III Jornada Internacional sobre Derecho y Justicia

• Notas

Los días 29 y 30 de septiembre se llevaron a cabo en el Salón de Usos Múltiples del Instituto Gioja, III Jornada Internacional sobre Derecho y Justicia, que en esta ocasión versó sobre “División de Poderes. Nuevos Desafíos y diseños institucionales para el Estado”. La actividad, que contó con la participación de expositores de Argentina, Brasil y México, fue dirigida por Jorge Bercholc y Carlos Rebelo y coordinada por Juan Barile y Sebastián Sancari.

En primer término, Jorge Bercholc se refirió al Nordeste de Brasil como el “Brasil profundo” y destacó la relevancia de relacionarse con esta región. Además, afirmó que se entiende que el Estado está sujeto a una mayor cantidad de demandas cada vez más complejas. “Hay una enorme complejización de las demandas que recibe el Estado como conjunto de organizaciones e instituciones que estructuran la sociedad, complejización que es cuantitativa y cualitativa”, describió. Así es como el Estado tiende a agrandarse. En ese sentido, explicó que algunos hablan de una “hiperinflación legislativa”, lo que debe entenderse como el aumento incesante de la actividad normativa desde el Estado, no solo del Parlamento, sino la actividad normativa de distintas agencias que no son el Parlamento. “No solo las leyes que sanciona el Parlamento, sino también infinidad de cantidad de normas que surgen de otras agencias del Estado”, adicionó. Bercholc entiende que hay una expansión del proceso de ciudadanía, que otorga más derechos, lo que implica una necesidad de una red más densa de agencias estatales que organicen esa expansión de derechos y ciudadanía. De esta manera, sostuvo que los desafíos actuales a los que están sometidos los Estados hoy obligan a nuevas respuestas desde la comunidad académica para describir más fielmente al Estado hoy y realizar propuestas más realistas. “Toda esta complejidad convive con el fenómeno de inclusión social (…) Tenemos sectores en nuestra sociedad conviviendo con nosotros que todavía no tienen consagrados sus derechos de primera y segunda generación”, remarcó y añadió: “Si convivimos con procesos de ciudadanización y con procesos de contracción de la ciudadanía, vamos a tener en la sociedad sectores sobrerrepresentados y subrepresentados. El Estado también so pena de la disgregación social debe dar respuesta a esto”.

Ângelo Roberto Antoniolli, Rector de la Universidad Federal de Sergipe, mencionó que Sergipe es el Estado más pequeño de Brasil y explicó que en la Universidad brasilera se está viviendo un momento de euforia teniendo en cuenta el rápido crecimiento en los últimos cuatro años en la cantidad de alumnos, programas de maestrías y de doctorados. Se interrogó cómo crear una Universidad que se adapte a los sueños y deseos de jóvenes y remarcó, entre otras cuestiones, la importancia de crear grupos de trabajos integrados por pensadores argentinos y sergipanos. Además, consideró que están inclinados a pensar una Universidad mirando a la sociedad, pero no individualmente, sino como una red de Universidades.

Seguidamente, tomó la palabra Sara Berenice Orta Flores, quien se refirió a la jurisdicción constitucional frente a los actos legislativos en México. Orta Flores comentó que la forma para estudiar violaciones al procedimiento legislativo en México fue a través de la Suprema Corte de Justicia, la cual tiene la facultad de realizar un control constitucional abstracto, el cual tiene lugar mediante las acciones abstractas de constitucionalidad. “Abstracto quiere decir que no hay un ofendido, el ofendido es la Constitución”, explicó. De esta manera, un ente legitimado mencionado en la Constitución reclama que alguna norma general es contraria a la Constitución. Con relación a la investigación, el período de estudio abarca 16 años, que corresponden al inicio y al término de la novena época del semanario judicial de la federación. “La Suprema Corte de Justicia separa sus fallos por épocas. Esto responde a parámetros de interpretación constitucional determinados”, describió. En cuanto al ámbito de investigación, el mismo es en todo el país, ya que la acción abstracta de constitucionalidad es concentrada. “Solamente pueden acudir, de cualquier parte de la República, a la Suprema Corte de Justicia. Esto es lo que lo hace un control concentrado de constitucionalidad. A un investigador parlamentario le ayuda mucho que sea un control constitucional concentrado porque a la Suprema Corte llegan todas las violaciones al procedimiento legislativo que se hayan demandado”, puntualizó. Mencionó, además, que su objeto de estudio fueron 341 violaciones al procedimiento legislativo, pero estas se tenían que desagregar con un orden porque cada violación era distinta. Para poder ordenar estas violaciones, se utilizó la teoría de la democracia constitucional, la que permitió distinguir aquellas violaciones que vulneran el principio democrático. De esta forma, Orta Flores indicó que el 85% de las violaciones cometidas por los diputados tienen que ver con la vulneración al principio democrático. Por otra parte, resaltó como una cuestión a reformar el hecho de la acción de inconstitucionalidad sea muy restrictiva, teniendo en cuenta que solo se tienen 30 días naturales luego de que se emitió la norma para interponer la acción.

La jornada continuó con distintas exposiciones de profesores de la Facultad y de casas de estudio latinoamericanas.

“Si convivimos con procesos de ciudadanización con procesos de contracción de la ciudadanía, vamos a tener en la sociedad sectores sobrerrepresentados y subrepresentados. El Estado también, so pena de la disgregación social, debe dar respuesta a esto”, entendió Jorge Bercholc.