Políticas de alimentos: aspectos legales y comerciales

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El pasado 6 de septiembre, en la Sala Vélez Sarsfield, se realizó un taller sobre políticas de alimentos, dedicado a los aspectos legales y comerciales, organizado por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derechos Industrial y Económico (CEIDIE). Expusieron: María Susana Hernández (Inflación, Pobreza y Derecho a la Alimentación), Alejandra Díaz (Alimentos Transgénicos- Diferencias con Edición Genética) y María Isabel Morin (Vinos). Sandra Negro coordinó la actividad.

En primer lugar, María Susana Hernández se refirió a la necesidad de políticas públicas en la temática. “En un momento en que las políticas públicas son cruciales porque la inflación trae muchísima pobreza”, explicó. En ese sentido, presentó datos con el objetivo de mostrar cómo afecta la inflación y la pobreza a lo que es la seguridad alimentaria. Compartió una definición de la FAO sobre la seguridad alimentaria: “Un estado en el que todas las personas, en todo momento (…) tengan acceso físico y económico a suficiente cantidad de alimento seguro y nutritivo, de acuerdo a sus preferencias”. “Hay una relación muy importante entre la inseguridad alimentaria y la pobreza”, aclaró y agregó que “es como un círculo vicioso”. “La falta de alimentos es la manifestación más elocuente de la pobreza, los más pobres son lo que no tienen para comer, es la primera necesidad que vamos a satisfacer”, enfatizó. “Vamos a ver que cuando clasificamos a las personas en pobres, los más pobres los llamamos indigentes, que son los que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria”, expresó. “Alguien que no tiene para comer no tiene energía para trabajar, no tiene energía para estudiar, no tiene posibilidades de realizar labores ni de contribuir tampoco a los ingresos de su familia. Y esto hace también que, si tiene un trabajo, esa persona que no tiene acceso a cantidad de alimento suficiente, no tiene energía para poder ser productivo, y esto genera una baja en la productividad”, remarcó. En esa misma línea argumental, planteó que “los países en donde hay pobreza tienen limitaciones también para poder desarrollarse y para poder crecer, y esto a su vez, genera o aumenta la cantidad de pobres”. Por último, sostuvo que “el derecho a la alimentación, consagrado como un derecho humano, está reconocido en nuestra Constitución a través del artículo 75, es vinculante, genera una obligación para el Estado. (…) Los Estados tienen la obligación de hacer políticas públicas (…) a la vez que ayudan a la población a través de distintos tipos de planes. (…) Las políticas tienen que ser productivas, políticas sociales, políticas de asistencia”. Y agregó: “Lo importante es que tienen que estar acompañadas, porque hablamos de seguridad alimentaria y hablamos de permanencia en el tiempo de políticas estructurales”.

A su turno, María Isabel Morin dedicó su exposición a las barreras no arancelarias a las cuales se enfrenta el MERCOSUR y, específicamente dentro del MERCOSUR, la Argentina, para ingresar los vinos en el mercado de la Unión Europea. Tras una breve explicación sobre la definición del vino y su elaboración, se refirió a cómo está estructurado el mercado mundial de vinos. “Según las estadísticas de la OIV (…) entre el año 2018 y el año 2022 la producción mundial de vinos se ha mantenido estable durante estos cuatro años consecutivos, y ha alcanzado un máximo de doscientos millones de hectolitros, excluyendo los zumos y los mostos”, explicó. Destacó a los principales productores a nivel mundial: “En primer lugar Italia; luego le sigue Francia, y en tercer lugar tenemos a España, estos tres países representan el 47% de la producción mundial de vinos”, aclaró. “Estados Unidos, que ha mantenido la producción a nivel mundial entre veintidós y veinticuatro millones de hectolitros desde 2016 a la fecha. Y en América del Sur encontramos a la Argentina y a Chile, que son los que más se destacan por los vinos”, señaló. Respecto a las exportaciones, indicó que los principales exportadores europeos son España, Italia y Francia. Luego, ya refiriéndose a la cuestión de las barreras no arancelarias, explicó: “En las últimas rondas de negociaciones de la OMC se han dado cuenta que las barreras comerciales ya no son la reina que obstaculiza el comercio, sino que estas barreras no arancelarias empezaron a ocupar su lugar”, puntualizó. “Dichas barreras suelen estar conformadas por normas u otro tipo de reglamentaciones gubernamentales que, en su gran mayoría, tienen una implementación bastante engorrosa y su identificación se convierte en una difícil tarea para los países afectados”, concluyó.

Por último, Alejandra Díaz analizó la cuestión de los alimentos transgénicos: “Hablamos de organismos que son manipulados, introduciéndoles ADN de otro organismo”, afirmó. Dicha manipulación, puede hacerse en base a, de una planta a una planta, o de un animal a una planta, o de alguna bacteria a una planta. Refiriéndose a las posibles críticas o temores de la población respecto a esta cuestión, expresó: “La primera, y la básica, es que puede generar reacciones alérgicas o tóxicas. Pueden generar cambios genéticos que pueden ser dañinos, puede haber transferencia inadvertida de genes a algunas plantas o algunos animales, y se puede llegar a pensar, o algunos piensan, que pueden ser menos nutritivos”, postuló. Por último, aludió a algunas de las reglamentaciones existentes en materia de alimentos transgénicos: “En la Unión Europea con la directiva del 2001 y en Estados Unidos, pero no como una reglamentación como nosotros conocemos, sino a través de un trabajo exhaustivo de aprobación que hacen distintas agencias norteamericanas, dentro de lo que es la política que regula las plantas, animales y los productos de bioingeniería”.