charla con Alberto Beraldi y Ricardo Gil Lavedra

• Notas

Los días 9 y 16 de junio se llevó adelante la presentación del libro Criminalización de la Política, de Martín Haissiner y Marcos Aldazabal.

El 9 de julio en el primer encuentro se mantuvo un intercambio con Alberto Beraldi. Para comenzar, el expositor destacó cómo los autores han estructurado la obra. “Como hacemos generalmente cuando se investiga un tema desde lo general hacia lo particular, empezamos con el desarrollo que han tenido ciertos pensamientos y la evolución histórica de las cosas que después vamos a tratar en particular y ustedes lo han hecho justamente desde las dos vertientes. Cuando se habla de judicialización de la política hay dos vertientes necesarias que hay que considerar y una es el rol del derecho constitucional a lo largo del tiempo y la otra, particularmente por lo que el tema tiene como título, el derecho penal”, desarrolló y compartió: “Me pareció interesante esta visión sintética que han hecho del derecho constitucional, trayéndonos a consideración algunos antecedentes remotos, haciendo hincapié en la importancia que ha tenido el constitucionalismo liberal en esas ideas, fuerzas que hoy son las que sostienen nuestro sistema democrático: la división de poderes, el sistema de frenos y contrapesos y esta idea que tiene mucha incidencia por todo lo que vemos después de que el poder constituido no debe sobrepasar al poder constituyente”.

Por el otro lado, detalló: “El segundo prisma con el que ustedes abordan esta cuestión desde lo general es también una evolución en las ideas del pensamiento penal de una manera lineal, pero ilustrativa sobre esto que ustedes llaman visión sintética y que uno también la puede calificar como un corsi e ricorsi: una idea de un movimiento penal de corte inquisitivo que se fue desarrollando a partir de la Constitución de los Estados Nacionales, de la influencia que ha tenido la Iglesia en el mundo occidental y frente a estos desbordes la reacción de la Ilustración con el derecho penal liberal,los delitos y las penas y como todo esto ha sido central a la hora de fundar y analizar las cosas que nos están pasando en este momento”.

Luego señaló que el libro analiza lo que está sucediendo en Argentina no solamente desde lo que significa la judicialización de la política, sino desde la criminalización de la política. “En este sentido, creo que hacen un aporte muy interesante cuando dividen el análisis desde lo que sería el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal, haciendo consideraciones que yo he visto en mi actividad profesional que se daban con bastante realismo”, sostuvo.

En el marco de la faz procesal, Beraldi expuso que “hay cuestiones que tienen que ver con la manera en la que hoy se acusa, incumpliendo de una manera bastante grosera la condición de que esas imputaciones sean claras, precisas y circunstanciadas, como dice la ley procesal y exige el derecho de la defensa en juicio”.

A modo de conclusión, expresó que “desde esas ideas generales y desde estas situaciones particulares que vemos en la Argentina creo que ustedes hacen una buena reflexión sobre las consecuencias disvaliosas que esto tiene para la vida democrática, que tienen que ver con ciertos puntos en particular, como por ejemplo el desinterés que esto le genera a las personas que no tienen una actividad política profesional o continua de ingresar a la gestión pública porque sabe que eso será una situación de debilidad que colocará a esa persona en una situación de imputable por cualquier cosa y que quien llega a la función pública, cuando tenga que gestionar, esté siempre con esa espada de Damocles sobre su cabeza”. Hacia el final, planteó que “no está controvertido que cuando hablamos de la judicialización de la política o la criminalización de la política nos encontramos con que esto no es un fenómeno ni reciente ni autóctono. A esta judicialización se llega por distintas vías: desde abajo o desde arriba. A veces son denuncias que se generan en organizaciones sociales o bien se las impone desde arriba desde ciertos sectores políticos o económicos. En definitiva, de lo que se trata es de que los jueces salden discusiones que tienen más que ver con la política que con lo tribunalicio”.

Por su parte, Marcos Aldazabal comentó que “por un lado, casi todo lo que hace un funcionario público se lo señala como delito o se sospecha de él, pero, por otro lado, se le piden respuestas constantemente: queremos que el Estado nos provea salud, educación, vivienda digna, transporte y, al mismo tiempo, perseguimos a cualquier persona con técnicas muy intrusivas y casi presumiendo la culpabilidad, lo cual lleva a una paralización y a un desincentivo muy grande”.

En cuanto a cómo salir de la criminalización de la política, sostuvo que “no es una cuestión unilateral con una sola solución. Por un lado, tiene que haber un compromiso político o un consenso entre los actores políticos de que hay que dejar de llevar las discusiones a los tribunales y que las cuestiones públicas se tienen que debatir en los ámbitos correspondientes como son el Legislativo o el Ejecutivo y que el que está en frente puede pesar distinto, pero no necesariamente es un corrupto o un delincuente”.

Asimismo, enfatizó que “el Estado tiene que tener una política criminal clara. Lo que pasa muchas veces en estas situaciones no es solo que la ley se aplica mal en muchos casos, sino que en algunos se aplica y en otros no con lo cual eso genera una pérdida de confianza o una sensación de parcialidad”.

El 6 de junio tuvo lugar una charla con Ricardo Gil Lavedra. “Los felicito por la iniciativa y la manera en la que lo han encarado. La judicialización y la criminalización de la política es un tema que se encuentra en la agenda no solamente de Argentina y de la región, sino que se discute en otras partes del mundo occidental”, comenzó diciendo Gil Lavedra y manifestó: “Ustedes lo han encarado con mucha seriedad, con buenos argumentos y, sobre todo, han eludido la simplificación política, es decir, han tratado de hacerlo desde un punto de vista neutro e imparcial, evitando las tentaciones que puede tener el tema para poder sacar partido de un sector o del otro”.

Seguidamente, se refirió a la propuesta de los autores, la hipótesis de la que parten y cómo la desarrollan: “Su hipótesis inicial es que ha habido un incremento notable de la participación de los jueces, llegando a tomar decisiones que no les corresponden, sino que son decisiones que pertenecen al ámbito de la política y que esto se ha trasladado a la esfera judicial con una agravante de que esta judicialización ha dado lugar a una criminalización de la política a través de la persecución de funcionarios públicos y esto se ha hecho dejando de lado algunos principios fundamentales de nuestro constitucionalismo y también de nuestro derecho penal liberal”. Y señaló que “los autores parten del nacimiento del constitucionalismo con sus principios básicos: tratar de limitar el poder de los gobiernos, hacer de la ley el instrumento por excelencia, dividir los poderes del estado, separar también sus funciones, cómo se instauró el control de constitucionalidad en sus orígenes”.

Por otro lado, expuso que “en la otra vertiente del río está el derecho penal liberal y su nacimiento en la Ilustración cuando se pasa de objeto a sujeto activo del proceso, las posibilidades de un juicio justo, del debido proceso y las garantías. En las últimas décadas del siglo XX fueron alteradas por una suerte de inflación y expansión del derecho penal que cada vez atrapó mayores conductas y apareció también la posibilidad de un derecho penal diferente de dos velocidades, como dice Silva Sánchez, o el derecho penal del enemigo de Jakobs, en el cual aparece siempre en función de la criminalidad compleja, del terrorismo, del narcotráfico, el dejar de lado alguno de los principios fundamentales del derecho penal liberal”.

Asimismo, aseveró que “los autores dicen que esta judicialización de la política y esta criminalización lo que traen es un muy fuerte desincentivo para la actividad estatal en momentos en los cuales es necesario que el Estado cuente con todos sus recursos para superar múltiples problemas. Trae un inmovilismo de los funcionarios que prefieren no hacer a hacer porque pueden ser sometidos a un proceso penal”. Y, a su vez, esto trae aparejado la pérdida de confianza de la gente en las instituciones.

También mencionó que una de las soluciones planteadas por los autores es que no exista la múltiple acusación y que la acción penal pública sea ejercida por el Ministerio Público y que el estado no multiplique los acusadores y, además, buscar mecanismos para desincentivar esta promoción indiscriminada que hay de recurrir a la justicia penal de modo permanente, que el derecho penal pueda ser verdaderamente el último recurso y que muchas de estas cuestiones queden dentro del derecho administrativo sancionador.

Más tarde, comentó que algunos de los aspectos que tratan, sobre todo aquellos respecto a la judicialización de la política, pueden dar lugar a algún tipo de controversia. Dentro de este marco, se refirió al problema de la última palabra: “Tienen razón Martín y Marcos acerca de que luego de la segunda guerra mundial con la aparición constante de derechos en las cartas magnas y cuando se materializa un sentido de la democracia más sustantivo, esto necesariamente trajo a escena un nuevo actor que es la Justicia (...) y que también los poderes políticos comenzaran a mirar con otros ojos el tema de los jueces, pero lo que creo que puede dar lugar a controversias es que esto no sé si supone un debilitamiento de la democracia”. Hacia el final, el orador reflexionó: “Gran parte de las soluciones están dentro del propio sistema. Una democracia constitucional ofrece defensas, instrumentos y remedios que permiten encontrar soluciones porque la confianza no es en las personas, es en los procedimientos que garantizan los juicios justos. En consecuencia, es dentro del propio sistema donde pueden buscarse soluciones que están más allá de las normas, ya que el sistema trae soluciones también para los malos jueces”.