Menores y prisión perpetua a la luz del caso Mendoza
Adrián D. Albor, Nelson R. Bugallo y Claudia Cesaroni
El Centro de Estudios de Ejecución Penal organizó el 21 de agosto en el Aula 217 de la Facultad una charla debate referida a la imposición de penas de prisión perpetua a menores de edad.
En esta oportunidad expusieron Adrián D. Albor, docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología, Nelson Bugallo, docente de la materia Derechos Humanos en esta Casa y de la asignatura Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata, y Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y autora del libro “La vida como castigo”. Además, estuvo presente Cristina Caamaño, Directora académica del Centro de Estudios de Ejecución Penal, en calidad de moderadora.
La primera expositora fue Claudia Cesaroni que comentó sobre la reciente sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal en la que se declara la inconstitucionalidad de las condenas a prisión perpetua a menores de edad. Esto se explica debido a que la imposición de tamañas penas puede interpretarse como violatorio del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, advirtió sobre la inconsistencia argumentativa de algunos magistrados, quienes hasta hace algunos años atrás tuvieron una postura a favor de la constitucionalidad de las penas de prisión perpetua para menores de edad, pero que ahora parecen haber cambiado de parecer.
Seguidamente, advirtió que en la actualidad “procesamos, aplicamos pena a nuestros adolescentes de 16 y 17 años con una norma (se hace referencia a la ley 22.278 sobre el régimen penal de la minoridad) que fue escrita en un despacho entre dos asesores de Videla, aplicamos eso, nuestros jueces de menores aplican eso, una norma creada en el año 1980, plena dictadura de Videla”.
Luego fue el turno de Nelson Bugallo que explicó que hay momentos históricos en que la humanidad va en pos de un determinado derecho, de una determinada garantía. Por ejemplo, tiempo atrás, prácticamente todos empezamos a coincidir en la necesidad de limitar o eliminar la arbitrariedad del Estado en cuanto a la vida, entendiendo al derecho a la vida como un derecho inescindible de la persona humana. Más tarde, una vez ya asegurada la vida se volvió importante el respeto por la libertad de cada uno de nosotros. Estimó Bugallo que muy probablemente ahora sea el momento de la igualdad. “Una de las falacias del sistema liberal es decir que somos todos iguales, y no es así no somos todos iguales”, reflexionó el orador. Para este, es esencial tratar a las personas de acuerdo a como pueden ejercer los derechos, y esto, desde luego, también comprende a los menores. “Nosotros tenemos la visión de que el Estado debe cuidar a los menores, de alguna manera forman parte de un sector victimizado y, por lo tanto, los Estados tienen que dar normas mucho mas cuidadosas y mucho mas tuitivas”, agregó.
Por último, Adrián Daniel Albor recordó el primero de los incisos del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que el Estado deberá velar por que: “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad”. También adquiere relevancia el inciso que le sigue al primero que determina que el Estado también deberá velar por que: “Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. Sobre el final del inciso se constata que su letra se contrapone a la discrecionalidad con la que cuenta el magistrado en cuanto a la determinación de la pena, ya que según el citado instrumento internacional se deberá estar por una pena lo más breve posible, entendiendo a esta como una medida de último recurso.
“Procesamos, aplicamos pena a nuestros adolescentes de 16 y 17 años con una norma que fue escrita en un despacho entre dos asesores de Videla”, lanzó Claudia Cesaroni