Debate “Constitucionalismo latinoamericano”. Presentación de Derecho y Barbarie Nº 4

• Notas

El pasado 19 de junio se desarrolló un debate sobre constitucionalismo contemporáneo a propósito del libro “Un largo termidor” del Dr. Gerardo Pisarello. Junto al autor y a Iñaki Anitua, que actuó como moderador, participó del evento el Dr. Roberto Gargarella (Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho), quien destacó que el primer constitucionalismo del siglo XX se relaciona con el ingreso de la clase trabajadora en la escena pública de la historia latinoamericana, rompiendo el esquema tradicional de poder, constituido por el orden y el progreso. Observó entonces que esta situación quedó plasmada en los derechos pero no en la organización del poder. También brindó una evolución sobre dos acontecimientos del siglo XX que han impulsado la reescritura de las Constituciones, que son las oleadas de dictaduras y las medidas neoliberales de los años 90. Además, se refirió a la influencia de la cuestión de los derechos humanos. Aseguró entonces que en este marco el nuevo constitucionalismo latinoamericano debe retomar la cuestión social, haciéndose cargo de los desbarajustes que habían dejado los programas económicos neoliberales y, por otro lado, debe repensar la organización de poder. Así, resaltó que se democratizó el constitucionalismo en la parte de los derechos, pero no en cuanto a la organización del poder.

Posteriormente, el Dr. Gerardo Pisarello (Vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) reflexionó sobre constitucionalismo y democracia. En tal sentido, señaló que la mutación y degradación de estos conceptos que sufrió América Latina durante los años 90, actualmente la están padeciendo los países de Europa. Hizo referencia entonces a Arturo Sampay, en relación con la contraposición entre Constitución oligárquica y democrática. Recordó también que “la democracia nació como concepto de clase, como un movimiento igualitario de distribución de poder político y económico”.

A su vez, precisó que el título de la obra se vincula con el largo termidor en América Latina, que en Argentina comenzó con Onganía en el año 1966. Distinguió además, la diferencia entre la Constitución y su puesta en práctica.

A continuación, se presentó el cuarto número de la revista “Derecho y barbarie”, acto que dio lugar a debatir sobre inmigración y exclusión, contando con la presencia de Marta Monclus (Procuración Penitenciaria) y Diego Morales (Centro de Estudios Legales y Sociales).

En primero término, Marta Monclus abordó el sistema penal del ejercicio del poder punitivo frente a los extranjeros. De este modo, indicó que teniendo en cuenta la composición étnica en todo el sistema penal de Europa y en Estados Unidos, la cuestión étnica está vinculada al proceso migratorio. Comentó también que España tiene un proceso reciente como país emisor desde los años 90, porque siempre tuvo como característica histórica ser un país emisor.

A su vez, aludió a la eficacia de leyes restrictivas de la inmigración que no han conseguido que el proceso migratorio se frenara. En tal sentido, remarcó la emergencia inmigratoria en Europa, ya que la inmigración se presenta como problema de orden público que debe obtener respuesta mediante estrategias de carácter policial, generando una persecución del inmigrante y la detección de delitos. Subrayó entonces que el desarrollo de los derechos humanos ha puesto límites a la soberanía estatal.

Por último, Diego Morales aportó una evolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos de los inmigrantes. Mencionó el impacto de los flujos migratorios sobre las políticas de migraciones. En cuanto a los patrones migratorios, recordó que la migración europea dejó de fluir en la década de 1960, comenzando las oleadas de migraciones limítrofes. Así, especificó que se han llevado a cabo políticas migratorias restrictivas, que tratan de excluir al inmigrante.

Asimismo, reflexionó sobre el eje de la pobreza. En este orden de ideas, hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual durante el período 1920-1950 estableció la lógica de asegurar derechos a extranjeros en función del tiempo de residencia en Argentina o el aporte que hacen al país. A partir del año 1960, la Corte Suprema no analizó la residencia, sino que incorporó la idea de buenos vecinos dentro de las comunidades en las que participan. Advirtió también que entre 1980 hasta 2004, el máximo Tribunal no tuvo ningún fallo protector del inmigrante, sino que se desarrolló jurisprudencia de reconocimiento de derechos de grupos y los extranjeros pasaron a formar parte de categorías sospechosas. Para finalizar, examinó las cuestiones de operación del sistema judicial, asegurando que lo que sucede en el Poder Judicial en general es un dilema complejo.

“La democracia nació como concepto de clase, como un movimiento igualitario de distribución de poder político y económico”, recordó el Dr. Gerardo Pisarello.