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Año XX - Edición 351 25 de marzo de 2021

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Jornada inaugural del Centro de Estudios de Derecho Concursal

  • Notas

Con las palabras de apertura del vicedecano Marcelo Gebhardt (director ejecutivo del Centro) y del profesor emérito Salvador D. Bergel (director académico del Centro), el 18 de marzo se llevó adelante la  jornada inaugural del Centro de Estudios de Derecho Concursal.

“El centro que inauguramos es el resultado de un esfuerzo conjunto de nuestra Facultad y nuestra secretaria académica, Gabriela Antonelli, que junto con varios de nosotros  trabajó muy cercanamente con las autoridades del Ministerio de Desarrollo productivo del Poder Ejecutivo Nacional (...). Otro protagonista fundamental de este encuentro que le da vida al centro ha sido el Banco Mundial porque a través de convenios que tiene celebrados con el Ministerio de Desarrollo Productivo aporta su financiación y, además, el soporte que supone el relacionamiento con esta entidad”, comenzó diciendo Marcelo Gebhardt. “El Ministerio como órgano político se encuentra abocado, y así ha quedado plasmado en el convenio que hemos celebrado, al diseño y a la elaboración de herramientas que mejoren las condiciones y el acceso al financiamiento del desarrollo productivo. En especial, se ocupa de la implementación de políticas y acciones para mejorar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas”, explicó. Por el otro lado, comentó que “la Facultad de Derecho como ámbito de investigación y análisis se ha propuesto un trabajo de mucha envergadura y lo ha hecho en el marco del problema mundial y sanitario que todos conocemos. Y puntualizó que desde el centro se intentará generar respuestas vinculadas al estudio de nuevos institutos que van siendo necesarios frente a esta nueva realidad. “Queremos estar a la vanguardia de esas novedades legislativas para ver si a nuestro país le podemos arrimar propuestas en este sentido”, destacó.

Acto seguido, Gabriela Antonelli Michudis leyó unas palabras que envió el profesor Salvador D. Bergel: “La creación de este centro importa, entre otros objetivos, el de cumplir con una antigua deuda de la universidad para con la comunidad. La insolvencia ofrece múltiples aristas que compromete un conjunto de intereses mayormente encontrados que no ha merecido, hasta el presente, la atención debida por parte de los cuerpos legislativos, lo que con el correr del tiempo llevó a acentuar  los daños que genera. (...) Reunir un grupo de expertos provenientes de diversos campos, docentes, investigadores, funcionarios judiciales, que con su experiencia puedan elaborar un instrumento que integre la rica problemática que compromete la insolvencia constituyó un correcto punto de partida, lo que ya,a esta altura, puede exhibir su acierto”.

Posteriormente, expusieron María Elsa Uzal y Adolfo Rouillón (Insolvencia transfronteriza) y Ana Belén Campuzano Laguillo (Perspectivas regulatorias de la insolvencia transfronteriza en Europa comunitaria).

En primer término, María Elsa Uzal señaló que “un patrimonio nacionalizado en insolvencia enfrenta el problema del fraccionamiento jurisdiccional que es impuesto por los estados nacionales en los cuales se encuentran localizados bienes e intereses de ese patrimonio y, por ende, se encuentra sometido a la fragmentación jurisdiccional de los estados nacionales y a las soluciones con las que cada estado da respuesta al problema de la insolvencia”. Y agregó: “Esto plantea concretas dificultades por las posibilidades de dobles o múltiples tratamientos fragmentados de un problema con un mismo patrimonio. Esto provoca una dificultad de conciliar criterios comunes que lleven a alcanzar, a través del reconocimiento y la ejecución de una sentencia de concurso o quiebra dictada en un Estado nacional actos, conductas o activos de un mismo deudor que se encuentran en diferentes estados”.

A su turno, Adolfo Rouillón puntualizó que “Argentina tiene una legislación concursal que en muchas aspectos ha sido de avanzada, pero curiosamente y, a pesar que los tratados de Montevideo fueron de avanzada en el siglo XIX en el tratamiento de las reglas para las principales cuestiones de los concursos con elementos internacionales, nos hemos quedado atrasados”. En este marco, puso de manifiesto la necesidad de un nuevo régimen y argumentó: “Hay beneficios potenciales que pueden obtenerse de tener un régimen moderno sobre todo para reunir información en materia de activos y pasivos del deudor que está en concurso en un país pero que también tiene bienes y actividades en otros. De esta manera, se puede prevenir la desaparición de los activos y reprimir los intentos de fraude”.

Ana Belén Campuzano Laguillo, por su parte, expuso que para hablar de lo que se está haciendo en España de la mano de las indicaciones de la Unión Europea hay que referirse a la directiva sobre reestructuración y emergencia que es el horizonte que los países europeos tienen marcado ahora y explicó que, en el marco de las insolvencias transfronterizas en el ámbito europeo hay un reglamento sobre procedimientos de insolvencia y, por lo tanto, la propia legislación nacional española en el texto refundido de la ley concursal que está dedicado a derecho internacional privado regula aclarando que siempre es sin perjuicio de las previsiones europeas. También mencionó las directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis que resultan aplicables en este contexto.

Seguidamente, brindó su aporte la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad Pyme del Ministerio de Desarrollo Productivo, Leticia Cortese. “Creemos que el Centro de Estudios de Derecho Concursal, sin duda, no solo genera un antecedente importantísimo, sino que también va a ayudar a que el entramado productivo de nuestro país pueda tener mejores legislaciones y de gran nivel”, manifestó.

Luego se enfocó en la situación de las empresas mipymes en Argentina: “Juegan un papel muy importante en el tejido económico. No solo se destacan por su capacidad de generar empleo, ya que en nuestro país son las responsables del 70% de los puestos de trabajo, sino que, además, son empresas que se caracterizan mucho por el tipo de vínculo y compromiso que tienen con los territorios donde están asentadas. Para nosotros las empresas mipymes son actores claves para esta etapa que viene de reactivación, recuperación e industrialización que está atravesando nuestro país y tienen mucho también para aportar en este proceso de mayor integración productiva entre diferentes regiones del país”.

Por último, el cierre del encuentro estuvo a cargo del profesor emérito Héctor Alegría. El orador sostuvo que era necesaria la creación de un lugar donde se elabore la materia prima del derecho concursal y no un lugar donde se escriban teorías del derecho concursal. Asimismo, celebró que se tenga en cuenta que la pandemia, que desde el punto de vista económico se la ha agarrado con los menos fuertes: las pymes. “A las pymes les podemos dar toda clase de crédito, pero lo realmente necesario es darles una ayuda técnica para que salgan, comprometiéndonos como si fuéramos socios de ese emprendimiento pequeño o medio”, remarcó.

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