Diálogos políticos y constitucionales: La libertad de expresión frente a los desafíos de las TIC y las plataformas digitales

• Notas

Bajo la organización del Observatorio TIC (Estado y Gestión Pública Derecho UBA), el Seminario TIC (Innovación tecnológica, efectos en el Sistema Político e Institucional - Instituto Gioja -Derecho UBA), la Cátedra Bercholc de Teoría del Estado y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (México), el 6 de diciembre pasado, se celebró el encuentro "Diálogos políticos y constitucionales. La libertad de expresión frente a los desafíos de las TIC y las plataformas digitales". Participaron en calidad de ponentes: Dr. Jorge O. Bercholc (Director Académico Observatorio TIC Estado y Gestión Pública UBA-Derecho), Dr. Arturo Miguel Chipulli Castillo (Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana), Dra. Judith Aguirre Moreno,Dr. Sebastián Sancari, Prof. Ricardo Porto y Manlio Fabio Casarín León. Juan Barile y Flor Vargas oficiaron de moderadores. Adhirieron a la actividad la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico (España) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja" (Derecho UBA).

Primeramente, Jorge O. Bercholc expresó: “Poder ingresar a los diálogos políticos y constitucionales a través de un tema de interés común, tanto para la Argentina como para México, fue un desafío abarcativo. Las TIC y las plataformas digitales cruzan no sólo distintas áreas del derecho, sino que también influyen en toda la geopolítica mundial. Las mismas nos imponen una deconstrucción y una reconstrucción de categorías jurídicas y constitucionales tradicionales”. Luego, reconoció: “Los cambios son enormes e incluso aparecen nuevos conceptos tales como las fake news, el derecho al olvido, los discursos de odio, etcétera. Son nuevos retos para que los juristas expliquemos, articulemos y relacionemos a la libertad de expresión con los actuales fenómenos de influencia tecnológica”.

A su turno, Arturo Miguel Chipulli Castillo declaró: “En la actualidad es imposible hablar de cualquier derecho humano bajo los fundamentos estrictos del constitucionalismo del siglo XIX / XX. La libertad de expresión encuentra nuevos matices a partir del desarrollo jurisprudencial llevado a cabo en los tratados internacionales”. Seguidamente, puntualizó en el derecho de protección de denunciantes de actos de corrupción en México: “Se trata de un derecho tutelado por los organismos internacionales, que se desprende tanto de la libertad de expresión como del derecho a la información (...) se han establecido tanto garantías normativas, como políticas públicas en pos de su amparo”. En último término, citó la Plataforma Nacional de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción como una herramienta que prevé reglas y destacó la colaboración con la Universidad de Buenos Aires.

A continuación, Sebastián Sancari basó su exposición en la cibermilitancia y su batalla cultural: “La cibermilitancia es la generación de puestas en escena pensadas para el mundo digital, es decir, es la construcción simbólica en redes sociales. Las mismas se están transformando en un espacio competitivo en el cual se persigue lograr la centralidad de la palabra, logrando que el discurso termine siendo más significativo que las políticas públicas”. De esta manera, propuso como principal desafío de la comunicación política poder reducir contenidos ideológicos, en adaptación con los ecosistemas digitales.

Por otra parte, Judith Aguirre Moreno hizo referencia a las medidas que deben adoptar los Estados para proteger la libertad de expresión en las plataformas digitales sociales: “No obstante sus beneficios, Internet ha dado lugar a nuevas adversidades en cuanto a censura, robo de datos personales, filtración de información, bloqueo y espionaje. Para aminorar estos aspectos y alcanzar el pleno disfrute de estos derechos, los Estados se enfrentan a numerosos retos”. Consecuentemente, enfatizó en los principios de universalidad, equidad, no discriminación, privacidad y neutralidad de la red digital, entre otros. De modo concluyente, subrayó la importancia de tener en cuenta los contextos económicos, sociales y culturales al momento de hallar una solución, priorizando el enfoque en los derechos humanos.

Acto seguido, Ricardo Porto analizó la regulación adoptada en el derecho constitucional latinoamericano: “En materia de libertad de expresión se presentan dos grandes tendencias. Por un lado, una diversidad de normas y, por el otro, una uniformidad. No obstante, hay un elemento común entre estas dos corrientes que es la regulación de los medios de comunicación”. En lo que concierne a la primera, dijo: “Todas las constituciones latinoamericanas, con distintas terminologías o conceptos, garantizan la libertad de prensa, de expresión, de informar, comunicar, opinión, etcétera. Ahora bien, las mismas dan un paso más y establecen para los medios de comunicación garantías específicas. Sin embargo, el ordenamiento advierte que ciertos excesos de poder de los medios pueden generar un disvalor para la democracia”. En contraposición, sostuvo que la segunda postura es producto de la incorporación de los tratados internacionales. En efecto, se refirió a la Declaración Desafíos de la Libertad de Expresión en las Próximas Décadas, sancionada en el año 2019: “Los relatores establecen que dicho derecho puede verse amenazado por la regulación restrictiva de los Estados y por los abusos de poder de las grandes multinacionales de la comunicación. Hoy entonces el desafío es doble”.

Por último, Manlio Fabio Casarín León reflexionó: “La libertad de expresión representa uno de los principales ámbitos en donde se prestan el debate y amplias discusiones en materia político-electoral. En México, se presenta como reto el rol que deben jugar los órganos del Estado como por ejemplo el INAI y la Fiscalía General de la República (...) lo fructífero es poder continuar interactuando con los diálogos políticos y constitucionales”.