Memoria y derechos sociales: una mirada actual del impacto en los derechos laborales de la última dictadura
Victoria Basualdo, Guillermo Gianibelli y Enrique Guardo
El Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas llevó adelante el pasado 16 de mayo el encuentro "Memoria y derechos sociales: una mirada actual del impacto en los derechos laborales de la última dictadura" en el SUM del Gioja. La actividad contó con las exposiciones de Victoria Basualdo, investigadora del CONICET y coordinadora del Programa Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial (FLACSO), Guillermo Gianibelli, abogado laboralista y docente de la UBAy Enrique Guardo, exdirector de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo.
En primer lugar, Victoria Basualdo describió que en el encuentro trataría de pensar la relación entre dictadura, trabajadores y movimiento sindical. Asimismo, sostuvo que mirar la dictadura desde la perspectiva de la historia de los trabajadores y del movimiento sindical permite unir campos que en general aparecen disociados, “permite discutir a la dictadura no solo desde el punto de vista de la dimensión política, en general vinculada a la cuestión de derechos humanos sino poder tener una visión ampliada de la vinculación entre estas dimensiones políticas y otras transformaciones políticas y sociales que se operan en ese momento”. También, distinguió: “La clase trabajadora y el movimiento sindical son dos sujetos muy distintos que hay que ver de manera diferenciada”.
Por su parte, Guillermo Gianibelli comenzó diciendo: “Esta idea de incorporar una cuestión vinculada con la memoria, es insoslayable en este momento. Yo creo que las políticas de memoria, verdad y justicia, son políticas de estado pero son políticas de estado porque la sociedad ha impulsado durante muchísimo tiempo esta idea de seguir haciendo memoria”. A su vez, señaló que “desde el lugar de abogado laboralista, siempre trato de incorporar la memoria histórica de colegas que han sido parte de ese proceso histórico”. En este contexto, recordó a Norberto Centeno y a Carlos Moreno, ambos abogados laboralistas.
Enrique Guardo, a su turno, relató la parte resolutiva de un acto administrativo dictada el 15 de julio de 1980, que es la resolución 1085 del ministro de Trabajo de entonces, el General de Brigada Llamil Reston. “Cuando comenzó la tarea del decreto 1199 del año 2012 realmente a partir de ahí comencé a tomar valor de qué se trataba la recuperación de los legajos de los empleados públicos desaparecidos en la dictadura”, contó Guardo.