Panel sobre persecución penal y coordinación de políticas interjurisdiccionales. Evaluación de los problemas de la investigación penal

• Notas

En el Salón Rojo de la Facultad de Derecho, el pasado 18 de noviembre se llevó a cabo un “Panel sobre Persecución Penal y coordinación de políticas interjurisdiccionales.
Evaluación de los problemas de la investigación penal”. Luego de las palabras introductorias del Presidente de Unidos por la Justicia, Dr. Mariano Scotto, tuvieron lugar las disertaciones de los Dres. Estela Andrades (Fiscal Nacional en lo Criminal de Instrucción), Santiago Quian Zavalía (Fiscal del Departamento Judicial de San Isidro), Marcelo Lapargo (Fiscal General de San Martín) y Sandra Verónica Guagnino (Fiscal de Cámara de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Inicialmente, la Dra. Estela Andrades señaló que las competencias interjurisdiccionales traen problemas en algunos delitos en especial y que la Procuración General de la Nación se encarga de ayudar a los fiscales con las herramientas informáticas que hoy están funcionando a nivel país y con resultados óptimos. Instó además a trabajar en el ámbito de la prevención del delito y mencionó que existe un mayor índice de denuncias de delitos, lo cual “representa por una parte la confianza de la población hacia aquellos que estamos dentro de la justicia para presentar los problemas y que nosotros podamos darle una solución”, manifestó. En cuanto a la estructura federal del Estado argentino, aludió a que la administración de justicia está desempeñada entre la Nación y las provincias. En el orden nacional, dicha tarea está asignada tanto al Poder judicial de la Nación como al Ministerio Público. Aseguró entonces que los fiscales comenzaron a tener mayor protagonismo desde 1994, a partir de que se sanciona la nueva Constitución por medio del artículo 120, a través del cual pasa a ser un órgano independiente conjuntamente con el resto de los poderes. “A partir de la autonomía total y funcional que otorga la ley 24.946, los fiscales comienzan a tener mayor protagonismo dentro de las causas”, postuló. Indicó además que la red informática se terminó de instrumentar hace un mes y todas las Fiscalías Federales están unidas a la red, por lo cual tienen acceso al sistema judicial de la Corte, acceso on line con el Registro Nacional de Reincidencia y acceso directo con el Registro del Automotor, de la Propiedad Inmueble y el Colegio Público de Escribanos. Finalmente, consideró que sería ideal compartir toda la información porque agiliza mucho teniendo en cuenta la seguridad que demanda este tipo de datos.

Acto seguido, el Dr. Marcelo Lapargo se refirió a que la provincia de Buenos Aires tiene departamentos judiciales limítrofes con la Ciudad de Buenos Aires que son muy grandes, tiene índice de delitos y niveles de población superiores, porque su población se halla con necesidades básicas insatisfechas mayores que muchas provincias. En tal sentido, explicó que la enterjurisdiccionalidad significa una relación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también con todos los departamentos restantes de la provincia con los cuales no se tienen ninguna vinculación. Estimó entonces que considerar a la provincia como una jurisdicción única sería un avance. Por otra parte, remarcó que en la provincia de Buenos Aires existe un record de reformas legales, donde cada una se hace con un tono como si fuera la última. De esta manera, afirmó que se produce una reforma cada 6 meses en promedio y dependen de las necesidades políticas. Destacó asimismo que las burocracias siempre se adaptan a las carencias y las encubren, por ello se soportan cualquier tipo de reforma. Opinó también que en el incremento de los niveles de delito en el país a partir del 2001 las principales víctimas son fundamentalmente los sectores con sus necesidades básicas insatisfechas, sin embargo, entendió que la política criminal está políticamente determinada. Sostuvo además que la estructura histórica del Poder Judicial hace que toda la interconexión quede en manos de las agencias judiciales porque centralizan la información. “La demanda insatisfecha en materia de servicio de justicia es altísima”, concluyó.

Posteriormente, el Dr. Santiago Quian Zavalía desarrolló las principales falencias actuales, teniendo en cuenta que “los fiscales se dedican a encarcelar a excluidos que se chocan contra los patrulleros”, observó. De tal modo, criticó que no haya una política de investigación sino de gerenciamiento de la información que suministran las fuentes policiales. Asimismo, comentó que pensando que la solución mágica a todos los males del mundo es el encarcelamiento se restringieron las excarcelaciones, dictando la ley 12405 que provocó la saturación del sistema carcelario-penitenciario y los márgenes de reincidencia se incrementaron. Sin embargo, anunció que se forman curvas sinusoides según lo que reclame la opinión publica, sin que el legislador lo procese ni analice. En consecuencia, se han tenido reformas de reformas. En lo relativo al primer cordón del conurbano, subrayó las falencias sociales y las complejidades investigativas debido a que no hay estructura para soportar una investigación. Para finalizar, hizo mención a algunas dificultades con respecto a la investigación. “Todo lo que invirtamos en la posibilidad de políticas interjuridsiccionales importará un mayor caudal de esclarecimiento de hechos delitivos”, concluyó.

A continuación, la Dra. Sandra Verónica Guagnino brindó algunas experiencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad sobre cuestiones de coordinación e interjurisdiccionalidad. Apuntó entonces que, sobre todo a partir de la última gestión, se ha adquirido una cantidad de recursos tecnológicos que superan algunas de las dificultades señaladas anteriormente. Recordó también las dos competencias del Ministerio Público Fiscal porteño: contencioso administrativo tributario y punitiva -que abarca las áreas penal, contravencional y de faltas- indicando que el sistema actual de distribución de turnos y tareas se encuentra dividido en zona sur y norte. Hizo mención como dificultades la multiplicación de niveles, áreas, competencias y la superposición de roles y funciones, ya que si se subdivide hay que aumentar las formas de cooperación y coordinación. Describió también que existe una escasa concientización y casi nula formación técnica en los funcionarios judiciales sobre las cuestiones judiciales específicas y faltan estrategias en común y una cultura de trabajo en equipo dentro de cada Fiscalía, además de no alcanzar los recursos y los conflictos de competencias. Sugirió, para concluir, que los Ministerios Públicos Fiscales deben tener sus propios cuerpos de investigación científica y llevar adelante políticas de descentralización.