Monseñor Romero y los Derechos Humanos en El Salvador

• Notas

En el marco de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 14 de mayo se llevó a cabo en el Salón Rojo la conferencia "Monseñor Romero y los Derechos Humanos en El Salvador", a cargo del Vicario General y Episcopal de la Arquidiócesis de San Salvador y Vicario Episcopal de Educación y Cultura, Monseñor Jesús Delgado; y la Directora de “Memoria Abierta. Acción Coordinada de Organizaciones de Derechos Humanos”, Dra. Patricia Tappatá Valdez.

La Decana de nuestra Facultad y Directora de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Dra. Mónica Pinto, comentó que Monseñor Romero fue una figura importante en el tratamiento y en la consideración de los Derechos Humanos en El Salvador.

La Dra. Patricia Tappatá Valdez recordó que la Iglesia de El Salvador “habló claro y pagó un altísimo precio por eso, pero también contribuyó de manera evidente a que la historia y el acontecer de la violencia, que estaban sufriendo sus habitantes más pobres, fuera conocido en el mundo entero”.

Asimismo, dijo que supo de Monseñor Romero el día en que fue asesinado, el 24 de marzo de 1980, porque “trabajaba de manera directa con un Obispo peruano, llamado el Obispo Rojo, que viajó a El Salvador para las exequias de Monseñor Romero”, y al regresar comentó la masacre y el atentado que se había intentado contra el pueblo, reunido para despedir a Monseñor Romero.

Por su parte, señaló que la vida de Romero en El Salvador dejó una gran marca, de martirio y, a su vez, histórica y hacia futuro, impresionando “el carácter incontestable de su figura y el peso simbólico y emblemático de protector de los más humildes”.

Luego, subrayó que los escuadrones de la muerte, práctica de violencia paramilitar, fueron una constante en El Salvador, alcanzando su paroxismo con el asesinato de Monseñor Romero, demostrando que “los objetivos de eliminación física tienen que ver, no sólo con la oposición política, sino tienen que ver con aquellas personas que tenían la capacidad, y la pusieron en juego, de reintentar forzar el escasísimo margen que la polarización y la violencia dejaba, para intentar una solución negociada”.

Consecuentemente, subrayó que por el afán mediador de poner en juego toda la virtuosidad de la política, intentando vencer a la violencia, son asesinados quienes son capaces porque “la Fuerza Armada de El Salvador, además de un enorme poder, tenían un nivel de lucidez y brutalidad para darse cuenta donde podían golpear”.

A su vez, afirmó que el funcionamiento de grupos paramilitares, denominados en El Salvador como los escuadrones de la muerte, “son una constante a partir del año 1910 y son la expresión armada de una alianza de connivencia, por soporte a los mutuos intereses de los grupos terratenientes, los grupos que conforman el poder local, los sectores de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.

Posteriormente, Monseñor Jesús Delgado dijo que Monseñor Romero entregó su vida a Dios y pasó por la muerte para redimir una Nación de la injusticia social, de la que prácticamente nació después de la independencia”, que se acrecentó cada vez más, bajo los auspicios de la Iglesia, que no reaccionó oportunamente, sino con la muerte de Romero.

Seguidamente, explicó que el compendio de la doctrina social de la Iglesia dice que ve en los hombres y en las mujeres la imagen viva del mismo Dios, ya que por medio de la encarnación, Cristo se unió a la humanidad “dándonos dignidad incomparable e inalienable, y es relevante en el punto de que el protagonista de la vida social es la persona humana, inviolable en su dignidad”.

Por su parte, remarcó que sólo habrá sociedad justa cuando esté basada en el respeto a la dignidad trascendente de la persona humana, así el magisterio episcopal de Monseñor Romero “nos invita a defender, hoy, siempre y aquí, la dignidad de la persona humana”.

En El Salvador, declaró que entre varios problemas de Derechos Humanos, hay dos áreas que por repercusiones profundas en la sociedad no se pueden reconciliar: la ausencia de iure de la imputación de la responsabilidad penal y civil de los violadores de Derechos Humanos y, por otro lado, la violación sistemática y estructural de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo salvadoreño.

En tal sentido, remarcó que se ha pactado, por la Comunidad Internacional, que los Derechos Humanos son normas imperativas, normas de ius cogens, que no admiten normas ni pactos en contrario y, además, son imprescriptibles, es decir que para su juzgamiento estos derechos no prescriben.

Para concluir, puntualizó que es esencial el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia, que se traduce en que las familias de las víctimas tienen el derecho de conocer lo sucedido en relación a sus parientes y, a su vez, ayuda a evitar en el futuro que los mismos actos no se produzcan.