Presentación de la Guía de acceso a la Justicia

• Notas

El deficitario acceso a la Justicia por parte de los llamados sectores vulnerables de la sociedad implica el desconocimiento de los más básicos derechos y garantías individuales. Con el objetivo de revertir esta situación, la asociación civil Unidos por la Justicia ha encarado diversos proyectos en coordinación con otros actores de la sociedad. El más destacado de ellos se ha plasmado en la “Guía de acceso a la Justicia”, cuya presentación se realizó el pasado 8 de julio en el Salón Verde de la Facultad de Derecho. El evento contó con la presencia de Christoph Korneli (representante de la Fundación Konrad Adenauer para la Argentina), Gustavo Ferrari (presidente de Unidos por la Justicia), Fernanda Rodríguez (titular de la Oficina de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires), Santiago Otamendi (Juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Stella Maris Martínez (Defensora General de la Nación) y Daniel Sabsay (Profesor Titular de Derecho Constitucional de nuestra Facultad y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales).

En primer término, Christoph Korneli agradeció a los presentes y a quienes han hecho posible la concreción de un proyecto al que calificó como muy ambicioso. Remarcó además que la Fundación trabaja a favor del pluralismo, el fortalecimiento de la democracia, las instituciones y la gestión pública, y que “nuestro objetivo no sólo es financiar proyectos, sino fundamentalmente compartir y colaborar en su concreción”.

A su turno, Gustavo Ferrari expresó que la elección del tema del encuentro responde a una preocupación que data de muchos años atrás por la cuestión del acceso a la Justicia, entendida ella como la única garantía con la que cuenta un conjunto de personas que se encuentra en una situación “compleja frente al Estado”. En tal sentido, recordó los resultados de un estudio estadístico según el cual una importante cantidad de gente no realiza denuncias por miedo y por desconocer la manera de hacerlo. “Nosotros hemos decidido luchar contra eso y tratar de trabajar en la difusión de medios tendientes a la igualación de oportunidades de quienes deben recurrir a la Justicia”, concluyó.

Posteriormente, Fernanda Rodríguez describió el proceso mediante el cual se llegó a la configuración del proyecto. De esta manera, destacó el trabajo en conjunto realizado desde el año 2004 con la Fundación Konrad Adenauer. Como fruto de esa labor, continuó, “fuimos convocados por la Universidad de La Matanza para hacer un relevamiento en dos partidos del conurbano bonaerense y dos barrios de la ciudad”. El objetivo fundamental de la muestra era trabajar en lo que se llama vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza. En ese entonces, se repartió entre los encuestados una pequeña guía. Seguidamente, comentó que la actividad arrojó un resultado nada sorpresivo: la condición de pobreza limita enormemente el acceso a la Justicia. Por último, encomió el paso hacia la acción que representa la guía, así como también la promoción de las diversas capacidades de diferentes organizaciones.

A continuación, Santiago Otamendi comentó que la Guía es una herramienta que contribuye a afianzar “nuestra tarea inagotable de mejorar el acceso a la Justicia”. Luego señaló que es compromiso del grupo actualizarla periódicamente, como así también tratar de propender al diálogo interinstitucional para lograr que las distintas iniciativas públicas y privadas que hoy están huérfanas de coordinación puedan llevarse a cabo. Para concluir, opinó que el desafío radica en construir un puente entre la sociedad civil y las oficinas públicas.

“El Ministerio Público de la Defensa tiene un compromiso fuerte en lo relativo al acceso a la Justicia”, expresó Stella Maris Martínez, quien agregó que una de las funciones del Defensor General de la Nación es ayudar a construir políticas que garanticen el acceso a la Justicia de los sectores discriminados. En tal sentido recordó la aprobación, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada el pasado mes de marzo en Brasil, de las 100 reglas de acceso a la Justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Así, sostuvo que aquel hito tiene un doble efecto: implica el compromiso de la magistratura en torno al objetivo de garantizar realmente el acceso a la Justicia y reconoce que durante mucho tiempo la administración de justicia fue, para los sectores excluidos, un territorio hostil. Posteriormente, reseñó los motivos que hacen que no sea sencillo efectivizar lo declamado. Asimismo, destacó la actuación de la sociedad civil, que “en muchos casos nos hizo abrir los ojos acerca de (que administrar justicia) no implica sólo tener amplios conocimientos jurídicos”. Actualmente, comentó que se trabaja en la modificación de las políticas estructurales tendientes a poner al alcance de la ciudadanía instrumentos que faciliten el acceso a la Justicia. “El Poder Judicial debe entender que va a ser ‘un poder’ cuando vaya cada día más robusteciendo su rol de servicio público”, finalizó.

El Prof. Daniel Sabsay ponderó la utilización, por parte de Unidos por la Justicia, de una gran cantidad de herramientas propias de una democracia participativa que implica un acercamiento a la ciudadanía y a los sectores más vulnerables. Por otra parte, reconoció que, muchas veces, “influidos por nuestra formación jurídica, pensamos que los problemas de acceso a la Justicia responden únicamente a consideraciones de índole procesal”. En contraposición, explicó que aquellos tienen que ver también con las dificultades para solventar el patrocinio letrado y otras cuestiones cuya solución debe ser el horizonte que persiguen quienes han tenido la suerte de conocer las implicancias del sistema judicial. Asimismo, argumentó que la barrera más grave en la igualdad ante la ley es la falta de acceso a la Justicia de sectores, no sólo por desconocer el modo de actuación para lograr la defensa de sus derechos, sino fundamentalmente por el hecho de desconocer su titularidad sobre ellos. Finalmente, elogió el dinamismo, realismo y compromiso del trabajo realizado por Unidos por la Justicia, cuyo proyecto “fortalece nuestro Estado de Derecho”.