Acceso a justicia: hacia un nuevo paradigma. Mapa nacional de necesidades jurídicas insatisfechas

• Notas

El pasado 16 de noviembre se llevó adelante la conferencia "Acceso a justicia: hacia un nuevo paradigma. Mapa nacional de necesidades jurídicas insatisfechas", a cargo de Enrique Zuleta Puceiro.
Presentó Laura Noemí Lora. Auspiciaron la jornada Sociedad Argentina de Sociología Jurídica (SASJu); el Seminario sobre Sociología Jurídica, Gioja, Facultad de Derecho, UBA; el Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, UBA; y el Proyecto UBACyT.

En primer lugar, Enrique Zuleta Puceiro planteó que “el acceso a la justicia es una temática universal en todos los países, tiene un carácter interdisciplinario y abarca transversalmente a la casi la totalidad de las disciplinas jurídicas”. Y agregó que “además de ser una cuestión que tiene que ver con la agenda y con el pensamiento y la innovación jurídica tiene que ver con las políticas públicas, sobre todo en aquellas políticas públicas que desde los años noventa, 2000 calificamos como política inspiradas desde la perspectiva de derechos”.

Luego ofreció una definición provisoria: “El acceso a la justicia es la posibilidad de todo ser humano de acceder a los instrumentos –no exclusivamente jurisdiccionales– que están dispuestos por el ordenamiento jurídico y el ordenamiento político para la tutela de los derechos y de los intereses individuales y sociales. Es una herramienta que hace posible que las declaraciones de derechos se concreten, sean efectivos, sean justiciables cuando hay materia de una necesidad jurídica insatisfecha o sin necesidad de llegar a la jurisdicción sean resueltos en una gran cantidad de instancias que van creciendo y que forman parte del campo de los MARC's (métodos adecuados, alternativos de prevención y resolución de controversias)”.

Seguidamente, comentó cuáles son los temas que componen la agenda argentina y latinoamericana de la cuestión de discusiones de acceso al justicia: la reforma, los principios del proceso, la llegada del sistema acusatorio, su implementación con todas la condiciones instrumentales, funcionales, orgánicas, procedimentales, todas las estrategias de reducción los costos del litigio, los nuevos métodos de decisión y de articulación de reclamaciones jurídicas, la creación de tribunales especiales para procesos y litigios complejos. “Sobre todo esa gama de los MARC's que tiene que ver con la resolución concreta del litigio no solo con la prevención o con la sustentación de estrategias de construcción de paz, me refiero a los ADR, alternative dispute resolution. Hemos hecho bastante en lo que podemos llamar el arbitraje, la conciliación y la mediación comunitaria que es uno de los temas que más crece”, indicó.

Asimismo, hizo referencia a los rasgos que caracterizan a este nuevo paradigma en relación con el acceso a la justicia que data de principios del año 2000.  El primero es tratar de que el tema acceso a la justicia trascienda el campo de la política de protección social. “Hoy las tendencias tienden a pensar a sociedad en su conjunto como titular de estos derechos de acceso a justicia, hay en toda la sociedad, en todos los niveles un déficit de acceso a la justicia, y si no se atiende a la merma general, tampoco se resuelve los temas de manera particular”, señaló y sumó que “el acceso a justicia en los sectores vulnerables, en los sectores que no han tenido la posibilidad de acceder al protagonismo del reconocimiento de sus derechos, es a través de una ampliación de la agenda que podemos resolver mejor los problemas particulares”.
Otro aspecto propio de este nuevo paradigma es “hacernos cargo de la revolución desde la demanda porque este es un proceso central en el proceso social actual”.

“Durante muchísimos años las reformas vinieron desde la oferta: el líder, el programa, la causa, la utopía, el partido. En fin, venían los organismos multilaterales, nuestros intelectuales o las constituciones o los códigos prometiendo un cambio desde la oferta. Hoy el proceso se mueve desde la demanda porque es desde donde surgen las agendas, las prioridades”, sostuvo. En esta línea argumental, manifestó que se da un desajuste entre las reformas supplier side y las reformas demand side. “El nuevo paradigma dice que donde hay una necesidad no solo hay un derecho, hay un deber, principios, normas, procesos, procedimientos, recursos y hay impactos ex ante y ex post. (...) Es imprescindible este otro rasgo del nuevo paradigma: una perspectiva sistemática que trascienda las perspectivas particulares, no las elimine ni las subestime, las incorpore dentro de un marco de referencia superador”.

Además, planteó que el nuevo paradigma representa una superación de la crisis de las políticas universales. “El sistema estadístico de estados que están más preocupados por las cifras y la competencia de las políticas universales carece de recursos para resolver los problemas de focalización y los problemas de justicia, de acceso al derecho, que son problemas de focalización”, expresó y añadió que “por eso hay otro tema del nuevo paradigma que es volver a asentar la investigación y las propuestas de acceso a justicia en los individuos más que en los hogares o en los colectivos organizados, colectivos de gente con necesidades jurídicas o no jurídicas insatisfechas”. Reflexionó: “Si nosotros no tenemos estadísticas serias sobre los comportamientos individuales, muy difícilmente nos sirvan para algo más que para escribir libros y hacer papers para los congresos”.

En relación con lo anterior, explicó que si bien todavía hay muchas cuestiones que están en discusión, existen ciertas prioridades para la acción. “La primera es que hay que mejorar los niveles de conocimiento y comprensión de los problemas. Mientras los problemas no se conozcan, no se comprendan, en sus características actuales y en su desarrollo perspectivo, no podemos avanzar. Necesitamos avanzar en perspectivas no basadas en nuestras apreciaciones sino en evidencia empírica, en estudios factuales”, puntualizó.

En segundo lugar, indicó que es necesario propiciar el fortalecimiento de alianzas público-privadas. “Esto no lo pueden hacer los Estados, el acceso a justicia es una cuestión de la sociedad civil y del Estado y de las otras formas del sector público. Es un esfuerzo conjunto porque es sistemático, interdisciplinario porque ninguna pieza puede estar fuera del sistema, es un engranaje el acceso a justicia”, sumó. Por otro lado, señaló que es preciso desarrollar la perspectiva de la demanda.

Seguidamente, destacó la importancia de que las universidades formen parte de este proceso. “Las universidades, sobre todo en la Argentina, que han reaccionado más son las públicas, hemos tenido muy poco eco en las privadas. Son fundamentales porque quedan dentro del sistema como las instituciones de mayor credibilidad y, al mismo tiempo, en el desarrollo son las únicas que son capaces de albergar programas a corto, medio y largo plazo”.

Señaló que otra de las prioridades para la acción está asociada a comprometer a los organismos internacionales que vienen trabajando desde hace muchos años en estas temáticas: “Convencerlos de que deben colaborar con las universidades y con la sociedad civil. Hay una tendencia invencible para colaborar con los gobiernos y los gobiernos no siempre están preparados para identificar políticas de estado, más bien tienen lo contrario, una reacción frente a las políticas de estado”. En esa misma línea argumental, manifestó que “otra prioridad es conectar con un sector muy importante de respuesta que es la otra justicia, es decir, con todo el movimiento de la sociedad público y privado hacia la articulación de nuevas posibilidades, métodos alternativos de resolución de controversias”.

Finalmente, compartió los resultados de un informe elaborado en el marco de un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo denominado “Promoviendo los objetivos del desarrollo sostenible a través del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad”. Este trabajo se llevó a cabo en los barrios 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Lo que se busca es ver cómo funciona la prevalencia, los tipos de problemas jurídicos, la manera que afectan a la población. Se trata de identificar las necesidades jurídicas y ver si son o no satisfechas, y sobre todo, identificar el camino –path to justice– que los ciudadanos van atravesando en su intento de satisfacer sus necesidades de justicia, incluyendo la búsqueda de servicios a los que pueden acceder, ver cuáles son las barreras –visibles, invisibles–, identificar los sectores sociales de interés estratégico porque este trabajo está orientado no al diseño general sino a la focalización”, enfatizó.