Políticas de Salud: nuevos escenarios de debate

• Notas

En el marco de Seminario Permanente sobre Derechos Sociales y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, se desarrolló en la tarde del 23 de mayo una actividad cuyo principal objetivo fue el estudio de las nuevas políticas de salud aplicadas a la realidad Argentina. De hecho, en el contexto del tema convocante de este año -la “seguridad social” en el sentido amplio-, resultó algo más que interesante la posibilidad de debatir con expertos aquellos diferentes abordajes que son posibles trazar a partir de la problemática de la salud. A su vez, el seminario buscó incorporar en el análisis la reflexión en torno a las capacidades estatales en la provisión, regulación y financiamiento del sistema y los desafíos para proteger a los ciudadanos y ciudadanas ante las diversas contingencias sociales.

La primera de las disertantes fue la Dra. Claudia Danani, del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), que se propuso efectuar un análisis minucioso de las distintas obras llevadas a cabo a nivel nacional en pos de fortalecer la capacidad de protección social por parte del Estado a través del sistema de seguridad social hoy vigente apto para el resguardo sanitario de cada argentino. Sin embargo, no dejó de referirse a los alcances tanto cuantitativos como cualitativos de las prestaciones específicas derivadas de la seguridad social y los distintos componentes que poseen. Ante tal tarea académica, la Dra. Danani encontró sustento en una de las últimas obras de su autoría que trata particularmente de los principales caracteres del actual sistema de previsión social, incluyendo la modalidad de la asignación familiar. A decir verdad, explica la expositora que al momento de decidirnos por debatir sobre el actual sistema de seguridad social, no debemos olvidar ante todo el estudio de la dimensión institucional, es decir, la arquitectura organizacional de los diferentes órganos estatales encargados de tal tarea. Por otro lado, remarcó la importancia de no pasar por alto los contenidos tanto políticos como culturales del sistema argentino, entendiendo por ejemplo que la hegemonía neoliberal propia de la década de los ‘90 repercutió indefectiblemente en el sistema actual. De hecho, aclaró que este fenómeno no hizo más que venir a consolidar un modelo de protección social tan sólo focalizado en algunos segmentos determinados de nuestra sociedad, y sin una perspectiva universalista con una ratio de acción de mayor amplitud.

Más aún, aclaró que todo sistema de seguridad social debe asentarse en al menos tres bases fundamentales, incluyendo dentro de ellos a la idea o realidad cierta del Estado, como órgano responsable de proteger y responder, la necesaria legitimidad de sus políticas, como así también la legitimidad de las necesidades y demandas de una comunidad toda. Se suma a ello la importancia de no terminar concibiendo a todo sistema de seguridad social como un mecanismo gestado en miras a la protección de los inferiores sino que, por el contrario, como una estructura que lejos de ser segregatoria busca constituir un arco protectorio abierto a toda una comunidad.

En lo relativo al caso concreto de la Argentina es de suma importancia destacar que la estructura institucional del sistema de seguridad social hoy comprende el sistema provisional, las asignaciones familiares, el subsistema de desempleo y, asimismo, los riesgos del trabajo. Todos ellos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Hay también un último elemento que es el componente de salud a cargo en este caso del Ministerio de Salud y siendo éste el único que no forma parte del sistema de seguridad social creado allá por el año 1991, producto de aquellas políticas que se proponían la reforma del Estado. Ahondando en este último elemento, afirmó que “la seguridad social en salud, si la miramos desde el punto de vista nacional, encontramos a las obras sociales nacionales y, entre ellas, las más importantes obras sociales sindicales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido por el plan asistencial que es el PAMI”. Adicionalmente, consideró esencial incluir también los seguros voluntarios y las llamadas obras sociales provinciales, estando estas últimas fuera de la jurisdicción nacional. Frente a tal armado, aseguró que “hay un 62% de la población cubierta, lo cual significa que por lo menos, como mínimo, un 38% de la población cuenta solamente con la cobertura del sistema público nacional”.

A continuación, la siguió en el uso de la palabra el Dr. Mario Pecheny, miembro del CONICET y del IIGG. En primer lugar, llamó a considerar las políticas públicas de salud en tanto acciones del Estado o redes de acciones sociales como actividades que tienen como principal razón de ser el aseguramiento de los derechos humanos. Lo cierto es que ante la pretensión de vivir en un Estado de Derecho es un imperativo social el bregar por una sociedad que garantice la atención de los reclamos de todos los ciudadanos. Determinó que “los derechos, como ustedes saben, se usan para defenderse de dictaduras, de totalitarismos, de Estados que se meten en la vida de uno y también proactivamente para reclamar cosas”. En este sentido, es posible encuadrar el derecho a la salud que todo ser humano posee y que debe ser garantizado su cumplimiento por parte del aparato estatal.

A su turno, se permitió evaluar los alcances y limitaciones cuando se pide por una equidad en materia de salud. Así, se preguntó si sería realmente equitativo que todos falleciésemos exactamente a la misma edad o aún más por las mismas causas biológicas. Ante semejantes interrogantes confesó las diversas dificultades que implica el interpretar el lenguaje de los derechos, en este caso la interpretación de los derechos a la salud. Consideró además la posibilidad de que los sujetos miembros de una comunidad logren apropiarse subjetivamente de estos derechos relativos a la salud, hallados en las leyes o en los discursos. Comentó de los obstáculos que pueden presentarse antes de lograr dicha apropiación, dentro de los cuales se encuentran los económicos o educativos, teniendo siempre presente que los sectores más postergados de nuestra sociedad son los que usualmente encuentran mayores dificultades para concretar el acceso al sistema de salud.

“Hay un 62% de la población cubierta [por el sistema de seguridad social], lo cual significa que por lo menos un 38% de la población cuenta solamente con la cobertura del sistema público nacional”, destacó Claudia Danani.