Jornada de presentación y discusión de los hallazgos del primer año de funcionamiento del Observatorio de Sentencias Judiciales para los Derechos de las Mujeres

• Notas

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentó el 22 de septiembre en el Salón Azul de nuestra Facultad los resultados del Observatorio de Sentencias Judiciales y del Observatorio de Medios de Comunicación, ambos creados en 2009 en el marco de la Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género. Estuvieron presentes Natalia Gherardi (Directora Ejecutiva de ELA), Gabriela Vázquez (Jueza de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo), Graciela Bourdieu (Defensora Adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén), Martín Böhmer, María Fernanda López Puleio y María Inés Zigarán.

Para dar inicio, Natalia Gherardi expresó su preocupación por la efectividad de ejercer los derechos en Argentina y consideró muy importante que nuestro país sitúe los problemas en el marco del trabajo regional con América Latina para aprender de la experiencia de otros países de la región.

En cuanto al Observatorio de medios de comunicación, comentó que la iniciativa de analizar el papel de las mujeres en los medios nació en Colombia ya que éstos contribuyen a la construcción de la agenda y a instalar determinado discurso acerca de las mujeres y sus derechos. De tal modo, el trabajo en el Observatorio de medios empezó a examinar de qué manera trataban los medios de comunicación el tema de violencia contra las mujeres. En Argentina son monitoreados 15 medios gráficos (7 de distribución nacional y 8 de alcance local). “A partir de las piezas periodísticas seleccionadas diariamente, se realizan informes de análisis para evaluar la persistencia o no de estereotipos de género y evaluar si los medios incorporan la perspectiva de derechos humanos en el cubrimiento de las notas sobre violencia contra las mujeres”, explicó. Además, aclaró que se incluye el tema de violencia y los sub-temas de violencia, como acoso sexual, trata, violencia física y psicológica, patrimonial y femicidio. Mencionó entonces que el monitoreo con respecto a la violencia, abarcó un período de seis meses, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de junio del mismo año.

Por otra parte, hizo referencia al Observatorio de sentencias judiciales, el cual tiene como objetivo revisar en qué medida los derechos de la mujer son objeto de litigio y cómo se resolvían. Observó, a su vez, que no se tiene la concepción de que las sentencias judiciales son información pública que debe ser claramente accesible, dejando a salvo la confidencialidad de las partes. “Sería altamente recomendable que existiera un tesauro jurídico uniforme en la Argentina que se compartiera entre las Cortes Supremas y con las asociaciones civiles”, aconsejó. En este sentido, resaltó que en el período del 1 enero de 2009 al 30 de agosto de 2010 se han cargado 116 sentencias judiciales y se reclama por derechos individuales, sólo algunos pocos casos que son pensados como litigios estratégicos.

Finalmente, propuso promover el uso de las sentencias judiciales como material para la reflexión política, académica y de enseñanza, y destacó el rol del lenguaje, considerándolo particularmente importante en el ámbito judicial, porque si la persona a la que está dirigida la sentencia no la comprende, este problema también puede constituir una barrera de acceso a la justicia.

A continuación, Gabriela Vázquez aportó una visión de la mujer en el Poder Judicial, en el trabajo de juzgar, formar y luchar por la toma de conciencia. Así, opinó que la Constitución Nacional del 94 ha contribuido mucho para instalar la cuestión de la visibilización de los problemas de las mujeres. Se refirió entonces a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en nuestro ordenamiento tiene rango constitucional y por el cual Argentina se obligó a adoptar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales, para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias de cualquier índole que estén basadas en la superioridad de cualquiera de los sexos. “Argentina se compromete a diseñar políticas destinadas para que toda mujer viva libre de violencia tanto en ámbito público como privado”, concluyó.

Por su parte, la exposición de Graciela Bourdieu versó sobre cuestiones prácticas en las que intervino la Defensoría del Pueblo y se lograron algunos resultados ciertos. Hizo mención entonces a casos de salud sexual y reproductiva en relación con el maltrato en los servicios de salud en hospitales públicos. También examinó asuntos de discriminación en el deporte y contra mujeres gitanas. Con respecto al abuso infantil, precisó que crearon la figura del defensor querellante de los niños y niñas abusados que debe intervenir necesariamente en todos los casos representando el interés superior del niño, sin perjuicio de que los padres o tutores se constituyan como tales. Además, se logró que el victimario no esté presente detrás de los vidrios de las cámaras hessel cuando se toma declaración a las víctimas.

Más adelante, Martín Böhmer indicó que el Observatorio de medios no tiene en cuenta las propagandas que los medios colocan junto a las noticias y muchas veces resultan un ejemplo de violencia de género en forma permanente. A su vez, estimó necesario investigar sobre el lenguaje del Derecho, no sólo para entender qué dicen las sentencias, sino para saber qué hacen los fallos cuando dicen lo que dicen. De tal modo, señaló que cuando un tribunal dicta sentencia no sólo se definen obligaciones para las partes, sino que se puede suponer que se dirige hacia otros tribunales, hacia otros poderes y también hacia futuros casos. “Para que la virtualidad pragmática de las sentencias tenga efectividad es necesario que haya investigadores que las registren, publicaciones que las hagan públicas y una sociedad civil que sea receptiva de los mensajes de los jueces”, sostuvo el disertante. Sin embargo, advirtió que el Estado es ineficaz y la sociedad civil, desobediente. Asimismo, subrayó que tanto los tribunales como las sociedades civiles en Argentina están generando una forma novedosa de creación de Derecho. En este orden de ideas, percibió que actualmente la sociedad civil amenaza al Estado con lo que denominó “la sombra de la desobediencia”, a través de piquetes, tomas de colegios y amparos colectivos, tratándose de situaciones donde los actores soportan la violación de sus derechos hasta que hacen una propuesta al Estado, a veces violenta o a través de demanda judicial. Instó finalmente a que la sociedad civil utilice el Poder judicial, sobre todo cuando la política vulnera derechos y está fuera de los parámetros de la Constitución.

Por su parte, María Fernanda López Puleio entendió que el acceso a la justicia trasciende toda la discusión sobre el tema de género y resulta imperioso favorecer concretamente en la práctica el acceso de las mujeres a la justicia. Desde la Defensoría General de la Nación, abordó la experiencia en la cuestión de las mujeres presas, destacando que les preocupa su situación de pareja y lo que sucede con sus hijos cuando no están con ellas.

Hizo referencia también a la Comisión de Género en la Defensoría Pública y a la firma de un Convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que todas las personas que asisten a la Defensoría con la intención de relatar un conflicto tengan la posibilidad previa de tener un asesoramiento jurídico, y eventualmente, un patrocinio.

Por último, Maria Inés Zigarán brindó algunas características de la provincia de Jujuy, de donde es oriunda, comentando que hay escasa renovación dirigencial en la forma de organización política, una baja calidad institucional y poca penetración de los nuevos derechos incorporados con la reforma constitucional de 94. A su vez, hay un alto índice de delitos contra la integridad sexual y de mortalidad por aborto.

Aludió entonces a que hace dos años un grupo de mujeres propuso un litigio estratégico para llevar a la justicia la cuestión de la ausencia de una ley de cupos, solicitando que se condenara a los poderes públicos por el incumplimiento de disposiciones constitucionales, esto es, garantizar la igualdad real en el proceso eleccionario. Se resolvió con una sentencia favorable que obligó al Poder Legislativo y Ejecutivo a que en un plazo de 90 días dicte una legislación que tome una medida de acción positiva para incrementar la presencia de las mujeres en las listas de cargos electivos.

Al finalizar el evento se entregaron ejemplares de las publicaciones del Observatorio de Sentencias Judiciales y del Observatorio de Medios del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.