Derecho a la alimentación cambio climático y acuerdo regionales
Derecho a la alimentación cambio climático y acuerdo regionales
El pasado 30 de septiembre se llevó adelante un nuevo encuentro del Seminario Permanente de Investigadoras/es del Instituto Gioja. En esta oportunidad, la actividad se tituló "Derecho a la alimentación, cambio climático y acuerdo regionales" y brindaron su aporte Marta Andrich, María Victoria Zarabozo Mila, Mariano Ferro y Juliana Zapata Galvis. Por su parte, Leila Devia ofició de comentarista.
En este marco, se debatió el trabajo de María Victoria Zarabozo Mila, titulado "Las normas de protección ambiental como herramientas del desarrollo en el contexto del comercio mundial en general y del Acuerdo Mercosur-Unión Europea en particular".
Tras una breve introducción de Marta Andrich, María Victoria Zarabozo Mila explicó las ideas principales de su trabajo. “La idea es de poner a debate algunos aspectos de la cuestión del acuerdo Mercosur-Unión Europea, sobre todo el capítulo 13 sobre desarrollo sostenible”, comentó y aclaró que “es bueno recalcar este tema no solamente como cosa conveniente e importante para un esquema de desarrollo, sino también como revalorización de lo que son las normas ambientales en sí, instrumentos de mejora y desarrollo de las condiciones sociales y culturales de un determinado país”.
En este sentido, afirmó que el capítulo 13 determina aspectos laborales y ambientales. “En definitiva, estos dos elementos son los instrumentos de obtención de ventajas comparativas que les dan a los países ventajas en las negociaciones económicas”, expresó. Asimismo, señaló que “trata de abordar estos temas para evitar estas graves dicotomías entre cuestiones laborales y beneficios sociales de comercio e inversiones. Porque justamente este concepto del desarrollo sostenible va a tratar de mejorar las dicotomías que existen entre estas dos grandes temáticas”. Y profundizó en la noción de desarrollo sostenible: “Se trata de un sistema de crecimiento económico que sea equitativo, que sea socialmente justo, que sea viable y que ambientalmente sea sustentable”, sostuvo.
Luego comentó brevemente las declaraciones del sistema internacional a las que refiere el apartado en cuestión que apuntan a generar niveles de protección ambiental y laboral alto. “Y esto va bastante en contra de políticas nacionales de regulación y explotación laboral que son muchas veces muy perniciosas para las sociedades en las cuales se encuentra. Este acuerdo también va a hablar de transparencia, de participación pública. Va a tornar obligatoria las convenciones de la OIT respecto del trabajo decente”, planteó. En cuanto a las convenciones ambientales, mencionó que además torna aplicables cuestiones relativas al cambio climático. Y sumó que “tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea tiene estándares muy altos de protección ambiental, pero que nosotros vamos a tener que implementar y vamos a tener que emular un sistema medianamente par, sobre todo en materia de certificación”.
La expositora expresó que “en este tipo de convenios multilaterales existen grandes oportunidades y grandes desafíos, y que nosotros tenemos que tratar de tender a que exista, en definitiva, comercio justo entre las regiones”. Analizó qué significa el comercio justo. Y qué es esto del comercio justo y se refirió a los planteos de Beatriz Núñez Santiago sobre la justicia y la buena fe. “Ella mencionaba que tiene que haber buena fe en las convenciones internacionales, en los tratados internacionales, porque uno puede estar de igual a igual en la medida que mantiene cierta base de igualdad”, enfatizó.
Con respecto a estas asimetrías que existen entre los bloques, comentó que “el Acuerdo claramente va a decir que ambos bloques tienen diferentes niveles de desarrollo. Por eso, las normas y todas las actitudes y todas las convenciones dentro del Acuerdo tienen que tener en cuenta los niveles de desarrollo nacional de cada uno de los países del bloque y de los bloques en sí”. Y luego presentó algunos datos que sostenían esta afirmación. “En la Unión Europea tenemos una población que es de 510 millones de personas, es decir, 1,9 veces más de las que tenemos nosotros. Otro gran detalle es que tiene un PBI que a pesar de que de población son solamente 2 veces más, es 7,5 veces más que el que tenemos nosotros. ¿Por qué es esto? Justamente por estas diferencias y estas escalas de producción tan importantes que tenemos en materia de todo tipo, tanto tecnológica como de tipo de producción de bienes”, puntualizó.
A continuación, reconoció que el Acuerdo tiene un problema de conflictividad internacional. “Este acuerdo tiene que ser refrendado por los parlamentos de los países de la Unión Europea. Justamente se plantea que no va a ser ratificado por el incumplimiento del capítulo 13 porque las potencias agrícolas europeas que son Francia, Polonia, Holanda y Bélgica, están haciendo jugar algunos eventos que han sucedido acá en América para señalar de manera anticipada que el bloque está violando el capítulo”, explicó y planteó que “el argumento ambiental está por detrás quizás de algunos argumentos de tipo económico de las potencias agrícolas de Europa”. No solo estos sectores manifiestan reticencias. “Los sectores industriales del Mercosur también tienen sus pruritos respecto de los elementos industriales que van a ser importados desde Europa”, aseguró.
Por último, se interrogó sobre la gobernanza y la soberanía. “Esto abre un debate que es el que queremos respecto a esta cuestión: el doble estándar. En el resto del mundo existen también muchísima cantidad de incendios y de cuestiones ambientales. ¿Cómo es que se aplica un estándar respecto de una región como es la nuestra, el Mercosur, respecto de otra como puede ser Rusia, como puede ser el sudeste asiático, como puede ser África? ¿Qué es lo que habla esto sobre las conveniencias del desarrollo?”. Existen responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
A continuación, expusieron Mariano Ferro, Juliana Zapata Galvis y Leila Devia.