Crímenes de lesa humanidad
Marcelo Roberto Buigo, Alejandro W. Slokar y Marta Vázquez
El pasado 20 de marzo, en el Salón Azul, Alejandro W. Slokar dictó la conferencia “Crímenes de lesa humanidad”. La misma en el marco de las Clases magistrales a cargo de Profesores/as Titulares, Asociados/as y Eméritos/as del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Este último además se encargó de la organización de la actividad.
Marcelo Roberto Buigo abrió el evento con unas palabras de bienvenida, en las que abordó el tema central, manifestando: “Creo que no puede haber un momento más oportuno para hablar del derecho penal frente a las grandes violaciones de los derechos humanos, especialmente, en estos tiempos en los que algunos sectores políticos reivindican el terrorismo de Estado y buscan desmantelar las políticas que promueven la verdad, la justicia y la memoria”. Tras sus palabras, se dio paso al expositor.
Así, Alejandro W. Slokar inició su intervención destacando cómo estas exposiciones representan un ejercicio del derecho a la universidad pública, resaltando que la Universidad de Buenos Aires es la más prestigiosa de Argentina. Mencionó que la UBA ha formado a tres premios Nobel y, siendo la única universidad de habla hispana, ha logrado obtener cinco en total. Debido a estos logros y otros hechos significativos, subrayó la necesidad de defender de manera constante la universidad pública.
A continuación, Slokar habló sobre la dignidad, señalando que, si algún historiador tuviera que explicar de forma rápida y sencilla qué es la dignidad, “mostraría el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo”. Introdujo a Marta Vázquez, una de las fundadoras de la organización y ex presidenta, pero remarcó que, más allá de sus títulos, era, ante todo, la madre de María Marta, una joven estudiante y misionera de las villas de la ciudad, secuestrada en marzo de 1976 mientras estaba embarazada. Su destino es desconocido y sólo se sabe que su último paradero fue el ESMA. También se desconoce el paradero de su hijo/a. Por ello, Slokar destacó la importancia de honrar la memoria, simbolizada en los pañuelos blancos.
En cuanto a la elección del tema, Slokar explicó que no sólo se debe a la proximidad del 24 de marzo, fecha en la que se conmemoran 49 años del último golpe de estado cívico-militar, sino también al imperativo moral que esto representa. Citó a la escuela de Frankfurt y a Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, quien reflexionó sobre cómo evitar la repetición de Auschwitz. “Hay que tomar conciencia de ese carácter desesperado, si no se quiere caer en una fraseología idealista. La exigencia de que no se repita es la primera en la educación y precede a todo lo demás”, planteó. Este pensamiento fue la base para justificar la elección del tema, lo que lo llevó a hacer un repaso del contexto histórico, enfocándose en los golpes de estado desde 1930 hasta 1983. Mencionó que, durante estos períodos de regímenes de facto, hubo momentos de democracia restringida, con la excepción de los períodos 1946-1955 y 1973-1976. En 1983 comenzó el período estable y continuo de democracia representativa más duradero de nuestra historia.
Slokar comentó que, al recordar sucesos relativamente recientes y reflexionar sobre los avances o retrocesos, “el derecho penal es esencial para calibrar un sistema”. A continuación, rememoró la fractura que sufrió la disciplina del derecho tras el golpe de Estado de 1976, ya que cientos de docentes debieron abandonar sus clases e investigaciones. Muchos/as fueron desaparecidos/as o forzados/as al exilio. Subrayó que este golpe, a diferencia de otros, estuvo impulsado por una orientación y brutalidad nuevas, y señaló cómo se suele olvidar la vinculación de las élites en el proceso de exterminio, las cuales, en coordinación con el sector militar, ejecutaron un plan económico.
A continuación, caracterizó al derecho penal como “un discurso de una rama del saber jurídico, que formula instrumentos para que los jueces, mediante la interpretación legal, cuenten con un sistema mediador en sus decisiones, de modo que se contenga o reduzca el poder punitivo, en aras de garantizar, ampliar e impulsar el progreso del estado constitucional del derecho”.
El expositor continuó defendiendo el sistema democrático institucional, destacando su esencialidad para el funcionamiento democrático y el libre desarrollo personal. Finalmente, mencionó la Constitución Nacional, subrayando que la aplicación del derecho penal debe estar sujeta a la aplicación del derecho constitucional. Sus palabras finales fueron una firme defensa de estos sistemas institucionales, en pos de evitar la repetición de la represión, desaparición y genocidio en nuestro país.