Políticas públicas para el Derecho a la Alimentación Adecuada

• Notas

En el SUM del Instituto Gioja, el 6 de junio se llevó adelante la jornada Políticas públicas para el derecho a la Alimentación Adecuada, organizada por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas (DSPP). La actividad conformó el tercer encuentro del Seminario Permanente "Derechos Sociales y Políticas Públicas". Laura Pautassi pronunció unas palabras introductorias y luego presentó a los expositores.

A su turno, Patricia Aguirre, doctora en Ciencias Antropológicas UBA, comenzó diciendo que hoy tenemos herramientas legales tanto nacionales como internacionales para garantizar políticas alimentarias para una alimentación adecuada, el desafío es cumplirlas. Además, agregó que hoy las políticas alimentarias están mucho más orientadas a colaborar con la gobernabilidad, a favorecer el control social, a prevenir enfermedades crónicas no trasmisibles, que centradas en expandir los derechos ciudadanos. “Cuando analizamos hoy las políticas alimentarias vemos que el derecho se cumple pero parcialmente en aquellos grupos vulnerables que son objetivos de los programas que responden a políticas específicas, porque en general las prestaciones que reciben son de bajísima calidad”, sostuvo.

Más adelante, Andrea Solans indicó que la idea de su exposición es proponer una reflexión acerca de abordar los enfoques socioculturales de la alimentación y plantear algunos ejes problemáticos en torno a las relaciones entre el mercado, las políticas públicas y cuestiones de género. Luego, la oradora expuso acerca de un libro que compiló: Enfoque socio-cultural de la alimentación. Lecturas para el equipo de salud en el cual los textos que se presentan en el libro pueden ser leídos de acuerdo a la trayectoria profesional de cada uno y el horizonte de los temas es amplio. Seguidamente, desarrolló que “hace unos años a esta parte, en el ámbito de salud pública en algunos países y también desde organismos internacionales, se están proponiendo conceptos como “ambiente obesogénico” o la idea de los “paisajes alimentarios”, que es para entender cómo están estructurados los entornos en los que vivimos que nos condicionan la alimentación y están atravesados por distintas dimensiones (tecnológicas, comunicacionales, económicas, ideológicas y étnicas).

Liliana Parada, por su parte, explicó que integra el Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y el Caribe como consejera del Frente y como parlamentaria lo coordinó en la República Argentina. El Frente es una iniciativa de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene hoy por hoy 17 países de Latinoamérica que lo integran con sinergias sumamente interesantes. “Todo lo que tenga que ver con la región, tiene mucho que ver con cada uno de nosotros en sus respectivos países”, indicó. “Cada 11 horas una persona muere por desnutrición en la República Argentina, de las cuales 85% son mayores de 65 años y el 5% son niños, niñas y adolescentes. De los niños, niñas y adolescentes, dos de cada diez padecen inseguridad alimentaria. El 10% de todos los niños de este país padecen inseguridad severa, esto es hambre. El 24% recibe alimentación en comedores escolares comunitarios”, describió.

Asimismo, planteó una definición del derecho a la alimentación que se armó en la mesa de trabajo de Soberanía Alimentaria: “El derecho a la alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea individual o en forma colectiva, de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos, nutritivos y con pertenencia cultural para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende los componentes de accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad, de alimentos (…)”, desarrolló.
Finalmente, Maximiliano Carrasco explicó que el Observatorio de Derecho de Alimentación en América Latina y el Caribe está conformado por un grupo de más de 35 universidades de la región representadas esencialmente por sus facultades de derecho o institutos de investigación jurídica. El mismo surgió en el año 2011 en Bogotá, Colombia, con el objetivo de aportar conocimiento, promoción y protección del derecho de alimentación en la región y que sea un centro de estudio y sistematización de información sobre el derecho humano a la alimentación adecuada para estudiantes de derecho, profesores universitarios, abogados, jueces, etc. Más adelante, se enfocó en el análisis de la publicación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que cumplió 10 años, “a la luz del enfoque de derechos, con una mirada crítica de este plan en tanto insuficiente para el derecho a la alimentación adecuada”, especificó. Asimismo, planteó cuáles fueron las fuentes de información que se utilizaron para rastrear estos 10 años del plan y explicó que entre las falencias que tuvo en este tiempo se encuentran que no se aplicó en todas las localidades ni en todas las provincias, las prestaciones eran insuficientes para las necesidades kilocalóricas y no se hizo foco en determinados grupos con otro tipo de necesidades, como los celíacos o diabéticos.