Derechos humanos y derecho a la educación en perspectiva internacional
Derechos humanos y derecho a la educación en perspectiva internacional
El pasado 14 de marzo, se desarrolló el seminario "Derechos humanos y derecho a la educación en perspectiva internacional", bajo la organización del PICT 2019-03138 “El derecho a la educación: análisis constitucional y definiciones pedagógicas en perspectiva comparada”. Brindó su aporte el Dr. Luis Miguel Lázaro Lorente, catedrático de Teoría e Historia de la Educación, del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación, de la Universidad de Valencia (España). En este contexto, el Dr. Lázaro Lorente analizó algunas dimensiones del contenido de este derecho humano, desde una perspectiva internacional y comparada con la finalidad de indagar los alcances, desafíos y deudas persistentes en la materia.
Para dar inicio, Guillermo Ruiz, miembro del Instituto Gioja, brindó las palabras de apertura: “La educación como derecho es un tema central tanto para la Facultad, como para el Instituto Gioja. A pesar de su amplio reconocimiento internacional, sigue constituyendo un problema para millones de personas”. Seguidamente, resaltó: “Las obras Luis son muy bastas y siempre ha fomentado y promovido la colaboración con colegas de distintos ámbitos, pero, por sobre todo, destaco su preocupación y su interés intelectual por América Latina”.
Luego, tomó la palabra Luis Miguel Lázaro Lorente, quien evocó: “Mi propósito de hoy es compartir reflexiones y preocupaciones, tomando como pretexto que este año es el septuagésimo quinto aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos”. En lo que concierne a la Declaración, señaló: “La misma fue adoptada por la Asamblea General en el año 1948 y en su artículo 26 contiene este derecho. Principalmente, vino a recuperar la tradición histórica de la obligatoriedad de la educación como una práctica que existía en muchos países”. En tal sentido, comparó la regulación de la Declaración con la del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “El PIDESC tiene un avance importante ya que, el artículo 13, establece un aporte fundamental. Se fomenta una mejora en la calidad de la enseñanza e incluso de las condiciones materiales”.
Por otra parte, hizo referencia a las medidas adoptadas por los Estados: “La herramienta fundamental de política educativa de los gobiernos para garantizar este derecho fue la escolarización obligatoria. Una de las primeras preocupaciones de la OIT cuando se creó fue el trabajo infantil, el cual simboliza el mayor obstáculo de acceso a la educación. De esta manera, el Convenio de edad mínima de esta organización sirvió como base legal para ampliar la edad de escolarización obligatoria”.
Seguidamente, reconoció una crisis mundial de aprendizaje: “Chicos/as de entre 10 y 12 años de edad, no son capaces de realizar una lectura comprensiva u operaciones aritméticas básicas. La calidad de formación del profesorado es baja en muchos territorios, incluso en países que no son pobres. Según el Banco Mundial, no se está realizando una adecuada optimización de recursos”. Consecuentemente, puntualizó en el programa “Educación para Todos”: “Se puso en marcha en 1960 y tuvo por objetivo revertir los problemas de desescolarización, analfabetismo y brecha de género. El mismo ha desaparecido y actualmente lo que tenemos son los objetivos de desarrollo sostenible a 2030, en donde el cuarto se refiere a la educación”.
De modo concluyente, manifestó: “Pese a que es uno de los derechos más sancionados y reconocidos, estamos en el 2023 y todavía 1 de cada 5 niños/as no está escolarizado. Ni hablar de pueblos originarios, minorías étnicas y refugiados que no ven garantizado su derecho en lo más mínimo” y sumó “los últimos datos de septiembre de 2022 de la UNESCO nos dan una cifra de 244 millones de desescolarizados. Si los Estados no empiezan a realizar políticas que garanticen la escolarización y reduzcan el analfabetismo, es imposible un cambio”.