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Año XX - Edición 355 27 de mayo de 2021

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Policía, derecho y sociedad en el mundo contemporáneo

  • Notas

El pasado 13 de mayo tuvo lugar la actividad "Policía, derecho y sociedad en el mundo contemporáneo". Organizaron el Departamento de Ciencias Sociales (Derecho/UBA), el Departamento de Posgrado (Derecho/UBA), el Máster en Cultura Jurídica (Universitat de Girona), la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica y la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica.

Expusieron Hugo Navarro Villacís (Ecuador), Líbero Penello de Carvalho Filho (Brasil), Lidiane de Brito Curto (Brasil) y Melina Quintero Santos (Colombia).

El tema de la disertación de Hugo Navarro Villacís fue la "Democratización del poder punitivo como forma de contrato social". En cuanto al contrato social, explicó "en primer lugar no es estático, evoluciona conforme evoluciona la sociedad". Continuó´: "En los sistemas democráticos modernos, nuestro gran contrato social es una Constitución. Y esta tiene la particularidad de que dentro de ella se establece cuáles son las disposiciones para que esta Constitución se modifique después de que ha sido emitida y entrado en vigencia", es decir la posibilidad de reforma constitucional. Asimismo, comentó que la Constitución no solo se modifica de acuerdo a la evolución social, sino también de acuerdo a cómo se modifican las relaciones y las estructuras de poder dentro de una sociedad.

En este sentido, expresó: "Nosotros somos también parte de la construcción de aquellos sistemas represivos en donde el poder punitivo llega a niveles bastante altos". Como consecuencia de este aumento del poder punitivo, según lo que el expositor expresa, no solo se observa en el hacinamiento en las cárceles sino también la necesidad de que la policía deba ejecutar actividades represivas. En cuanto a lo último, añadió que "a veces lo miramos como un problema de policía, pero no nos damos cuenta de que posiblemente como sociedad somos parte de la construcción de ese sistema que termina causando en muchas ocasiones graves vulneraciones de derechos humanos".

De esta manera, analizó el rol fundamental de la democracia, teniendo en cuenta a la democracia representativa como a democracia directa (consulta popular, referéndum). En consecuencia, desarrolló que "hay ejemplos en los cuales se utiliza la democracia como un mecanismo para legitimar decisiones que son previamente tomadas". Como ejemplo, tomó a la inseguridad y afirmó: "Hay varios factores que condicionan nuestra forma de ver la inseguridad, y por lo tanto nuestra forma de ver la vida. Y es bastante claro que uno de los puntos que le resta calidad de vida a cualquier sociedad es justamente la inseguridad".

A partir lo expresado en los anteriores párrafos, el expositor vinculó el poder punitivo con el contrato social en la democracia: "Cuando la sociedad se siente insegura, la sociedad está dispuesta a ceder cada vez más libertades al Estado a cambio de tener una sensación de seguridad". Entonces, manifestó: "La democracia ya no es una garantía para los derechos, sino que la democracia está siendo utilizada incluso en una forma en la cual es funcional para los intereses del poder". Finalizó: "El resultado siempre es el incremento de poder punitivo (...) si tengo más normas penales punitivas necesito policías y cada vez más represivos que puedan poner en marcha ese aumento del poder punitivo".

Por último habló Melina Quintero Santos, cuyo tema de disertación fue "El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Latinoamérica". Primero, explicó qué se entiende por líderes sociales y defensores de derechos humanos: "son personas que conocen sus comunidades saben cuáles son las necesidades de estas y tienen convicciones frente a los problemas sociales que se presentan, además de los problemas económicos y políticos. Asumen un liderazgo bajo los constantes ataques de quienes sustentan las armas, los recursos económicos". Continuó, "estas personas, pese a que promueven una igualdad y derechos de las minorías, son los blancos predilectos". Y desarrolló el por qué de esta situación, comentando que según el Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos existen factores de riesgo que influyen en el homicidio de estos: "La presencia de cultivo de uso ilícito, la explotación ilícita de yacimientos mineros y grupos armados organizados al margen de la ley".

"Precisamente atacar todas estas situaciones ha sido compromiso de todos los gobiernos de Latinoamérica. Sin embargo, esta situación se ve lejos de mejorar"; sustentó esta afirmación con el análisis global del 2020 realizado por la organización Front Line Defenders, según el cual se registraron 331 homicidios de líderes y defensores, 263 de estos asesinatos sucedieron en América Latina". "La pandemia hizo más evidente el abandono estatal, y las medidas de aislamiento convirtieron a los líderes en presas fáciles de identificar", añadió que en la actualidad no solo deben protegerse de las agresiones físicas, sino también de los ataques digitales, tales como amenazas en redes sociales. Y, planteó la siguiente pregunta: "¿Son asesinatos sistemáticos o se pueden considerar como un verdadero genocidio?".

A modo de conclusión, expresó que "del análisis estadístico podemos inferir que los factores que más inciden en la vulneración de las garantías fundamentales de los líderes sociales y defensores de derechos humanos son los siguientes: primero, la presencia de grupos armados al margen de la ley en los territorios; segundo, la escasa o nula presencia del Estado en algunos territorios de los países; tercero, zonas vulnerables y de extrema pobreza; cuarto, estigmatización de los líderes sociales y defensores de DDHH como izquierdistas; quinto, impunidad sobre estos crímenes por partes de las autoridades; y sexto, falta de compromiso por parte de los gobiernos para diseñar estrategias y políticas públicas efectivas tendientes a garantizar los derechos de esta comunidad".

 

 

 

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