El Estado y las políticas públicas ante la emergencia sanitaria
El Estado y las políticas públicas ante la emergencia sanitaria
El 12 de mayo pasado se realizó esta actividad por Zoom con la participación del vicedecano Marcelo Gebhardt y las/os profesoras/es Viviana Albertus, Jorge Bercholc, Christian Cao, Alejandra Perícola y Gerardo Scherlis.
El vicedecano Marcelo Gebhardt sostuvo que “la Facultad tiene una especial responsabilidad en el análisis de realidades políticas y sociales y las aborda de un modo científico, estrictamente académico. Hay una reflexión precisamente doctrinaria o académica referida a los interrogantes de tipo prácticos relativos al papel del Estado dentro de las sociedades”. Y agregó que “las políticas de Estado, los papeles y funciones del Estado en relación con los problemas de muy diversa índole que ha generado este aislamiento de todos y cada uno justifican este esfuerzo que hoy realizan ellos y que les agradezco enormemente que lo hagan a través de la Facultad”.
Por su parte, Viviana Albertus analizó las políticas públicas dictadas por el poder político en relación al ámbito laboral y la protección de los/as trabajadores/as: “Hace un tiempo se viene debatiendo la necesidad de repensar la función del Estado en relación con los derechos sociales en las cuestiones laborales. Esta situación de emergencia generó quizás apresuradamente el debate de diferentes aspectos que hacen a la materia: la aplicación de las tecnologías dela información, las modalidades de contratación, la jornada laboral, el trabajo remoto, la protección de la salud de los empleados”.
Asimismo, contó que algunos órganos de la administración pública están regulando el trabajo remoto en relación a la Ley de Riesgo de Trabajo. “En el Congreso de la Nación se han presentado proyectos para regular el teletrabajo. En el 2010 ya se habían presentado proyectos de igual tenor. El Estado tardó diez años, y tal vez necesitamos de una pandemia, para tratar todas estas cuestiones. Es el momento de pensar y repensar nuevas políticas públicas en este ámbito reconociendo las tecnologías de la comunicación y las telecomunicaciones”, planteó.
Jorge Bercholc se refirió a la categoría de políticas públicas. “La pandemia, la propagación de este virus, llenó de incertidumbre y ha generado una serie de resguardos o prevenciones excepcionales y de decisiones políticas a lo largo y a lo ancho del mundo que posiblemente eran impensables”, indicó. “Había inexistencia de políticas previas que pudieran prevenir este tipo de conflictos o que, si había políticas públicas, tomadas eran insuficientes, erráticas, endebles”, sumó.
En esa misma línea argumental, señaló que “la política pública está en la raíz de la actividad política. Implica dar respuestas desagregadas, concretas, específicas a cada sujeto colectivo social que requiere a partir de sus demandas políticas respuestas específicas. Políticas públicas implican gestión, gestión y administración de las instituciones del Estado y decisiones de un modo eficaz”. Y enfatizó la relevancia de la tarea desarrollada desde la Facultad: “Requiere de una definición epistémico-metodológica y ahí es donde nuestras comunidades académicas científicas de pertenencia nos ponen ante enormes desafíos”.
En tanto, Cristian Cao explicó que la calificación de‘enemigo’ que se le asigna al COVID-19 ha impactado en el análisis del Estado: “Con un fortalecimiento evidente de las funciones y las atribuciones que tiene el Estado y las administraciones públicas, pero que esto no es un patrimonio exclusivo de la República Argentina. En términos generales, la respuesta estatal al combate contra el coronavirus se ha dado a partir de una maximización, es decir, un fortalecimiento de la función del Estado”.
Reconoció que toda situación de emergencia importa un recorte de las libertades temporales. “Por eso me niego a señalar estas decisiones que se están tomando por parte del Poder Ejecutivo Nacional mediante la figura del decreto de necesidad y urgencia (DNU) como política pública”, afirmó y aclaró: “No son políticas públicas, son decisiones tomadas por uno de los órganos de gobierno para hacer frente a esta pandemia”. Y alertó que a la salida de la cuarentena “los abogados, los juristas, los estudiosos del derecho tenemos que estar alertas y lograr la defensa de la tutela de estas libertades y esos derechos constitucionales”.
A su turno, Alejandra Pericola comentó que “el constituyente reformador en 1994 optó por dar status constitucional a los DNU, decretos delegados y decretos sobre permutación parcial de leyes bajo el principio general que estas tres herramientas, en principio, le están prohibidas al presidente de la Nación”. Y añadió que “si se tienen que conceder extraordinariamente estas facultades deben estar rodeadas de un esquema apropiado de controles con el propósito de impedir el abuso del dictado de decretos, atenuar el sistema presidencialista”. Así surge un esquema de fiscalización de este tipo de decretos a cargo del Congreso de la Nación que reposa en una comisión bicameral permanente.
Luego se focalizó en la ley 26.122 sobre el régimen legal de los DNU, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes: “Esta ley se regula el régimen jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral Permanente que está prevista en el artículo 99 inciso tres la Constitución y también en los incisos 12 y 13 del artículo 7”, postuló. “El mayor problema con el control del Congreso sobre los DNU y los otros decretos no surge del tratamiento de la Comisión Bicameral Permanente sino del pleno de la Cámara de Diputados y Senadores por eso resulta imperiosos reformar la ley”, concluyó.
Finalmente, Gerardo Scherlis se dedicó a analizar cómo se implementan las políticas públicas en el Estado argentino. “En un primer momento, la principal política pública tuvo que ver con el poder coercitivo del Estado: la restricción de las libertades ambulatorias, de los derechos de reunión”, expresó. “Esa política coercitiva tuvo un enorme consenso político social, lo cual de algún modo puede llegar a caracterizarla como exitosa. Pero también existe un amplísimo consenso y nadie pondría en duda que no puede mantenerse esa política coercitiva como una solución indefinidamente”, puntualizó.
En ese sentido, aseguró que por este motivo se habla tanto del regreso del Estado, de la necesidad del Estado, de la necesidad de un Estado presente. “Tenemos debilidades basadas en nuestras precarias políticas públicas para enfrentar esta crisis. Políticas públicas históricamente inestables, erráticas, pobremente implementadas, poco creíbles. Detrás de esto está la ausencia de una arena institucionalizada para adoptar política públicas cooperativas que puedan tomar en cuenta el mediano y el largo plazo”, manifestó. “El desafío es aprovechar esta circunstancia en la que sea puesto arriba de la mesa la cuestión del Estado y su capacidad para abogar por estas soluciones. Una arena institucionalizada, podría ser el Congreso, pero no lo es, donde puedan pensarse y coordinarse políticas para el mediano y largo plazo que nos permitan enfrentar este tipo de crisis con mayor consistencia y sustentabilidad”, finalizó.