Encrucijadas de la Integración Regional
Leila Devia, Ana María Vernetti, Gabriela Mastaglia, María Isabel Morín y Sandra Negro
Organizado conjuntamente por el CEIDIE y la cátedra de Derecho de la Integración de la profesora Sandra C. Negro, los días 1 y 2 de junio tuvo lugar en el Salón Azul el seminario internacional “Encrucijadas de la Integración Regional”.
El primer día del seminario contó con la participación de Sandra Negro, Gabriela Mastaglia, Ana María Vernetti y Leila Devia; la presentación de cada ponencia fue hecha por María Isabel Morín.
De manera introductoria, la profesora Sandra Negro estimó que su título se debe a que, actualmente, el término “encrucijada” admite múltiples interpretaciones en relación con el derecho de la integración. “La palabra encrucijada significa que es un punto o un lugar de encuentro entre dos calles o dos lugares físicos”, definió. En este sentido, manifestó que en el ámbito de la integración existen numerosos puntos de encuentro así como también de desencuentro. Luego, agregó una segunda acepción del término encrucijada: “Hace referencia a la idea de problema o dilema ante el cual hay distintas circunstancias que ofrecen diversas posibilidades para su solución” y aseveró que este concepto también es aplicable a la cuestión de la integración. Por último, se refirió a un tercer significado, el cual comprende la dificultad de salir de una situación problemática.
El primer panel se tituló “Agendas abiertas. Dificultades actuales y perspectivas de negociación”. Leila Devia indicó que dentro del derecho de la integración existen numerosas encrucijadas, una de las cuales envuelve a la cuestión ambiental en particular. Así, desarrolló cuál es la situación ambiental actual. Explicó que se creó la UNEA, es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Ambiente, con el objeto de fortalecer el programa de la ONU para el medioambiente. “Estamos ante la encrucijada y el desafío de ver cómo hacemos que se pueda cumplir esta agenda de desarrollo”, señaló. En este sentido, opinó que a partir de la integración de lo ambiental, lo económico y lo social será posible llevar a cabo el cambio que se busca. Agregó que el septiembre próximo se va a desarrollar una nueva Asamblea General de Naciones Unidas para tratar la cuestión del medioambiente y actualizar los objetivos que habían sido propuestos. Finalmente, reflexionó lo siguiente: “Si vamos a aprobar en septiembre los diecisiete nuevos objetivos y un fondo de financiamiento, la encrucijada, desde el punto de vista ambiental, va a ser que vamos a volver dentro de quince años a tener una agenda pos 2030. Desde el punto de vista regional, el problema va a ser que si ese fondo y esos replaneamientos se siguen achicando, la integración regional va a ser más difícil de lograr en estos ámbitos porque el dinero no va a ser suficiente, como ya ha sido demostrado”.
A continuación, Ana María Vernetti abordó el tema de la dualidad que existe respecto del factor de atribución en el tema de la responsabilidad medioambiental y a los plazos de prescripción de las acciones medioambientales. En primer lugar, se refirió al factor de atribución y estimó que constituye un elemento fundamental para que la indemnización tenga lugar. Entendió que, ante un daño ambiental, se puede estar frente a un factor de atribución subjetivo u objetivo y que resulta de suma importancia decidir acerca de si se trata de uno u otro debido a que ello influye en los eximentes. “En nuestra ley, la responsabilidad por el daño ambiental tiene un factor de atribución objetivo, lo cual implica que los eximentes tienen que estar relacionados con la ruptura del nexo de causalidad”, explicó. No obstante, indicó que dicho factor de atribución recibe un distinto tratamiento en otras legislaciones y brindó una serie de ejemplos. Luego, desarrolló la cuestión de los plazos de prescripción. Señaló que, en nuestro país, la ley general sobre medioambiente no tiene un plazo especial de prescripción razón por la cual la Corte Suprema, a partir de diversos fallos, aplica el plazo general de prescripción. Tal no es el caso en otros países de Latinoamérica, como Chile o México, en los cuales sí hay establecidos distintos plazos.
Por último, Gabriela Mastaglia analizó la cuestión de los derechos humanos, en particular, las migraciones. Afirmó que consiste en uno de los temas centrales del Mercosur y ha sido incluido como parte de su agenda política desde su comienzo. Acto seguido, señaló que el Mercosur posee un tratado específico sobre derechos humanos: el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur. “Este tratado lo que busca promover es la cooperación para la promoción y protección de los DDHH en el ámbito del Mercosur a través de los sistemas institucionales del Mercosur. Además, establece un sistema de consultas y sanciones para casos de graves y sistemáticas violaciones de los DDHH en los países miembro”, explicó. Agregó que, en materia de migraciones, existe un acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes que todavía no ha entrado en vigencia y la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual no es propia del Mercosur pero los países miembro se han adherido a ella. Luego, se enfocó en la cuestión de migraciones propiamente dicha y las definió como los principales pilares del proceso de integración. Así, señaló aquellas políticas impulsadas desde el Mercosur que facilitaron estos procesos. Por último, se refirió a la opinión constructiva emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual contiene una serie de requisitos que deben cumplir los estados miembros para evitar la violación de los migrantes.