El derecho humano al ambiente en las puertas de Escazú. Los desafíos del desarrollo humano y el antropoceno en el marco de recuperación frente al COVID-19
El derecho humano al ambiente en las puertas de Escazú. Los desafíos del desarrollo humano y el antropoceno en el marco de recuperación frente al COVID-19
El pasado 5 de mayo, se llevó adelante la conferencia “El derecho humano al ambiente en las puertas de Escazú. Los desafíos del desarrollo humano y el Antropoceno en el marco de recuperación frente al COVID-19”, organizada por la Diplomatura en Derecho Ambiental del Ciclo de Cursos Online, el Centro de Derecho Ambiental y la Dirección de Relaciones Internacionales.
En este marco disertó María Eugenia Di Paola (profesora de la Facultad y coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible, PNUD). “Estamos en un momento crítico”, comenzó diciendo María Eugenia Di Paola y explicó que “esto nos obliga a revisar las herramientas con las que contamos en el derecho ambiental y también aquellas que fortalecen su aplicación”.
La primera cuestión abordada en la exposición fue “el derecho humano al ambiente y agenda 2030: interdependencia”. Respecto al marco jurídico del derecho al ambiente, recordó a nivel nacional el artículo 41 de la Constitución Nacional. Luego, se refirió al corpus iuris internacional, es decir, el marco internacional e interamericano de derechos humanos, conformado por principios, derechos y obligaciones que se utilizan como fuente dentro del marco jurídico nacional.
Dentro del ámbito internacional, la expositora destacó, del derecho humano al ambiente, que va de la mano del desarrollo sostenible, es decir, la protección ambiental, el crecimiento económico y la inclusión social con un punto en la solidaridad intergeneracional, es que se conecta, y de alguna manera se grafica, en esa interdependencia con la agenda de objetivos de desarrollo sostenible”. Esta Agenda se aprobó a nivel global en la Asamblea de Naciones Unidas de 2015 y congrega los 17 objetivos del desarrollo sostenible (por ejemplo, hambre cero, igualdad de género, acción climática), con fecha prevista en el 2030 para lograrlos. Dentro del ámbito interamericano, América Latina y el Caribe, “la mayoría de los países de la región han reconocido el derecho al ambiente”. Sin embargo, explicó: “Somos la región más desigual del planeta y, por otro lado, con altos índices de conflictividad socioambiental. También, lamentablemente, con las tasas más altas de asesinatos en torno a los defensores y defensoras del ambiente”. Y planteó que hay un contraste entre el reconocimiento jurídico y una realidad adversa.
La segunda cuestión fue: “El desarrollo humano y el Antropoceno: crisis y transformación”. Para analizar el tema, mencionó al Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas que trata sobre el desarrollo humano y el Antropoceno porque este expresa que “hay un agravamiento mutuo entre los desequilibrios planetarios y los desequilibrios sociales”. Siguiendo, Di Paola explicó: “Lo que plantea la comunidad científica es que nos estamos adentrando en una nueva era: el Antropoceno; en la cual somos la fuerza dominante que condiciona al planeta”.
Continuó: “De la mano del impacto planetario que ha producido esa falta de equilibrio en nuestro planeta, esa presión que estamos ejerciendo en nuestro planeta también la estamos ejerciendo en nuestras sociedades. Entonces el cambio que se requiere en este sentido es un cambio en el cual tenemos que pasar de ser pacientes a agentes”. Asimismo, comentó que, para ampliar nuestra capacidad de actuar para lograr un cambio, según el informe, se necesita: vivir en democracia y participar en los procesos de toma de decisión, así como tener en cuenta a los valores y a la interacción con la naturaleza. Además, es fundamental para alcanzar los fines propuestos la actuación de los gobiernos; por ejemplo, eliminando los subsidios a los combustibles fósiles para desfosilizar, basado en el interés por obtener una carbono-neutralidad en el 2050. Por último, resaltó la importancia de “trabajar con la naturaleza” y no contra esta.
Más adelante, planteó como tercera cuestión: “El Acuerdo de Escazú: responsabilidad y acción”. Este Acuerdo, vinculante para la región interamericana, fue mencionado en el informe analizado anteriormente como una herramienta a considerar en América Latina y el Caribe. La expositora sostuvo: “Escazú enseña con el ejemplo porque se construyó participativamente”, comentando a modo de ejemplo que este incluye un capítulo específico en materia de defensores ambientales (teniendo en cuenta que estos son víctimas de asesinatos y violencia). Además, “este contiene herramientas para el fortalecimiento de las capacidades de los países de la región y la cooperación”. También, hizo referencia a los “valores agregados diferenciales” que produce este acuerdo, entre los cuales están: “la consideración específica respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad”; “el rol del Estado en busca de una acción inclusiva”; “el principio de no regresión de la mano del de progresividad”; “las fiscalías ambientales”, entre otros.
Finalmente, reflexionó sobre la crisis producida por el COVID-19 y que esta “puso de manifiesto también la crisis climática de la biodiversidad y de la desigualdad”. Y apuntó a que “existe la oportunidad de cambiar el vínculo con el planeta”, mencionando como herramientas elementales: la defensa del derecho humano al ambiente y al desarrollo sostenible. Con base en esto, manifestó: “La institucionalidad es fundamental porque no podemos hablar de cambios en las conductas, en los valores y en la economía, si no es con un marco de regulación y de incentivos que pueda tender, en este sentido, a la reconstrucción”, y aclaró: “La institucionalidad y la educación, dentro de un marco de acción colectiva internacional y que incluye múltiples agentes para lograr un cambio”.