20 años de la LGA: balance, deudas y proyecciones
Andrés Nápoli, Silvia Nonna, Cecilia Nicolini y Cristian Fernández
El 16 de noviembre pasado, en el Salón Rojo, se realizó la actividad "20 años de la LGA: balance, deudas y proyecciones" organizada por el Centro de Derecho Ambiental. Cristian Fernández, abogado y docente UBA intervino como moderador. Participaron en calidad de expositores/as: Silvia Nonna, Dra. en Derecho UBA, Vicedecana de la Facultad de Derecho UBA; Andrés Nápoli: Abogado especialista en derecho ambiental. Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Cecilia Nicolini: Licenciada en Ciencias Políticas, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.
Para comenzar, Cristian Fernández expresó a modo de introducción: “Desde su sanción, la Ley General de Ambiente (LGA) ha avanzado, a pesar de sus modificaciones. Estamos frente a una crisis climática. El objetivo de la jornada es realizar preguntas disparadoras que nos permitan reflexionar sobre el cumplimiento de estos 20 años”.
A continuación, Silvia Nonna agradeció a los/as presentes y realizó como balance: “Si bien se cumplen 20 años, decidí retrotraerme y llegar al año 1994 con la reforma de la Constitución la cual trajo un nuevo deslinde de competencias y la necesidad de dictar leyes de presupuestos mínimos. Fue el momento de poder formular, proponer, normas nuevas que fueran obligatorias a nivel federal y que las provincias pudieran complementar. Ahora, tuvimos que esperar 8 años más para que recién en el año 2002 se dicte la primera norma de presupuestos mínimos con la Ley de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio”. Por otra parte, analizó la operatividad de la norma: “La misma ley se consagra como operativa, sin embargo, el decreto 2413/2002 observa la palabra, ya que postula que hay ciertos artículos que requieren de una reglamentación posterior. En mi opinión, es una ley con contenido operativo inmediato ya que trae objetivos, principios y herramientas”.
A su turno, Cecilia Nicolini caracterizó el Acuerdo de Escazú, adoptado a nivel regional en América Latina y el Caribe, el cual tiene por objetivo el acceso a la información, justicia y participación pública en asuntos ambientales: “Es una herramienta fundamental que nos lleva a que la participación temprana y efectiva de la asociación civil se formalice en el proceso de toma de decisiones ambientales. Es mucho más que un acuerdo de participación, es un tratado de derechos humanos”. Por consiguiente, describió la labor que realiza la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en relación a la temática planteada: “Efectuamos una consulta pública y un estudio de diagnóstico en conjunto con el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para determinar cómo estamos a nivel territorial sobre la implementación del acuerdo. Asimismo, estamos trabajando en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. No obstante, continuamos reclamando una agenda de adaptación y una agenda de pérdidas y daños”.
Para finalizar, Andrés Nápoli opinó sobre la demora legislativa frente a la ausencia de una ley de presupuestos mínimos en materia de evaluación e impacto ambiental: “Creo que la ley ha hecho bastante porque ha establecido y permitido procesos, pero, en definitiva, a lo que se aspiraba era que exista un proceso virtuoso de ir sancionando normas de presupuestos mínimos, y esto tuvo un declive. No tenemos un avance. El Acuerdo de Escazú prevé presupuestos mínimos en materia ambiental, por lo cual, no podemos todavía estar sin una ley”. En último término, hizo referencia a la interpretación y aplicación de la LGA por parte de los/as jueces/as en las últimas décadas: “Hay interpretaciones muy disímiles y la misma ha irradiado más en la Corte Suprema que en la totalidad de los otros tribunales de la Argentina. El máximo tribunal se ha pronunciado en el fallo Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo) en donde realiza un análisis sobre la LGA. La Corte Suprema ha hecho su trabajo”.