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Año XXI - Edición 371 21 de abril de 2022

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Entre protección y castigo. Vulnerabilidad y represión en el caso de los migrantes

  • Notas

El pasado 28 de marzo, en la Sala Vélez Sarsfield, se llevó adelante la jornada "Entre protección y castigo. Vulnerabilidad y represión en el caso de los migrantes", organizada por el Centro de Estudios sobre Ejecución Penal (CEEP).

En este marco, expuso Ana Aliverti (profesora Asociada de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Warwick y codirectora del Centro de Justicia Penal, también en Warwick). Su investigación explora cuestiones de identidad nacional en la justicia penal, y de derecho, soberanía y globalización. Directora Asociada de Border Criminologies y miembro de los consejos editoriales de Theoretical Criminology, Delito & Sociedad, Revista Española de Investigación Criminológica, Punishment & Society, y Howard Journal of Crime and Justice.

Moderó Leonardo Pitlevnik (director del Centro de Estudios de Ejecución Penal. Adjunto regular, Departamento de Derecho Penal y Criminología).

Ana Aliverti comentóen qué consistía el trabajo que estructuró su presentación. “Estuve trabajando particularmente con la policía de migración en Inglaterra y es un trabajo que se basa en la importancia de cuestiones de vulnerabilidad, la protección de personas vulnerables y en qué forma se trata por los agentes de migración”, planteó y agregó que “el trabajo es conceptualmente se enfoca en las políticas ambivalentes, y particularmente lo llamo el Estado ambivalente, en relación con el tratamiento, de lo que Didier Fassin trata como la gestión social, en las formas en que la marginalización y la precariedad social son definidas y gobernadas por el Estado”.

Luego, explicó que esta idea del Estado ambivalente la tomó del trabajo de Javier Aullero que recientemente publicó un libro sobre el rol de la policía en el narcotráfico en Argentina. “Justamente habla de este estado ambivalente que, por un lado, persigue el narcotráfico y, por otro lado, está extremadamente envuelto, involucrado en el negocio del narcotráfico. El Estado ambivalente en este contexto específico de mi trabajo se relaciona con la importancia y el énfasis del giro punitivo, que ha sido un giro que ha ocupado a la criminología en varios países del mundo, tanto de Europa, Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, más o menos en las tres últimas décadas”, postuló. En relación con el giro punitivo, señaló que “a raíz del trabajo de David Garland, pero quizás un poco antes con Bakán, que plantea que lo que observan es que el delito se traduce, o sea, se legisla, se regula como un problema de déficit de control, más que un problema de desigualdades sociales como las políticas del Estado de bienestar en relación con las políticas penales del Estado del bienestar”. Y añadió que “una perspectiva de control y castigo, el manejo y el gobierno de la marginalización social, la cuestión social de la que hablan marcan una transición entre el Estado de bienestar al Estado neoliberal”.

Asimismo, afirmó que “este giro punitivo como argumentan es evidente en la sobrecriminalización, delitos de los que Husak vincula a la sobrecriminalización y la tendencia a utilizar los penales como incremento para regular la vida social. La popularidad de la policía de la mano dura y la tolerancia cero, el aumento de sentencias y el crecimiento de las poblaciones carcelarias, pero también la afección de otros problemas sociales. Por ejemplo, a través de la lógica del castigo, por ejemplo, de la cuestión de la inmigración”.

Por otro lado, remarcó que “los criminólogos afirman que están relacionados con cambios culturales más generales concomitantes a la forma en que las sociedades perciben a los delincuentes y responden al delito. Tales políticas han sido inspiradas y legítimas por sensibilidades sociales que canalizan ansiedades racializadas y xenófobas sobre el otro, peligroso en la forma del inmigrante, el terrorista, el joven pobre”.

En esa línea argumental, indicó que “si bien este giro punitivo es evidente y caracteriza una diagnosis correcta de las racionalidades y prácticas contemporáneas en relación con el sistema de justicia penal, no refleja completamente las tendencias que existen en la gestión del delito, en la gestión de la precariedad social”. En relación con la idea anterior, expresó que “en el Reino Unido, como en otras jurisdicciones, el lenguaje de vulnerabilidad y salvaguardia es cada vez más frecuente en las políticas de justicia penal”. “Si bien a menudo se han expresado preocupaciones sobre el sufrimiento y la vulnerabilidad en relación con víctimas de delito, a veces reforzando respuestas punitivas hacia los perpetradores, la atención en la política de justicia penal comenzó más recientemente a centrarse en los que sufren y en los necesitados, tanto víctimas como perpetradores”, aseguró.

La expositora manifestó que la cuestión de la vulnerabilidad tiene raíces en la filosofía feminista, en el trabajo de Judith Butler: “Cuestiona la teoría liberal que asume al sujeto de derecho como un sujeto autónomo, como un sujeto incorpóreo. Y lo que dice ella es que la vulnerabilidad y la precariedad son aspectos intrínsecos de la existencia humana, de estar en el mundo con los demás y de corporeidad”. La vulnerabilidad surge de la sociabilidad e indica condiciones de dependencia física entre seres humanos. “La vulnerabilidad está distribuida inequitativa globalmente en la medida que algunos grupos son más vulnerables que otros y están más expuestos a riesgos en sus vidas que otros. Y de ahí que la vulnerabilidad, Buttler dice, está conectada con la política y con el poder. El poder construye marcos de reconocimiento que si circunscriben nuestras responsabilidades morales respecto de los nuestros, pero construyen la vida de otros, de otros distantes como desechables, invisibles y olvidables”, afirmó.

Entonces, los marcos de referencia limitan la capacidad de empatía con ciertos grupos. Esta concepción de la vulnerabilidad como condición humana, como imperativo moral, aparece vinculada con el humanitarismo. “En las condiciones contemporáneas, la interconectividad y las dependencias globales puestas al descubierto por catástrofes ambientales, políticas y financieras, así como por la creciente polarización de la riqueza y las desigualdades globales, han incentivado nuevos esfuerzos humanitarios para aliviar el sufrimiento”, aseveró y retomó que “Didier Fassin dice que el humanitarismo se ha convertido en una forma de poder para definir y gobernar. La precariedad social es una respuesta de nuestras sociedades a lo intolerable del estado del mundo contemporáneo y nos redime de la culpa de vivir en un mundo profundamente desigual”.

Para concluir, expresó que “el giro humanitario, que se manifiesta particularmente en esta centralidad de cuestiones de protección y salvaguardia por poblaciones vulnerables, no es una simple cortina de humo para legitimar políticas represivas, como muchos analistas, incluidos criminólogos, pero también abogados, argumentan”. Y añadió que “me interesa explorar el potencial del concepto de vulnerabilidad para cuestionar prácticas e instituciones que se sustentan en la diferencia y la distancia social geográfica y están orientadas a reproducir estas diferencias. La cercanía con el dolor y la fragilidad humana pueden desestabilizar estos marcos de referencia y expresar una ética de cuidado”.

Por lo expresado anteriormente, señaló que el giro humanitario conlleva importantes dilemas morales y tensiones en la producción del orden social al seno del Estado y evidencia las limitaciones de la punibilidad como principio organizador en la justicia penal y migratoria y una creciente demanda de humanización del poder estatal. “El énfasis en la protección pone al desnudo una imagen menos asertiva del Estado y una postura más ambivalente frente a la precariedad y desigualdad”.