Ciudadanía, inflación penal y punitivismo. A 10 años de las reformas "Blumberg"

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Organizada por el Proyecto DeCyT DCT1440 "Castigo y Democracia", el 29 de octubre en el SUM del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho se llevó a cabo la jornada de discusión Ciudadanía, inflación penal y punitivismo. A 10 años de las reformas "Blumberg".

En primer término, el profesor Diego Zysman Quirós, director del proyecto, expresó unas palabras introductorias y explicó sus objetivos. Acto seguido, la profesora Mercedes Calzado (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) hizo referencia, entre otros temas, a los medios de comunicación. En ese sentido, indicó: “Los medios funcionan como un aparato ideológico que actualiza el consenso social, más que ser determinantes o ejercer una incidencia unidimensional respecto de la política criminal”. La oradora destacó que también resulta interesante pensar el contexto de marzo de 2004. “Por un lado, Kirchner bajando los cuadros del Colegio Militar y dándole un predio como la ESMA a los organismos de derechos humanos y, por otro lado, esta construcción alrededor de la necesidad de imponer un tipo de legislación penal que en términos discursivos se podía contraponer”, señaló. Este contexto también estaba atravesado por una crisis de legitimidad como la de 2001. “Las grandes movilizaciones repercutían de una manera particular dentro del Congreso de la Nación en relación con las movilizaciones de diciembre de 2001, esto estaba fresco”, analizó.

Acto seguido, el profesor Roberto Gargarella enmarcó las “leyes Blumberg” dentro de una oscilación que se da en Argentina y otros países entre políticas marcadas por el elitismo penal y políticas marcadas por el populismo penal. “Las reformas Blumberg serían una expresión de ese populismo punitivo, en el sentido de que han sido reformas hechas en nombre de movilizaciones masivas, de lo que ‘quiere la gente’ y apuntan a agregar o subir penas en el Código Penal”, examinó. Luego, Gargarella añadió que tiene la convicción teórica de que el populismo penal no tiene nada que ver con una idea medianamente exigente de democracia. “Quienes nos tratamos de tomar en serio la pregunta por la democracia, no asimilamos democracia con mercado, encuestas, marchas o mucha gente pidiendo algo”, aseveró. Hacia el final, Gargarella destacó que hay muchas experiencias en todos los sentidos de cómo se puede reconectar democracia y derecho penal.

Seguidamente, el profesor Gabriel Ignacio Anitua propuso pensar la cuestión desde el presente, donde hay resonancias, persistencias pero también diferencias. Del mismo modo, sostuvo que suelen confundirse políticas de justicia penal y políticas de prevención del delito, las cuales son instancias distintas. “Pienso en Marcus Felson, mayor especialista en políticas de prevención del delito, quien no es precisamente un criminólogo crítico ni de izquierda y es quien insiste en que no tiene nada que ver la política de prevención del delito con la del castigo o justicia penal”, explicó. Además, advirtió el peligro de que pronto vayan a haber muchos presos y resaltó la necesidad de buscar aliados políticos con relación a este peligro, mencionando en este sentido al Papa Francisco.

Por su parte, el profesor Gonzalo Penna (CBC-UBA) indicó que a la actividad legislativa se le podrían pedir, por un lado, que las leyes efectivamente se traten, saber que en materia penal no tiene que haber apuro en sacar una ley; y, además, que se incluyan a todos los actores posibles. En cuanto a las reformas Blumberg, manifestó que hubo muchas reformas que fueron sancionadas antes de los hechos. “El tema ya estaba instalado con anterioridad”, aclaró. La característica de estas leyes de 2003 es que el tiempo de duración el trámite parlamentario fue de por lo menos siete meses. En cambio, la característica del año 2004 fue que en poco tiempo se sancionaron muchas leyes.

“Las reformas Blumberg serían una expresión de ese populismo punitivo, en el sentido de que han sido reformas hechas en nombre de movilizaciones masivas, de lo que ‘quiere la gente” y apuntan a agregar o subir penas en el Código Penal”, examinó el profesor Roberto Gargarella.