Conferencia Magistral del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Francisco Talí Tzay

• Notas

El pasado 22 de agosto, en el Aula Magna, tuvo lugar la Conferencia Magistral del Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizada por el Curso de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas a cargo de la profesora Sandra Ceballos y equipo docente. Asimismo, adhirió a la actividad la AMAI (Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas). Participó en calidad de expositor: Francisco Calí Tzay quien fue nombrado relator en marzo del año 2020 y asumió el cargo el 1° de mayo del corriente año. Siendo indígena Maya Cakchiquel de Guatemala, ha actuado en la gestión internacional de derechos de los pueblos indígenas ante Naciones Unidas desde principios de la década del 80, abordando las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de todo el mundo.

Primeramente, Francisco Calí Tzay agradeció la invitación en su primera visita a la Argentina como relator. “Es un honor estar en la casa de educación superior en Argentina”, señaló. Acto seguido, explicó el marco jurídico actual: “A nivel nacional y a nivel regional se ha desarrollado un contexto jurídico muy rico para la protección efectiva de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas siempre están amparados por el derecho internacional de los derechos humanos pero debido a su estatus especial también se aplica el derecho sui generis que constituye el estándar mínimo en nivel de protección de los derechos que los estados deben aplicar a nivel interno”, expresó. A continuación, procedió a desarrollar distintos puntos respecto de la temática abordada. En lo referido al derecho a la libre determinación de los pueblos, sostuvo que los Estados niegan su reconocimiento alegando problemas de división, argumento que él criticó: “El no reconocimiento de este derecho es lo que crea los problemas de división y de levantamientos sociales. El mismo no supone un peligro para la unidad y la territorialidad del Estado”. Asimismo, enfatizó su importancia como base de diálogo para la construcción de una relación entre los pueblos y los estados. “Los estados deben eliminar todos los obstáculos burocráticos que impiden el reconocimiento efectivo”, indicó.

Luego, hizo referencia al derecho a la tierra, territorios y acceso a los recursos naturales señalando que si bien es un derecho consagrado a nivel internacional y reconocido en las distintas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el más violado en todo el continente americano y a nivel mundial. En tal sentido, juzgó el accionar no sólo de los estados sino también de los jueces. “Los jueces llamados a pronunciarse sobre estos litigios fallan a favor de partes no indígenas y también caen en la corrupción de algunos sistemas. Algunos estados están desplazando por la fuerza a los pueblos indígenas de sus territorios”. Del mismo modo, destacó la necesidad de que los estados reconozcan los títulos expedidos a los pueblos indígenas por las coronas, e incluso ante la inexistencia de los mismos, alegó que la mera posesión tradicional del territorio por parte de los pueblos indígenas tiene un efecto equivalente al título de pleno dominio.

Por consiguiente, analizó el derecho al consentimiento previo, libre e informado aseverando que los gobiernos están obligados a consultar y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas antes de que se adopte cualquier medida, cualquier proyecto de desarrollo que afecte su vida, sus recursos y más aún su libre determinación. En lo que atañe a la criminalización de las personas indígenas defensores/as de los derechos humanos, basó su exposición en un informe elaborado en el año 2017: “Es preocupante la violencia contra los defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas: ataques, detenciones arbitrarias, violaciones de la libertad de reunión, criminalizaciones y asesinato de defensores”. Finalmente, cuestionó que muchos países hayan utilizado la situación de emergencia del COVID-19 para debilitar y suspender la aplicación de la legislación medioambiental. “A costa de los recursos de los pueblos indígenas quieren recuperar la economía nacional”, postuló.

Para concluir, resaltó que si bien estamos viendo cómo en muchos países se adelanta el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, hace falta mucho camino que recorrer y ese es el camino que tenemos que hacer juntos/as para tener mayor fuerza en el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.