Encuentro Franco-Argentino-Mexicano de Derecho Público

• Notas

Con el fin de analizar la tutela del patrimonio cultural, el régimen jurídico de los archivos, el derecho a la memoria y el acceso a la información, el 29 de septiembre se llevó a cabo en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho el Encuentro Franco-Argentino-Mexicano “La tutela del patrimonio cultural, los archivos y el derecho a su memoria”. La coordinación general de la actividad estuvo a cargo del Prof. Isaac Augusto Damsky (h); mientras que en el acto de apertura disertaron los Dres. Hernán Celorrio, Eduardo Barbarosch (Secretario de Investigación de la Facultad de Derecho) y Juan Pablo Zabala (Director del Archivo General de la Nación).

Para comenzar, el Dr. Hernán Celorrio comentó que el análisis en sustancia de los derechos culturales, si bien poseen una raigambre histórica, tiene una trascendencia específica recién a partir de los años 50 en adelante. Señaló entonces que en el tratamiento internacional de los derechos humanos se ha desarrollado a partir de los años 50 una integración entre los tradicionales derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales. Además, resaltó que los derechos sociales obedecen al desarrollo específico de la concepción del Estado, del pasaje del Estado liberal al Welfare State o Estado social de Derecho y aseguró que el hecho significativo de estas últimas décadas es la incorporación de los derechos culturales, los cuales no suponen específicamente una afirmación sustancial genérica sino que ha sido una afirmación normativa e hizo referencia al artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución en función de la reforma del año 94, a través del cual han sido incorporados directamente una serie de Tratados Internacionales. Dentro de ellos, se refirió al Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que plantea que los derechos culturales constituyen un esquema integrado con los derechos económicos y sociales, y también mencionó la Convención americana de Derechos Humanos, incorporados con la llamada cláusula de progresividad del artículo 26. “No hay futuro sin historia, la referencia a nuestro patrimonio cultural adopta una normatividad que como tal es aplicable e incidentalmente relevante en términos jurídicos”, concluyó.

Posteriormente, el Dr. Eduardo Barbarosch brindó una definición de cultura adoptada por la UNESCO, entendiéndola como todos aquellos bienes tangibles e intangibles que corresponden en cierta medida a la identidad de los pueblos, de las naciones, donde hay una diversidad cultural y que debe tener una propiedad, una característica de universalidad, que sea un bien para la humanidad. Distinguió la cultura de la tradición ya que “la tradición que integra el concepto de cultura resulta a veces reactiva frente a los cambios y la cultura necesita de la libertad de creación, de dar expresión al espíritu”, afirmó el disertante. Hizo mención entonces a que la existencia de una diversidad de culturas supone tolerancia, los pensamientos de los otros, sus construcciones culturales, bajo el rasgo característico de la libertad de expresión y de la libertad de conciencia. Con respecto a la tradición, opinó que ésta es aceptable en tanto no imponga restricciones a la creación y a la progresión de la cultura ya que existen algunas tradiciones autoritarias que, como tales, impiden el desarrollo de la cultura. En consecuencia, advirtió que la diversidad cultural debe estar alerta de los arrebatos, reacciones ideológicas y motivos de intolerancia.

A continuación, el Dr. Juan Pablo Zabala hizo referencia a la ley 15.930 sancionada en el año 61 que rige el Archivo General de la Nación. Indicó, sin embargo, que esta ley no ha sido reglamentada, lo cual genera problemas de procedimiento porque da la función de reunir, preservar y difundir los materiales de valor histórico de la documentación nacional pero no aclara cuáles son esos documentos ni cómo se hace para reunirlos. Además, observó que no hay un procedimiento que permita establecer de antemano cómo establecer el valor permanente o histórico de esos documentos. Ante la situación de que muchos Ministerios y organismos destruían la documentación producida, resaltó que se ha reglamentado parcialmente y se han establecido algunos plazos de guarda en alguno de los procedimientos administrativos concretos. Puntualizó como falencia la inexistencia de un ciclo vital archivístico que permita una incorporación sistemática de documentación y esto se debe a que no hay en los organismos y Ministerios de la Administración pública un Departamento archivístico profesional. En consecuencia, manifestó que no hay una clasificación primaria de la documentación y no hay un ordenamiento acorde a las normas archivísticas que permita establecer algún criterio primario para poder funcionar de forma sistemática.

Seguidamente, el primer panel sobre “La tutela del patrimonio cultural y los Archivos públicos” estuvo integrado de los Dres. Jèrôme Fromageau (Decano de la Facultad Jean Monnet de Derecho, Economía y Administración de la Universidad de París XI, Francia), Jorge Fernández Ruiz (coordinador de los Posgrados de la Universidad Autónoma de México), Pablo Clusellas (Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Miguel Ángel Ciuro Caldani (Director del Departamento de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho) y Sebastián Piana (Profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Plata).

En primer término, el Dr. Jèrôme Fromageau examinó la actualidad de la protección del patrimonio cultural en Francia y en la Unión Europea, y el régimen de los museos, arqueología y monumentos históricos de su país. Aludió entonces al enfoque jurídico del concepto de patrimonio cultural, identificando que en Europa cada país o región desarrolla un concepto propio de patrimonio cultural y que la Convención de París de 1972 distingue patrimonio cultural del patrimonio natural. Además, mencionó el notorio trabajo del Consejo de Europa en este ámbito. No obstante, estimó que la Unión Europea no se ha involucrado totalmente en políticas culturales, excepto para la circulación de bienes culturales dentro de la Unión y en el exterior.

Acto seguido, el Dr. Jorge Fernández Ruiz explicó el régimen jurídico de la protección del patrimonio cultural en México enfocándose en el Archivo General de la Nación de ese país y la preservación del patrimonio cultural. De este modo, entendió al archivo como el sitio donde se guardan documentos interesantes, generalmente de origen oficial, que dan testimonio fidedigno de tiempos anteriores y constituyen fuentes históricas de gran valía para la investigación científica y humanística. Además, lo caracterizó como propios de los pueblos civilizados y cuando demuestra el desarrollo de las actividades de un país se trata de un Archivo General, diferenciándolo del personal y del institucional. Aclaró también que en México, uno de los diez organismos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación (equivalente al Ministerio del Interior de Argentina) fue erigido en rector de la archivista nacional, a cuyo cargo quedan las acciones de custodiar, ordenar, describir y conservar cuanto documento forme parte de su acervo con miras a propiciar y promover su consulta y aprovechamiento público. Finalmente, brindó los antecedentes y la evolución del Archivo General de la Nación en México.

A su turno, el Dr. Pablo Clusellas aseveró que la Administración pública es un gran generador de documentos, de datos, de información y remarcó que cuando se refiere a archivos, se trata de una etapa del documento en la gestión pública y que la preservación del patrimonio cultural es una política contemplada en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, recordó las etapas del documento en la gestión pública, que constan de nacimiento, publicidad y archivo. Postuló entonces que no deberían ser políticas segmentadas, sino que en los tres campos se debe intentar realizar buenas prácticas: en primer lugar, buscar soluciones sobre el stock y sobre el flujo y en el momento de analizar la documentación, preservar el documento desde que nace, se publica y cuando se archiva; también se debe “trasparentar” el documento, es decir, hacer transparente la existencia del documento, su publicación y archivo; y vinculó al tercer ciclo, el acceso y el derecho a la información.

Más adelante, el Dr. Miguel Ángel Ciuro Caldani reflexionó sobre los archivos, la cultura y el Derecho, manifestando que la importancia que se puede atribuir a los documentos y a su conservación proviene de que la historia se considera iniciada con la invención de la escritura, porque desde entonces hubo un mejor puente entre el pasado, el presente y el porvenir. Agregó entonces que los documentos viven en la cultura, y que cada cultura en cada momento y lugar genera un tipo de documentación y conservación de la documentación. Puntualizó también que “cuando se habla de archivo debe referirse a la época democrática y republicana, y tanto más a una nueva era de la historia, que significa una enorme transformación basada fundamentalmente en el cambio tecnológico, de información, de comunicación y que produce un enorme cambio en la documentación”. Asimismo, se cuestionó quién archiva, para quién se archiva y qué razones hay para el archivo. En este sentido, observó que el archivo es un instrumento de poder y por ello el Estado no debería monopolizarlo, sino que deben promoverse archivos de la sociedad civil, lo cual también consiste en una garantía de los débiles ante gobiernos autoritarios. Para concluir, consideró necesaria una estrategia cultural y jurídica de los archivos.

Hacia el final del panel, Sebastián Piana estudió la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada en el 2007, y el acceso a la información del Estado, en cuanto a la difusión y preservación de la información pública. En tal sentido, describió que el mundo contemporáneo está caracterizado en la profusión de las nuevas tecnologías y que la información y el conocimiento constituyen factores esenciales de la productividad como también del desarrollo humano. Subrayó entonces que la Carta reconoce una serie de derechos para el ciudadano: conocer con facilidad a través de los medios electrónicos qué están haciendo las Administraciones y hacerlas más transparentes, más controlables, contribuir a luchar contra la corrupción, generando confianza en los gobiernos. Destacó además que los dos objetivos en la Carta son: uno final y directo, reconocer que los ciudadanos tienen el derecho de participar electrónicamente de la cosa pública y otro más estratégico e indirecto, promover una sociedad de información inclusiva, para el desarrollo de las personas. Finalmente, expresó que “es importante estudiar qué utilización le están dando los Parlamentos a las tecnologías, ya que éstas facilitan de forma muy rápida mostrar qué se está haciendo, generar participación y conocer la opinión de los ciudadanos en el debate de la cosa pública”.

Luego, tuvo lugar el segundo panel acerca de “Archivos, Patrimonio Cultural y Derechos Humanos”, coordinado por Guillermo Cony, en el cual participaron François Julien-Laferriere (Profesor emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de París XI, Francia), quien analizó el régimen del acceso a los documentos administrativos en el Derecho francés; Pascal Even (especialista en archivos del Ministerio de Cultura de Francia), disertó sobre el régimen de los archivos públicos y culturales en el Derecho francés; Mónica Pinto (Presidenta de Eudeba y profesora de nuestra Facultad) explicó la construcción del derecho a la memoria en el sistema internacional de Derechos Humanos; Isaac Augusto Damsky (h) desarrolló la protección del patrimonio cultural en la internacionalización del ordenamiento argentino; y Miguel Alejandro López Olvera trató el régimen de los archivos públicos en México.

La conferencia de cierre estuvo a cargo del Dr. Agustín Gordillo. Seguidamente, Juan Martín Alterini se ocupó de las conclusiones y presentación de la conferencia de cierre, y el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Atilio A. Alterini brindó unas las palabras finales.

Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas En el marco del Encuentro Franco-Argentino-Mexicano de Derecho Público, se celebró en el Salón Foyer de nuestra Facultad, un acto encabezado por el Presidente del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas, Dr. Miguel Alejandro López Olvera, junto a su Secretario General, Prof. Isaac Augusto Damsky (h) y el Vicepresidente por Argentina Prof. Juan Martín Vocos Conesa, quienes entregaron los diplomas de reconocimiento a los profesores de Derecho Público argentino integrantes del Foro. Fueron distinguidos: Juan Martín Alterini, Raúl Fernando Abalos Gorostiaga, Juan Ignacio Sáenz, Ignacio Celorrio, Ana Carolina Gaillard, Mariano Cordeiro, Juan Martín Vocos Conesa, Juana María González Arzac, Leandro Chulack, Guillermo Cony y Santiago Carrillo.