El Estado y las políticas públicas ante emergencias en España
El pasado 23 de junio la cátedra de Teoría del Estado del profesor Jorge O. Bercholc llevó adelante el encuentro “El Estado y las políticas públicas ante emergencias en España”.
En este marco, expusieron Javier Díaz Revorio (director del área de Derecho Constitucional, Universidad de Castilla, La Mancha, Campus de Toledo), Miguel Revenga Sánchez (director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas, Facultad de Derecho, Universidad de Cádiz), María José Majano Caño (profesora asociada de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Campus de Toledo, diploma de Estudios Avanzados,Universidad de Castilla La Mancha) y José Tudela Aranda (secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico y Letrado de las Cortes de Aragón).
En primer lugar, Javier Díaz Revorio expuso sobre criterios de prioridad en el acceso a recursos sanitarios escasos desde la perspectiva española. “Muchas veces se nos va la preocupación en el vocabulario políticamente correcto y lo importante es que tenemos que decir personas adultas mayores para no ofender, pero llega la hora de la verdad y en muchas instancias se han defendido fórmulas que, en definitiva, han conducido a la exclusión de personas fundamentalmente por su edad”, introdujo y especificó: “La escasez de recursos sanitarios es un hecho que se va a producir siempre. Nunca vamos a tener recursos absolutamente para todos. Es imposible satisfacer todas las necesidades aunque eso no quiere decir que no haya sistemas sanitarios mejores preparados que otros (...). Ninguna administración sanitaria del mundo puede tener todos los recursos necesarios para afrontar una pandemia de estas características cuando se presenta como se ha presentado”. Sin embargo, sostuvo: “Creo que un Estado social tiene que aspirar a prestar una atención médica y una atención sanitaria suficiente, siempre y en toda situación”.
A su turno, Miguel Revenga Sánchez se refirió a las dimensiones constitucionales de las políticas de emergencia en España. “Cuando se plantea un problema de dimensiones inéditas nos tenemos que replantear necesariamente qué es lo que ha quedado a salvo y qué es lo que hemos mantenido vivo de los fundamentos, las estructuras, el compromiso con los derechos y con los deberes”, comenzó diciendo y opinó: “En la faceta de lucha contra el terrorismo, España ha superado la prueba de la excepcionalidad de manera brillante porque hemos incorporado la legislación excepcional a la legislación ordinaria de tal manera que hemos podido vencer el terrorismo sin afectar los fundamentos de nuestro pacto de convivencia”.
Sobre los estados excepcionales, indicó que “este aspecto está resuelto legalmente con menos brillantez porque la ley que desarrolla los estados de excepción del art. 116 de la constitución es una ley que se hizo a raíz del intento del golpe de Estado que sufrimos en 1981”. En esta, línea explicó que se exige que para declarar cualquiera de los tres estados de excepción del art. 116 debe haber una insuficiencia de los medios normales para hacer frente a las contingencias y los medios que se utilicen deben ser proporcionales y necesarios y sin alterar el régimen ordinario de responsabilidad de los poderes públicos y de las relaciones entre el gobierno y el parlamento.
María José Majano Caño disertó en torno a la justicia en tiempos de pandemia. “La justicia es un servicio público, al igual que la sanidad, pero es preciso gestionar una serie de medidas para que estos servicios esenciales funcionen”, señaló y puntualizó: “Tras el colapso que padeció la sanidad española, se esperaba que se produjera un colapso en materia de justicia”. En esta línea argumental, subrayó que “el colapso ya se está produciendo por varios motivos. En primer lugar, era previsible que se iba a producir una luz de demandas como consecuencia de las actuaciones que se han llevado a cabo durante la pandemia por la administración pública en general”. Y agregó: “Además de esta actuación derivada de la pandemia, también es preciso indicar que existe una situación ya insostenible dentro de la justicia española desde hace mucho tiempo”. Luego enumeró algunos de los problemas endémicos que han influido en la gestión de la crisis de la pandemia, como la politización de los órganos que tenían que gestionar la administración de justicia en la pandemia.
José Tudela Aranda señaló que el debate que se ha dado en España sobre si hay un estado de alarma o un estado de excepción pone en evidencia lo excepcional de la situación porque el presupuesto es un presupuesto clásico del estado de alarma, una epidemia, pero las medidas y la duración para algunos son propias del estado de excepción. “En todo caso, ese mismo debate ilustra sobre dos cuestiones: la gravedad de las medidas que se han adoptado y sobre la extraordinaria duración, seis prórrogas durante dos meses y medio aproximadamente”, aseveró y resaltó: “España en los últimos años se desenvuelve en una debilidad institucional que lógicamente en una crisis extraordinaria como esta pues se ha puesto todavía más de manifiesto”. En este marco, unió el concepto del control político y la seguridad jurídica.