Jornada de reflexión sobre la pena de muerte

• Notas

El 11 de julio de 1996 un tribunal de Texas, Estados Unidos, condenó al cordobés Víctor Saldaño a la pena de muerte por hallarlo culpable de un homicidio. Tras haber sido anulado el primer proceso por la Supreme Court –debido al reproche discriminatorio del caso–, en noviembre último se reordenó la condena en el ámbito local y ello reavivó el debate en torno a la pena capital.

Con motivo de acercarse el aniversario del caso, el pasado 22 de junio tuvo lugar en el Salón Rojo de la Facultad una Jornada de reflexión sobre la pena de muerte en torno al “Caso Saldaño”, que resulta paradigmático para la sociedad argentina y latinoamericana. La coordinación de la actividad estuvo a cargo del profesor Dr. Ignacio Tedesco.  El acto contó con la participación del Ministro Horacio Wamba, ex-cónsul argentino en Houston, el Dr. Juan Carlos Vega, abogado de Víctor Saldaño, la Arq. Andrea Poretti, representante de la Comunidad Sant’Egidio –coorganizadora del evento- y Lidia Guerrero, madre de Víctor Saldaño.

Para Andrea Poretti, la aplicación de la pena de muerte convierte a los “justos” –juzgadores– en asesinos, de modo que la imagen que pretenden dar con ello es la de la “eliminación de un parásito”, de un germen innecesario. Ante esto, se preguntó si se puede quitar la vida a un ser humano de manera justa. Explicó que hoy la tendencia es pensar que la vida no puede ser quitada de ningún modo. También agregó que los que argumentan que ello es posible dicen que es la única respuesta correcta y que resulta disuasiva para las actividades terroristas.

Ahora bien, para Poretti esa muerte no sólo no devuelve nada a la víctima, sino que además se verifica que allí donde se aplica las sociedades son más violentas. A pesar de ello, rescató que desde la Comunidad que ella representa se está llevando a cabo una campaña para que los países suspendan las ejecuciones y se detengan a reflexionar. “El acercamiento al penado es el primer avance a perseguir” –sostuvo Poretti– dado que es necesario humanizar al condenado y sacarlo de la soledad del encierro en la que se lo aniquila de antemano. “En todo hombre hay bien; sólo hay que ayudarlo a cambiar”, concluyó.

Horacio Wamba comentó que había visto el caso de Saldaño al llegar a Houston en 1999. Desde un primer momento, EEUU había incumplido el tratado diplomático (art. 36, Convención de Viena) al no informar a tiempo a la Argentina sobre la detención y condena del imputado. Allí advirtió que la condena no se basaba sólo en el delito sino en la peligrosidad de Saldaño; el argumento básico eran sus rasgos de hispanidad. El consulado argentino decidió intervenir en calidad de amicus curiae y sólo contó con la labor desinteresada de unos pocos abogados, como es el caso de Stanley Schneider.

El primer recurso que se impulsó fue un pedido de certiorari ante la Corte Suprema estadounidense. Allí, el Procurador General del tribunal de Texas, John Cornyn, debió admitir que hubo un error en el estereotipo racista. La decisión se convirtió en un leading case que, al mismo tiempo, promovió una ley que desechaba el estereotipo racial de todo proceso penal. Sin embargo, la Cámara de Casación de Texas reafirmó la condena diciendo que el abogado de oficio (puesto por el propio Estado antes de 1999) no se había opuesto a la discriminación racial al tiempo de la sentencia. Peor aún, el fallo prohibía al Procurador General de Texas (único punto a favor) representar al Estado frente a la Corte Suprema en Washington.

A pesar de los sinsabores, Wamba comentó que se debieron encontrar vías alternativas de solución. Se logró entonces ir por otra vía procesal que sí permitía intervenir al Procurador General, no ante la Corte Suprema, sino en la jurisdicción de Louisiana, Beaumont, a través de un hábeas corpus. Allí, Argentina no sólo se presentó como amicus curiae sino que también pidió al gobernador de Texas, George W. Bush, acompañando una fuerte presión internacional. Se presentaron para respaldar la solicitud de clemencia todas las embajadas de Latinoamérica, la ONU, Amnesty International y el Episcopado de EEUU apoyado por el Papa. En menos de un año, se había revertido el caso. La Corte Federal de Beaumont favoreció el hábeas corpus interpuesto y la apelación en Nueva Orleáns reafirmó este fallo. Pero aún así, la medida preventiva no evitó que en noviembre del año pasado se condenara a Saldaño nuevamente a muerte, sin importar ninguno de los argumentos y otra vez en razón de su “peligrosidad”.

Wamba, quien admitió que sus motivaciones se transformaron en personales y morales, confía en que no prosperará la vía federal, pero admitió que para ello hará falta un gran apoyo popular.

El abogado Juan Carlos Vega comentó que hace 8 años representa a Víctor Saldaño y a Lidia Guerrero ante la Corte y Comisión Interamericanas en la OEA. El caso, graficó, se desarrolla en dos escenarios. Por un lado, en el derecho interno americano por la ilegalidad del proceso judicial y, por el otro, en el derecho supranacional de la OEA. En este último ámbito, se abrió en 1999 el Caso 12.254, denominado “Víctor Saldaño vs. Estados Unidos de Norteamérica”, que ha tenido admisión formal y está a la espera de una decisión sobre el fondo.

En la OEA se utilizó la estrategia de denunciar a la vez al Estado argentino y al norteamericano. En la petición no se refutaba la pena de muerte, sino que se aducía que el sistema judicial norteamericano había cometido errores con abierta discriminación racial.  El hecho de que la Corte Suprema estadounidense en un certiorari sentenciara la nulidad de la condena, mandando a realizar nuevamente el proceso, constituye el antecedente más claro de la violación de los Estados Unidos a la Declaración Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, la defensa de EEUU argumentó que no se había agotado aún la vía jurisdiccional interna y entonces realizó el segundo juicio en noviembre del año pasado volviendo a condenar a Saldaño. “Pocas veces en mi vida vi un proceso judicial tan alejado de los estándares mínimos de legalidad”, dijo asombrado Vega.

Finalmente, Lidia Guerrero explicó que el perito psiquiatra que había sido contratado por la fiscalía norteamericana jamás visitó a Víctor y dictaminó sobre su peligrosidad sin conocerlo. “Yo estaba imposibilitada de verlo, de mandarle cosas”. Comentó que cuando fue a visitarlo en noviembre último, Víctor había perdido la capacidad del habla. En ese sentido, a Guerrero la habían citado para atestiguar y finalmente no la dejaron hablar aduciendo que su visión resultaría subjetiva.

Para ella, lo más importante ahora es que en ningún momento se habla del estado psíquico real de su hijo, que a esta altura está absolutamente deteriorado. Concluyendo, aclaró que para ella ya no se trata sólo del caso de Víctor, sino que se transformó en una lucha para que se termine la pena de muerte en el mundo. “Yo le agradezco a todos los que me han apoyado y a todos los profesionales que se han excedido en sus obligaciones. Mi hijo está ahora en manos de Dios”.