Charla-debate sobre la ley de radiodifusión

• Notas

Con el objetivo de contribuir al debate de ideas generado a partir de la propuesta de proyecto de reforma de la ley de radiodifusión, se desarrolló el pasado 30 de abril una charla-debate en la que expresaron sus opiniones y puntos de vista el abogado constitucionalista, Dr. Marcelo López Alfonsín; el prestigioso periodista y escritor José Eliaschev; y la Diputada Nacional y Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Cámara Baja, Silvana Giudici.

En primer término, el Dr. Marcelo López Alfonsín consideró que actualmente el clima no es el más propicio para iniciar el debate acerca de una cuestión que exige políticas de Estado. No obstante ello, manifestó su acuerdo con la necesidad de reformar una ley emanada del último gobierno de facto, aunque reiteró que no están dadas las condiciones políticas como para desarrollar un debate de semejante envergadura.

En lo atinente a los principales cambios que contempla la propuesta, señaló la limitación de los multimedios, la mayor regulación de los canales de televisión por suscripción, la reserva del 33% del espacio radioeléctrico para canales y radios de organizaciones sin fines de lucro. Asimismo, resaltó el hecho de que se contemple el permiso a las empresas de servicios públicos para brindar servicios de televisión.

Respecto al objeto y destinatarios de la proyectada normativa, señaló la amplitud de la definición por ella esbozada. Asimismo, reconoció en lo concerniente de los límites a los multimedios uno de los ejes centrales de la cuestión.

Seguidamente, se refirió a los grupos de empresas que ganarían con la nueva ley: Telefónica, Telecom y DirecTV. Así, reflexionó que el modelo de privatización más criticado por la no defensa de la competencia y la no protección del usuario es justamente el de las telecomunicaciones. Inversamente, puntualizó que sería el Grupo Clarín uno de los que más perdería con la propuesta legal. La misma consideración de parte del expositor mereció la situación del Grupo Uno.

Por otra parte, se refirió a quienes controlarán a los medios de comunicación. Remarcó una importante cuestión de técnica legislativa en la dependencia de la proyectada Autoridad Federal de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisual de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación, órgano que fuese condenado en sede judicial por el manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial. Luego, señaló lo que en su opinión resulta un aspecto positivo en la propuesta, el cual radica en la obligación de las radios de emitir un mínimo de un 70% de producción nacional. Y destacó que no necesaria y automáticamente podrán verse por televisión abierta los eventos futbolísticos.

Cerca del final de su exposición, reafirmó que se está discutiendo sobre la base de una propuesta que aun no cuenta con estado parlamentario y manifestó que, en lo que hace a criterios de oportunidad política, lo más saludable sería que lo adquiriese después de la renovación parcial del Congreso de la Nación.

Para concluir, explicó que es muy peligrosa la facultad que el proyecto otorga a los operadores para adecuarse, durante un período de un año, a la nueva normativa, una vez reglamentada, así como también la autorización que todas las señales de cable deberán solicitar a la autoridad para funcionar. A este último respecto, manifestó que la proyectada normativa, al momento de su análisis minucioso, debería confrontarse con los parámetros de los estándares fijados por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en materia de libertad de prensa.

A modo de introducción, la Dip. Nac. Silvana Giudici reclamó al Poder Ejecutivo Nacional que el debate se de en el ámbito correspondiente: el Congreso de la Nación. A este respecto, recordó que tiene presentado desde 2006 un proyecto que cuenta con estado parlamentario, pero que nunca el oficialismo quiso avanzar en su debate siquiera en Comisión.

A continuación, expuso de modo sucinto algunos antecedentes históricos relativos a la radiodifusión. Desde 1875, agregó, la legislación argentina ha ido detrás de las innovaciones tecnológicas. Asimismo, afirmó que el argumento relativo a que “hay que cambiar la ley porque es la de la dictadura” es poco serio y que la necesidad de reforma responde a lo que ha venido pasando en democracia y cómo ha quedado el contexto regulatorio en la actualidad. En idéntica tesitura, abordó la temática de las “incorporaciones nocivas” que llevaron a la concentración y a la extranjerización de los medios. En este sentido, hizo hincapié en las reformas parciales efectuadas durante períodos de gobiernos democráticos, las cuales habrían legitimado la ley de la dictadura, particularmente la llevada a cabo mediante la ley de reforma del Estado. En síntesis, entendió que el contexto vigente tiene que ver con una política que en la década de 1990 planteó concentración, extranjerización y que “fue ratificada por otros gobiernos justicialistas como éste”.

En cuanto a la situación de la pluralidad informativa en Argentina, destacó la inexistencia de información oficial, aunque remarcó que en el país se editan 165 diarios.

Por otra parte, opinó que en el mundo lo importante en una ley de radiodifusión es quién es, cómo está constituida y qué grado de autonomía tiene respecto del poder político la autoridad de aplicación; y agregó que debe tratarse de un ente autárquico e independiente del poder político. Asimismo, entendió que la adecuación al nuevo régimen debería ser progresiva y respetar el vencimiento de las licencias vigentes.

En otro orden de ideas, argumentó que la propuesta en discusión es potencialmente una ley que puede intervenir en forma restrictiva sobre los derechos ciudadanos tutelados por la Constitución. Finalmente, aseveró que el proyecto del oficialismo atenta contra la libertad de expresión, tiende a fragmentar los medios, genera inseguridad jurídica, arbitrariedad y discriminación a la hora de categorizar quienes pueden o no tener licencias y, fundamentalmente, concentra poder político en manos de un solo funcionario: el Secretario de Medios.

Cerró el panel José Eliaschev, quien, en primer lugar reflexionó acerca del nivel de intensidad de la discusión en materia de todo aquello que resulta legislable. En este sentido, opinó que el anteproyecto motorizado por el Poder Ejecutivo no responde a una mentalidad legislativa sino que es casi todo lo contrario a ella. Esta situación se debe a que la sociedad argentina en conjunto a menudo se equivoca imaginando que una ley superadora va a resolver aquello que una anterior no puede.

Acto seguido, criticó uno de los argumentos centrales del oficialismo, según el cual la normativa anterior carecía de poder de policía suficiente. No obstante ello, aseveró que por cuestiones de evolución tecnológica y político-democrática, la norma actualmente vigente no da a un poder legítimo los instrumentos cabales para aplicar la regulación. Así, apuntó que resulta paradójico que un gobierno que se ha dedicado minuciosamente a vaciar de contenido a los organismos regulatorios hable con absoluta impunidad de su confianza en ellos, como si el que se está proyectando tuviera la respetabilidad que no tienen la AGN o la Oficina Anticorrupción.

Entretanto, presentó como prueba cabal de la inexistencia del interés cívico legislativo por parte del oficialismo, el hecho de que la movilización venga a posteriori de la decisión política de iniciar la “guerra” contra determinados grupos mediáticos.

Para concluir, resaltó que los medios estatales son dejados de lado en el anteproyecto e indicó que, mientras sean controlados por la Casa Rosada, ellos no son públicos, sino meramente gubernamentales.