Derechos humanos, política social y fiscal en contextos de aislamiento: asistencia inmediata y renta básica universal
Con la organización en conjunto del Instituto de Justicia y Derechos Humanos (Universidad Nacional de Lanús), el Centro de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo Interdisciplinario y Políticas Públicas, el pasado 20 de mayo tuvo lugar la jornada "Derechos humanos, política social y fiscal en contextos de aislamiento. Asistencia inmediata y renta básica universal".
En este marco, disertaron Pilar Arcidiácono (licenciada en Ciencia Política, especialista en Gestión de Políticas Sociales, magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales) y Martín Mangas (investigador-docente en el área de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesor invitado en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús). Martín Sigal y Julieta Rossi oficiaron de moderadores y brindaron una introducción al encuentro.
Seguidamente, Pilar Arcidiácono planteó, con relación a la discusión en torno a las transferencias de ingresos en el contexto actual del COVID-19, que la pregunta es “qué hacer frente a este desacople entre un sistema histórico de políticas sociales estructurado básicamente en la figura del trabajador asalariado frente a los cambios del mercado laboral y en un contexto de informalidad sostenida que nos está hablando antes del coronavirus de un tercio de la población económicamente activa en alguna situación de informalidad”.
En este sentido, aseveró que “la situación del COVID-19 nos enfrenta con una exacerbación de estas problemáticas, pero estas problemáticas de cómo hacer para garantizar ingresos a las familias en contextos previos al COVID-19 es una discusión bastante histórica y algunas medidas como la asignación universal o las moratorias previsionales han venido a sortear parte de ese acople, logrando mucho éxito en materia de cobertura”.
Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), desarrolló: “Es una transferencia de 10.000 que se planteó al inicio como una transferencia única pero ya se está discutiendo la posibilidad de extenderla. Es un monto que es un poco más de la mitad de salario mínimo, vital y móvil y un poco más de la mitad de la canasta básica alimentaria, destinado a trabajadores y trabajadoras informales en el sentido más amplio”. Y añadió que el ingreso incluye a monotributistas de la categorías A y B, pero deja afuera a un montón de gente en las otras categorías y al grupo de autónomos que en general han sido excluidos de este tipo de políticas de transferencias. También analizó que “el IFE mira al grupo familiar y esto genera muchos problemas porque los grupos familiares son muy dinámicos y, en este sentido, gran parte de los problemas que hemos tenido en los cuatro millones de rechazos tienen que ver con personas que estaban separadas pero no estaban formalmente separadas o que ANSES no lo había captado en su base de datos”.
Asimismo, se refirió a las dificultades para poder generar las inscripciones y tramitar frente a los cierres de ventanillas. “Usan la espacialidad no oficial de otros sitios para poder sortear el problema de la presencia ocn todo lo que ello implica en en este contexto. No es el mismo ANSES pre COVID, sino que es un ANSES que presenta ciertas dificultades con el cierre de su oficina y el problema del trabajo remoto”, contó.
Por su parte, Martín Mangas comenzó diciendo que “la pandemia deja en evidencia la enorme desigualdad, que se manifiesta de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de un país, pero no hay duda de que expone y profundiza los problemas endémicos de una manera mucho más brutal”. En este contexto, expuso: “Aparece con fuerza algo que hasta ahora estaba desprestigiado por una vasta proporción de la sociedad global: el valor sustantivo de la intervención del estado en la economía y, particularmente, el efecto igualador del gasto público”. Y amplió: “Las erogaciones en salud pública, en ciencia, en desarrollo tecnológico e innovación, entre otras, aparecen claramente reivindicadas. Incluso hemos visto cómo en la emergencia se cuestiona, aquí y en otros países del mundo, la independencia y la falta de coordinación con las que se mueven los sistemas de salud privados y la necesidad de recentralizar y poner a disposición del sector público la infraestructura y el conjunto de los recursos en materia sanitaria”.
A continuación, expresó que “el Gobierno del presidente Alberto Fernández, frente a este nuevo escenario mundial, ha encarado una batería de medidas en el plano fiscal con una visión no ortodoxa”. En este marco, se refirió a la deuda: “Lo primero que tenemos que decir es que ha vuelto a ser como lo fue durante muchos años el condicionante del conjunto de la política económica”. Y explicó: “La propuesta de reestructuración que ha hecho el Gobierno tiene un sentido razonable y lógico. Es razonable y lógico que el Gobierno intente reducir la carga de intereses los próximos años para ganar espacio fiscal, incluso hasta el FMI acompaña la idea de que es momento de que los acreedores den un respiro a su codicia porque esos recursos que se iban por la canaleta de los intereses de la deuda van a ser necesarios no solo para enfrentar en esta emergencia, sino para el proceso de recuperación de la actividad económica en la pospandemia”.
Sobre las medidas de contención económica del Gobierno, sostuvo que han puesto algo de justicia frente a una crisis que ya existía antes y se dividen entre aquellas destinadas a sostener la demanda y otro conjunto de políticas que apuntan a sostener la oferta.