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Año XII - Edición 220 24 de octubre de 2013

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Cárcel y prevención de la tortura

  • Notas

En el marco de los 20 años de la Procuración Penitenciaria de la Nación y el 200º aniversario de la abolición legal de la tortura, se organizó, el 19 de septiembre en el Salón Azul de esta Facultad, la mesa redonda: “Cárcel y prevención de la tortura” con las disertaciones de la Decana Mónica Pinto y los Dres. Iñaki Rivera Beiras, Profesor Titular de la Universidad de Barcelona y Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Lila Caimari, historiadora, docente e investigadora del CONICET y Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la Nación.

La primera en hacer uso de la palabra fue la Decana Mónica Pinto, quien habló sobre "El elemento internacional en la prevención de la tortura". En este sentido, propuso tratar de recuperar algunos de los elementos de lo internacional en el tema de la tortura y los derechos humanos. “Fundamentalmente, lo que hace este juego de derecho interno y derecho internacional es transformar al derecho internacional en una suerte de acelerador de la existencia y la eficacia de la norma nacional”, indicó Pinto.

A partir del fallo Flilártiga, la comisión de actos de tortura comenzó a considerarse no solamente un crimen del Derecho Penal sino una violación del Derecho Internacional y se asumió que esto supone para todos los países la violación de una norma consuetudinaria. Luego, con el surgimiento de los tratados de derechos humanos y sus órganos de contralor de las obligaciones asumidas por los Estados, se genera una suerte de derecho derivado. Establecen una suerte de jurisprudencia no judicial pero práctica. En algunos casos existen también tribunales y se forma un corpus iuris que va generando una trama en la que las normas consuetudinarias y las normas de los tratados se mueven, y “a medida que la práctica avanza resulta más difícil encontrar huecos por los cuales poder legitimar prácticas dudosas, apremios que los tribunales no llegan a considerar tortura, a veces”, opinó.

Se refirió al requerimiento de las instalaciones adecuadas, a los períodos de recreación y descanso, a la asistencia médica, la tarea de ejercer oficio y ocupación, y a lo difícil de su cumplimiento.

Para concluir, resaltó la paradoja dada por la sofisticación, calidad y cantidad de normas de las que disponemos, sumadas a la cantidad de mecanismos internacionales de control y la constatación de prácticas de tortura, degradación, trato inhumano por parte del poder público en espacios en donde las personas se hallan privadas de su libertad; la falta de un resultado mejor radica, de acuerdo con la Decana, en que “no hemos hecho el cambio del universo mental para que esto se haga de una manera distinta”.

Seguidamente, Iñaki Rivera Beiras presentó un proyecto incipiente, que está preparando conjuntamente con el Dr. Mauro Palma, para la creación de un comité para la prevención de la tortura en los centros de privación de libertad de América Latina, tal y como existe en Europa y mencionó que “son numerosos los gobiernos de América Latina que no han adoptado una actitud de atención y sensibilidad hacia los problemas carcelarios que de tanto en tanto asaltan mediáticamente las páginas del mundo con acontecimientos verdaderamente brutales a los que se une una cierta cultura penal planetaria de mano dura, pensando que el castigo a los infractores de la ley penal debe llevarse a cabo en las peores condiciones”. Trajo a colación un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los que se resalta el hacinamiento, sobrepoblación, deficientes condiciones de reclusión (tanto físicas como las relativas a la provisión de servicios básicos), los altos índices de violencia carcelaria y la falta de un control activo por parte de las autoridades, el empleo de la tortura incluso con fines de investigación, el uso excesivo de la fuerza y de la prisión preventiva, la ausencia de medidas efectivas para determinados grupos vulnerables y programas laborales y educativos, la falta de transparencia en el mecanismo de acceso a los mismos y corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria.

De esta manera, se busca construir una red de trabajo con académicos, instituciones públicas, organizaciones civiles que impulse la creación del comité, inspirándose en la experiencia del modelo europeo.

Lila Caimari, por su parte, recordó la evolución de las ideas, normas y prácticas y la historia de la larga lucha por las mejoras en las condiciones del castigo carcelario. Esta historia se relaciona con el entrelazamiento de dos elementos centrales: por un lado, la evolución de las nociones sobre el significado y la utilidad del sufrimiento físico y mental del ser humano, y por el otro, la persistencia de prácticas coercitivas mucho más allá del consenso al nivel de las ideas y la sensibilidades. Toda historia de este proceso debe coordinar y comparar el movimiento y las lógicas de principios y normativas con la evolución en el nivel de las prácticas o, más precisamente, con la resistencia de las prácticas a reflejar la evolución de las ideas y sensibilidades.

Se refirió al movimiento reformista que impulsó, a lo largo del siglo XIX en el Río de la Plata, la lucha por la supresión de la tortura y los azotes, al punto de inflexión, ocurrido en los años 30s desde el punto de vista de la organización y conceptualización de la defensa de los derechos de quienes son objeto de abusos en los aparatos estatales a la ayuda de trabajadores sociales, al socorro jurídico y al nacimiento de la Liga de Derechos del Hombre en 1937.

A continuación, Francisco Mugnolo reconoció a la Universidad que más apoyo y ámbito ha dado a la Procuración, agradeció las participaciones de los disertantes, resaltó la iniciativa de Rivera Beiras y, a partir de la exposición Caimari, sostuvo que tanto la tortura como la defensa de ella están en nuestros orígenes.

Para finalizar, se presentó el Informe Anual 2012 de la Procuración penitenciaria de la Nación.

“Son numerosos los gobiernos de América Latina que no han adoptado una actitud de atención y sensibilidad hacia los problemas carcelarios (…)”, indicó Iñaki Rivera Beiras.