Diagnóstico y aportes sobre género y tributación en clave federal

• Notas

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la actividad "Diagnóstico y aportes sobre género y tributación en clave federal".

La apertura estuvo a cargo de Gladys V. Vidal (coordinadora de la Comisión de Género y Derecho Financiero del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario).

Seguidamente, expusieron Gabriela Tozzini (directora de las Carreras de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Rosario y de la PUCA Rosario), Margarita Zabalza (abogada especialista en Derecho Tributario y profesora de la Universidad Nacional de Rosario), Adolfo A. Iriarte Yanicelli (juez tributario, Juzgado de cobros y apremios, Centro Judicial Concepción, Tucumán; profesor de la Universidad Nacional de Tucumán), Estefanía Pereyra (abogada especialista en Derecho Tributario y diplomada en Derecho de la Niñez y Adolescencia, Universidad Nacional de Córdoba) y Gabriela Rigoni (contadora especialista en tributación, profesora de la Universidad Nacional de La Plata integrante del T20, grupo de afinidad académico del G20).

Moderó Fabiana Schafrik (coordinadora de la Comisión de Género y Derecho Financiero del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario).

Gabriela Tozzini se refirió a cómo surgió la iniciativa que lleva adelanteenla Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en materia de Derecho Financiero y Tributario y género. “Me pareció muy interesante empezar a trabajar en materia de tributación y género, porque la igualdad de género es transversal a todo el derecho, a todas las ramas del derecho”. Luego recordó una primera actividad que organizaron. “Fue muy interesante porque se vio la situación del sistema tributario argentino frente a la igualdad de género en materia presupuestaria. En el último presupuesto se avanzó mucho, pero falta hacer todo en materia tributaria”, rememoró.

Asimismo, sostuvo que “nuestra idea es lograr que a través de la tributación realmente se puedan alcanzar los Derechos Humanos y que los sistemas tributarios no tengan sesgos ni explícitos ni implícitos que realmente se opongan al bloque constitucional convencional”. En ese sentido, manifestó que “invertir en igualdad de género es lograr crecimiento económico en forma directa por la mayor participación de la mujer en la actividad económica”.

Luego explicó una serie de cambios que se están generando en la Facultad. “Aprobamos de manera realmente favorable un pedido que hizo una de las agrupaciones de la Facultad de adaptar los programas de las materias a criterios de igualdad de género, sin tocar contenidos mínimos, pero incluso incorporando bibliografía en tal sentido, etcétera”.

A su turno, Margarita Zabalza aludió a las discusiones que existen en torno a la enseñanza del Derecho con perspectiva de género. “Los abogados somos quienes interpretamos las normas; las aplicamos, si somos jueces; estamos desde el lado de la administración pública, asesorando o litigando a favor de la administración pública. Y también, por supuesto, en la defensa. (...) Entonces trabajamos continuamente con la interpretación y aplicación de las normas”, expresó. “Es importante empezar a trabajar y a construir este camino, que por supuesto va a ser lento, porque hace mucho tiempo que muchas mujeres vienen trabajando de cómo remover algunos obstáculos hacia eso. Y las dudas surgen siempre, hay temores más que nada de los docentes varones sí en aplicar algunos contenidos”, indicó.

En esa misma línea argumental, se preguntó qué implica la enseñanza con perspectiva de género. “Poder reconocer la realidad en donde tenemos una Facultad en que la mayoría de sus titulares son varones y hay mucha más cantidad de cargos, sobre todo en los más altos, de varones que mujeres. Para eso se trabajó con capacitaciones, sensibilización y demás”.

Comentó sobre la capacitación en el marco de la Ley Micaela que se desarrolló el año pasado en la Universidad Nacional de Rosario. “Otra cuestión importante que la Facultad de Derecho tiene muy anterior, porque desde el año, desde el año 2014, regulado por Consejo Directivo, se creó ucedimiento de atención de situaciones de violencia sexual basada en cuestión de discriminación, no solo de género, también de identidad de género u orientación sexual. “Por eso digo que lo que nosotros venimos trabajando desde la cátedra no es aislado, sino que además viene de un proceso que está transitando”, puntualizó.

En tanto, Adolfo A. Iriarte Yanicelli se refirió a la causa en la que dictó un fallo que rechazaba el pago de una multa de veinte mil pesos por parte de la señora F. con domicilio en la localidad tucumana de La Cocha. “De alguna manera en este fallo tuvimos la necesidad de ir a los pactos internacionales antes de ir a nuestra Constitución. Lo que se hizo es lisa y llanamente un control de convencionalidad, a diferencia de lo que podría ser un control mixto”.

Destacó la importancia de llamar a una audiencia aunque no era lo estipulado. “Y de alguna manera también íbamos a hacer una inspección ocular. Pero al final ya era suficiente la prueba documental que teníamos y lo que había surgido de la audiencia. Y de alguna forma el estado de vulnerabilidad estaba acreditado. Y lo que se denomina intersección de múltiples vulnerabilidades. Había múltiples vulnerabilidades que hacían darle un tratamiento especial a la causa”, señaló.

Por último, reconoció que “hay un problema de visualización de los casos, más cuando tenemos una cantidad exorbitante de causas que son las que se están ejecutando. Entonces sí tuviéramos algunas herramientas vinculadas con la identificación del tipo de causa. Creo que podríamos resolverlo en una audiencia, se podría terminar todo”.

Por su parte, Estefanía Pereyra indicó que “cuando hablamos de políticas públicas, fiscales e intentamos relacionarlo con la cuestión de género, nos referimos a la deuda pública, al presupuesto público y al sistema tributario. Y cuando pensamos en el diseño de alguna norma, un sistema tributario, incluimos tanto al ingreso a este recurso que se encuentra plasmado el sistema tributario para un tributo, pero también el presupuesto público no se puede ver a dónde va destinado ese ingreso que tiene el Estado”.

Por último, Gabriela Rionne expresó que “cada vez más a través de la OCDE, que ha trabajado mucho con el G20 y también con el Banco Mundial, se está empezando a analizar, en gran detalle, estadísticas y datos cuantitativos sobre políticas de género”. “Esto es relevante porque desde el punto de vista del derecho nosotros debemos garantizar derechos humanos”, destacó.

A continuación, señaló que “es relevante la política de género, en primer lugar, porque en la economía un principio básico, así como el de que todos nacemos iguales, es tan básico como eso es que la economía no puede o no debe generar distorsiones. Entonces, si existe de esas distorsiones, hay que tratar de reducirlas y no hay lugar a dudas de que el tratamiento diferencial hacia la mujer o hacia otros géneros, son distorsiones en la economía. Y esas distorsiones en la economía afectan el ingreso mundial”.

Por otro lado, explicó que la tercera cuestión relevante, más allá de la calificación o la rama científica a la cual nos posicionamos, es la multilateralidad. “Hoy día nuestra política madre se encuentra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, dentro del cual incluso hay una breve cuantificación que ya tiene varios años y que podemos pensar que luego de la pandemia debe haberse incrementado en un 50 por ciento, que sostiene que la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino también un cimiento necesario para el futuro”, expresó.

En ese sentido, comentó que los gobiernos deberían considerar cómo promover la igualdad de género a través de políticas fiscales y prácticas específicas. “Tenemos que pensar en reformas tributarias que consideren incorporar política de género. Para esto hay que realizar cambios en los impuestos, eliminar los sesgos explícitos y aplicar medidas que reduzcan los sesgos implícitos. Obviamente, también se debe trabajar en forma paralela en asistir a los hogares y trabajar con administraciones tributarias aduaneras”.