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Año XIII - Edición 238 09 de octubre de 2014

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El medicamento como bien social

  • Notas

Con la organización del Observatorio de Salud y el Seminario de Investigaciones en Derecho y Salud del Instituto Gioja, el 10 de septiembre pasado se realizó en el Aula 1 de la Facultad una jornada que abordó el medicamento como bien social. Participaron de la actividad Marta Spinetto, Juan Carlos Fernández, Guillermo Cleti, Cesar Daniel Salomón y Jorge Rachid. Coordinaron Clara Alvarez del Río y Carolina Gonzalez.

A su comienzo, Marta Spinetto, directora de Fiscalización y gestión de Riesgos – INAME – ANMAT, explicó que no hay un consenso acerca de lo que es un bien social; sin embargo, lo identificó como todo aquello que tiene aptitud para satisfacer necesidades. Por lo tanto, el uso o el consumo de los bienes producen satisfacción a una necesidad. “Los medicamentos son parte de tecnologías sanitarias que permiten devolver a un individuo la salud. La masividad de su uso ha incrementado la expectativa y calidad de vida de la población”, manifestó. En su fase de producción y comercialización, el medicamento podría ser considerado un bien privado, dado que se rige por las normas de la propiedad intelectual. No obstante, su acceso y su uso por parte de la población es, a todos los efectos, un bien social. “El medicamento, a partir del principio de derecho a la salud y a la vida, permite realizar los cuidados médicos y proteger o recuperar la salud, así como también paliar dolor en los casos terminales”, señaló. Desde la perspectiva de la política sanitaria, no solo se busca velar por el acceso a la población de los medicamentos, sino también garantizar a la población la calidad, seguridad y eficacia de todos los productos por medio de una adecuada regulación y vigilancia. “La autoridad sanitaria nacional, ANMAT, es la encargada de velar por estos aspectos de resguardo de la población, y asegurar que todos los medicamentos que se consuman cumplan parámetros de calidad, seguridad y eficacia”, concluyó.

En segundo lugar, Juan Carlos Fernández, director de Evaluación y Registro de Medicamentos – INAME – ANMAT, indicó que la tecnología y la ciencia nos van llevando a nuevos paradigmas y desafíos. “Años atrás uno hablaba de la aspirina, hoy tenemos que hablar de nanofármacos”, observó. Así, evidenció que los desarrollos e investigaciones locales van teniendo distinto impacto, pero es importante saber que en la Argentina se desarrolla mucha investigación y que hay que promoverla para que llegue después al ciudadano o al paciente. En lo que respecta a los ensayos clínicos, Fernández recordó: “El más interesado en que sirva para algo es el laboratorio, pero lo más interesante para nosotros es que el individuo que participa de un ensayo clínico esté seguro, resguardado y que tenga la respuesta adecuada por el personal médico que interviene en la investigación”. Finalizado el estudio, se obtiene un resultado, el cual debe de ser comunicado debido a que debe realizarse una etapa de seguimiento del individuo que participó en ese ensayo. En efecto, el estudio no culmina en el momento de la última dosis y respuesta, sino que debe observarse qué sucede después. Hacia el final, hizo mención a los nuevos fármacos y observó que la forma de registrarlos es muy rápida, y que después en el uso, cuando ya están expuestos una gran cantidad de pacientes, empiezan a aparecer algunos elementos en lo que se refiere a la seguridad. “Entonces se genera, a través de un manual de buenas prácticas, las recomendaciones de hacer un plan de gestión de riesgos, que debe de generar el laboratorio a fin de hacer un seguimiento con el médico y el paciente”, finalizó.

A su turno, Guillermo Cleti, farmacéutico del Laboratorio Industrial Farmacéutico SE, Provincia de Santa Fe, relató que cuando entraron a la gestión del laboratorio en el año 2008, contaban con 68 operarios y profesionales, mientras que en la actualidad son 107. “Hoy por hoy, somos cuatro que estamos en condiciones de abastecer fuera de nuestra provincia, es decir, el tránsito interprovincial”, comentó. En cuanto al medicamento como bien social, reseñó que su política es tomar a la salud como un derecho humano donde el Estado es el garante de aquel derecho. Asimismo, entendió que el hecho de producir el medicamento no significa que este se transforme en bien social, sino que debe rodearse de determinados atributos como, por ejemplo, que sea accesible, disponible, oportuno y que posea la máxima calidad posible.

Cesar Daniel Salomón, director titular del Laboratorio Industrial Farmacéutico SE, Provincia de Santa Fe, señaló que la producción pública de medicamentos está estrechamente ligada con todo el universo académico, científico y tecnológico porque la industria farmacéutica está en constante y permanente innovación y con un estricto control del organismo sanitario. “Concebimos al medicamento como un bien social y por supuesto que el Estado se constituye en garante de un derecho básico que está en la Constitución de nuestro país. La producción pública contribuye a que el medicamento adquiera varios de los atributos que debe tener para que se convierta en un bien social”, evocó. De esta manera, aseveró que el medicamento debe poseer un precio razonable relacionado con los costos de producción. El mayor desafío que configuran los medicamentos para las políticas públicas en América Latina no está relacionado con la disponibilidad y ni siquiera con la calidad, sino que está más relacionado con la accesibilidad del medicamento. “El precio es un determinante central en la accesibilidad del medicamento”, subrayó. Así, determinó que el rol de la producción pública de medicamentos en el mercado es fundamental, ya que al intervenir activamente en el mercado se puede achicar esa brecha entre el precio del mercado y los costos de producción.

Por último, Jorge Rachid, ex director del Laboratorio Puntanos, exteriorizó que la producción pública de medicamentos es una de las políticas de Estado que más nos fija en una estrategia sanitaria en el país. Asimismo, analizó que no puede haber una política nacional de medicamentos si no hay una política nacional de salud que la comprenda, la integre y la contenga. Posteriormente, advirtió que el medicamento es un bien social, porque la salud es un derecho humano constitucionalmente previsto, y además es el único capital que tiene el trabajador para desarrollar su actividad. “Ese capital, es decir, la salud, nos debería hacer cambiar el paradigma de lo que significa la salud neoliberal que trabaja sobre la enfermedad, y la salud, desde el punto de vista humanista, que pretende trabajar sobre el apuntalamiento de la salud y no sobre el tratamiento de la enfermedad”, expresó. Así, identificó al medicamento como una de las expresiones más fuertes y contundentes, junto con la tecnología médica, que han desvirtuado el concepto sanitario en la Argentina. “La medicalización y la tecnología médica han desvirtuado la concepción profunda del acto médico y de la relación médico-paciente. Aquella relación profunda, trascendente y asimétrica que tiene un profesional médico con un paciente hoy está adulterada por la industria del medicamento y la tecnología médica”, finalizó.

“Los medicamentos son parte de tecnologías sanitarias que permiten devolver a un individuo la salud. La masividad de su uso ha incrementado la expectativa y calidad de vida de la población”, manifestó Marta Spinetto, directora de Fiscalización y gestión de Riesgos - INAME - ANMAT.