Gestión de conflictos sanitarios: una respuesta a la judicialización de la salud

• Notas

En la tarde del 12 de octubre el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho organizó un encuentro académico destinado a abordar la temática referida a los conflictos sanitarios y el modo en que estos suelen ser gestionados. Vale recordar que el Observatorio constituye una iniciativa universitaria que se volvió una realidad en el año 2009 y que funciona dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria. El mismo se origina en base a la especial importancia que reviste para toda la sociedad asegurar la eficiencia, eficacia y equidad en el acceso al sistema sanitario, así como la garantía del pleno goce al derecho humano a la salud, representando tal órgano universitario un ámbito propicio para la investigación, el análisis y el debate interdisciplinario del derecho de la salud, a fin de producir fuentes de conocimiento útiles para la comunidad en toda su extensión.

Para esta oportunidad los expositores fueron primeramente presentados por Marisa Aizenberg, quien conjuntamente con Rubén Tucci, estuvieron dedicados a la dirección académica del evento. La coordinación, por su parte, estuvo a cargo de Romina D. Reyes.

Marisa Siboldi, egresada de esta Casa y primera expositora de la jornada, fueron expresó: “Cada vez que se habla del sistema de salud argentino se habla de que es un sistema fragmentado o segmentado, es decir, un sistema compuesto por distintos subsectores”. Dentro de estos subsectores incluyó la panelista a la seguridad social, el sector público y de salud. Advirtió que la relación entre estos tres subsectores no siempre ha resultado del todo clara. De hecho, alertó que en la actualidad se presentan sistemas de financiamiento, políticas de incentivos y poblaciones a atender distintas que no encuentran en el modo en que el actual sistema nacional de salud está dado una pacífica convivencia. Todo ello termina por profundizar lo que Siboldi denomina una segregación poblacional. En un estado de segregación poblacional, sectores de nuestra sociedad, al demandar atención sanitaria, quedan sometidos a las inclemencias de la ubicación geográfica en que se encuentren, de su poder adquisitivo o del tipo de trabajo que posean y no a objetivos sanitarios claros emanados de las directrices del Estado.

Más tarde, el encuentro de prolongó con la exposición de Alicia Gallardo, presidenta de la Asociación de Operadores de la Salud, explicó que “si bien la mediación como método alternativo de resolución de conflictos genera soluciones mucho más rápidas y económicas, creemos además que se pueden crear mecanismos que generen una gestión del conflicto dentro de cada una de las organizaciones de salud”. Expresó que es posible configurar ámbitos de gestión y de prevención de los conflictos sanitarios a través de mecanismos orientados a la capacitación de todos los actores que intervienen en la cadena de atención ofrecida al público. Por otro lado, se mostró confiada en que, a través de nuevas metodologías, es factible la iniciación de un proceso de judicialización de los conflictos de salud en la Argentina.

Luego la siguió Mariano Negro, asesor en la Superintendencia de Servicios de Salud, que comentó que el órgano estatal en el cual se desempeña podría ser definido como un ente de regulación y control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud, siendo su principal misión la de supervisar, fiscalizar y controlar a las obras sociales y a otros agentes del sistema. Todo ello con vistas a asegurar el real cumplimiento de las políticas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación para la promoción, preservación y recuperación de la salud de la población y la efectiva realización del derecho a gozar las prestaciones de salud según se establece en la legislación vigente.

“Ante los conflictos que se plantean entre las obras sociales, los prestadores y los beneficiarios del sistema, la Superintendencia de Servicios de Salud actúa bajo el régimen de la ley 19.549 (Ley de Procedimiento Administrativo)”, explicó.

En lo atinente a la medicación, consideró un muy saludable indicio la posibilidad de poder introducir metodologías alternativas de resolución de conflictos en las controversias surgidas de los servicios de salud.

Adentrándose en una cuestión de gran actualidad pero de alta controversia, declaró que en determinadas circunstancias algunas Obras Sociales pueden verse afectadas por contar con un alto número de afiliados que requieren de tratamientos especiales, complejos y desde ya extremadamente onerosos.
Tal vez, el ejemplo paradigmático sean los pacientes portadores de HIV. En estos casos, el Fondo Solidario de Redistribución, financia un reintegro en beneficio de estas Obras Sociales, para que estas últimas puedan seguir prestando a sus afiliados un servicio que incluya dichos tratamientos especiales y complejos.

Sobre el final del encuentro, Alberto Bozzolo, economista y vocal del Consejo de Administración del Hospital Posadas, relató su experiencia personal en los años transcurridos en el hospital.

“Cada vez que se habla del sistema de salud argentino se habla de que es un sistema fragmentado o segmentado”, subrayó Marisa Siboldi.