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Año XX - Edición 355 27 de mayo de 2021

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Claves interpretativas actuales de la formación para el trabajo: territorios, géneros y diversidad

  • Notas

El 11 de mayo el Instituto Gioja junto con el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas llevaron adelante la actividad "Claves interpretativas actuales de la formación para el trabajo: territorios, géneros y diversidad", que contó con la participación de Claudia Jacinto (investigadora principal CIS-IDES-CONICET), Esther Levy (doctora en Educación, FFyL UBA; e Investigadora DSPP e IICE) y Carolina Brandariz (directora de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). Moderó María Eugenia Miguez.

En primer término, Claudia Jacinto se refirió a los resultados de una investigación prepandemia en el marco de la educación técnico-profesional sobre los temas de género vinculados a ese tipo de formación. “Como sabemos, las prácticas patriarcales que asignan a las mujeres cierto tipo de habilidades, saberes y competencias vinculadas a los cuidados, a lo emocional y, a los varones, la fuerza y la inteligencia lógica, se han mostrado con fuego en la formación técnico-profesional, ya que lo que se ve es primero una baja presencia de mujeres y, en segundo lugar, una elección de orientaciones y de formaciones muy alineada a estos estereotipos”. En este contexto, comentó que en la investigación desarrollada entre 2017 y 2018 se observó una persistencia de estos estereotipos, pero también prácticas de resistencias de las mujeres. Y señaló que, al intentar buscar claves interpretativas de estas resistencias, se tomó la agenda pública de género: “Las resistencias estaban vinculadas en particular al tema de la violencia de género y estaban mediatizadas por lo que pasaba en las calles –por el #MeToo y el Ni una menos– que se transformaba en un tema de discusión dentro de las aulas y de los talleres. Por supuesto, no era solamente una cuestión de la agenda en las calles. Era también una cuestión de redes”.

A continuación, brindó una serie de reflexiones acerca de las relaciones entre la agenda de género y el capitalismo de vigilancia, las transformaciones en el mundo del trabajo en la pandemia y la formación para el trabajo en un nuevo encuadre dentro del paradigma de la protección social.

A su turno, Esther Levy realizó un recorrido de la historia reciente de la educación en Argentina a partir de 1990, en particular sobre los programas que vinculan la educación y el trabajo, y planteó que su preocupación se centra en cómo aparecen las políticas sociales destinadas a los trabajadores con dificultad de inserción en el mundo del trabajo. “Me interesa hacer este recorrido para poder pensar cómo es este escenario, cómo pensar el trabajo, cómo pensar la formación para el trabajo en determinados sectores de la población (jóvenes y adultos sin escolaridad obligatoria completa) y cómo pensar ya no solamente las políticas sociales, sino qué nos deja la pandemia”, especificó.

En cuanto a los sujetos estudiados, detalló que son aquellos sujetos de las políticas de empleo y de las políticas educativas que no siempre han sido considerados por ambas áreas de la política social en forma articulada.

Luego, recordó que en los noventa entró en vigencia la ley nacional de empleo donde aparecen las políticas activas de empleo y dentro de estas políticas de empleo aquellas que planteaban la necesidad de programas para estos sectores de la población con dificultad de ingreso al mercado laboral. Y, dentro de este marco, se lanzó el Proyecto Joven destinado a jóvenes de sectores vulnerables que no trabajan ni estudian, pero tenían un requisito que era que el máximo nivel alcanzado fuera secundario incompleto. “Me parecía un programa para pensar este vínculo de educación y trabajo. Fue un programa que se convirtió en política y si bien se planteaba que el requisito prácticamente excluyente era la secundaria incompleta, el componente de formación no se relacionaba con la educación de adultos, sino con una capacitación de tres meses o una pasantía de otros tres meses”, analizó y aclaró: “Es decir, fue un programa que incluye la idea de la falta de empleabilidad por falta de capital humano, dándole a los destinatarios apenas una formación que no alcanzaba a mejorar las condiciones de empleabilidad”, teniendo en cuenta que las credenciales educativas, la primaria y la secundaria, son filtros para el ingreso al mercado laboral.

Carolina Brandariz, por su parte, puso de relieve la importancia de ver cómo las organizaciones que forman parte de los movimientos sociales también coinciden con el movimiento feminista en Argentina respecto de una revisión de la categoría del trabajo. En este sentido, desarrolló que la idea es “poder pensar el trabajo no únicamente en los términos en los cuales nominamos las relaciones asalariadas con garantías de derechos y protección social que ha conquistado el movimiento obrero históricamente en el mundo, sino todas aquellas actividades de supervivencia que le permiten sobrevivir a cualquier persona de a pie, obviamente con la aspiración de vivir dignamente, de poder construir un camino que sea de reconocimiento de esos trabajos que se llevan adelante, de garantía de derechos y de protección social”. Y sostuvo que “quien no goza de esos derechos es porque no ha tenido la posibilidad de acceder a ellos y eso es resultado también de una tendencia que se observa a nivel mundial de niveles de concentración económica inauditos que hacen del trabajo con garantía de derechos prácticamente un bien escaso”.

Asimismo, comentó: “Lo hemos visto mucho en la pandemia cuando reconocemos que si tenemos que hablar del fifty-fifty hoy en nuestro país podemos hablar de un 50% que goza de un salario a fin de mes y de otro 50% que no goza de un salario a fin de mes, que consigue el ingreso cotidianamente”. Y compartió: “Eso se evidenció en la pandemia cuando recorríamos comedores y merenderos y las compañeras que estaban al frente nos decían que la demanda en la asistencia alimentaria se cuadruplicó y familias enteras que antes no necesitaban ir a un comedor para poder tener garantizada la comida durante la pandemia sí lo tuvieron que hacer justamente producto de que las medidas de aislamiento le impidieron acceder al ingreso diario que solían ganar”. En este sentido, se refirió al planteo que hacen las organizaciones sobre cómo las políticas pueden propender la concentración económica o cómo esas políticas pueden intentar contrarrestarla y favorecer los circuitos que implican mayor trabajo. “No es lo mismo una política pública que se construye solventada en las grandes marcas y supermercados, que poder orientar cierto consumo respecto de las ferias como propender y promover las ferias donde hay productos que se elaboraron en cooperativas y que se solventan con el trabajo y de argentinos y argentinas y que les permite el ingreso”, reflexionó.

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